El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido prácticamente todas las nuevas sanciones y subidas arancelarias contra Rusia que él mismo convirtió en ley el 18 de septiembre. La orden se publicó dos días antes de que comenzaran a aplicarse varias de las medidas y no establece una fecha para reactivarlas.
La decisión no deroga la norma ni levanta las sanciones estadounidenses que ya estaban vigentes antes de su aprobación. Trump utiliza la cláusula de exención que el Congreso incluyó en la ley y mantiene las medidas nuevas en suspenso hasta que él o el secretario de Estado consideren conveniente actuar.
La orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca afirma que las exenciones responden al interés nacional. El Gobierno comunicó al Congreso que le había remitido la certificación y el informe exigidos, pero la explicación detallada no acompañaba al documento hecho público.
Las tarifas aparecen en la orden y quedan exentas después
La estructura de la orden puede resultar confusa. Su segunda sección dispone un arancel adicional del 500 por ciento sobre los bienes rusos. También contempla gravámenes del 100 por ciento para los cinco mayores compradores de petróleo y gas de Rusia que efectúen nuevas adquisiciones desde el 18 de octubre, y para los cinco países que más faciliten la evasión de las sanciones petroleras.
Sin embargo, la cuarta sección exime de inmediato todos esos aranceles. La misma exención alcanza las sanciones nuevas contra funcionarios, entidades vinculadas al Gobierno ruso, bancos, servicios financieros, inversiones, deuda soberana, proyectos energéticos, importaciones de uranio y la denominada flota en la sombra que transporta hidrocarburos.
La orden conserva expresamente las medidas impuestas mediante órdenes ejecutivas anteriores para responder a las actividades del Gobierno ruso. Por tanto, no puede describirse como una retirada completa del régimen estadounidense de sanciones: paraliza el paquete añadido por la Ley Pública 119-111.
El Congreso concedió al presidente una exención sin plazo
La Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán fue aprobada por 86 votos contra 11 en el Senado y por 262 contra 159 en la Cámara de Representantes. Su objetivo declarado consistía en reducir los recursos que Moscú obtiene de la energía y utiliza para mantener la invasión de Ucrania.
El texto íntegro de la ley permite al presidente eximir cualquier sanción, restricción o arancel si certifica por escrito que la decisión favorece los intereses nacionales y presenta un informe explicativo al Congreso. El informe debe ser público, aunque puede incorporar un anexo clasificado.
La norma no fija una duración máxima para esas exenciones ni establece un periodo previo de revisión parlamentaria. La orden de Trump aprovecha esa amplitud y señala que la suspensión continuará hasta que el presidente o el secretario de Estado, tras consultar al Tesoro y al representante de Comercio, determinen que procede adoptar nuevas medidas.
Existe una diferencia relevante entre suspender y terminar definitivamente las sanciones. Para su terminación, la ley exige que Rusia haya firmado un acuerdo de paz aceptado por el Gobierno ucraniano y cesado las hostilidades y los intentos de subvertirlo. Además, concede al Congreso al menos treinta días para estudiar la decisión y aprobar, en su caso, una resolución de desaprobación. Esos controles más estrictos no se aplican a la exención utilizada ahora.
El Congreso conocía ese margen cuando votó. En agosto, este Observatorio explicó que la amplitud de las facultades arancelarias dividió a los demócratas, aunque el endurecimiento de la presión sobre Rusia recibió un respaldo bipartidista muy amplio.
La suspensión sigue al acuerdo para comprar diésel ruso
El cambio se produce una semana después de que Trump anunciara un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para permitir el suministro de diésel de origen ruso. El presidente estadounidense presentó la operación como una respuesta al encarecimiento del combustible provocado por la guerra con Irán y las interrupciones del suministro internacional.
La Casa Blanca todavía no ha publicado un contrato que permita comprobar el precio, el calendario completo y las condiciones de esas compras. La información disponible procede de las cantidades anunciadas por Trump. Los especialistas consultados por Associated Press cuestionaron que desviar combustible ruso hacia Estados Unidos aumente de manera sustancial la oferta mundial y reduzca los precios.
La operación ya había supuesto un giro respecto a la prohibición de importar productos petroleros rusos adoptada en 2022. El Observatorio documentó el 11 de octubre el anuncio sobre el diésel y sus consecuencias políticas. Trump responsabilizó entonces al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, del precio del combustible y pidió sustituirlo. La nueva exención amplía ese giro desde una compra concreta hasta la aplicación del paquete sancionador aprobado por el Congreso.
Senadores de los dos partidos habían pedido aplicar la ley
Cuatro días antes de la orden, un grupo de trece senadores demócratas y republicanos pidió a Trump que cancelara el acuerdo sobre el diésel y aplicara con rapidez las nuevas sanciones. La iniciativa encabezada por el senador Richard Blumenthal sostenía que permitir esas ventas beneficia a Moscú, perjudica a Ucrania y debilita la posición negociadora de Estados Unidos.
Blumenthal, coautor de la ley, acusó al presidente después de la suspensión de dar la espalda a la mayoría parlamentaria y a los aliados europeos. El representante demócrata Don Beyer, quien ya había advertido contra el amplio margen presidencial durante la tramitación, reclamó que el Congreso corrija la norma para impedir que la exención vacíe su propósito.
La senadora republicana Darline Graham, designada para completar el mandato de su hermano Lindsey Graham tras su fallecimiento en julio, había celebrado la aprobación del paquete como parte de su legado. Durante un debate celebrado antes de la orden reconoció, no obstante, que la aplicación de las herramientas correspondía al presidente.
La decisión llega a diecisiete días de las legislativas
La política hacia Rusia se cruza con dos problemas electorales para la Casa Blanca: la impopularidad de la guerra con Irán y el coste de la energía. La administración presenta la flexibilidad sobre el diésel y las sanciones como parte de su respuesta a los precios, mientras sus críticos sostienen que reduce la presión económica sobre Putin sin garantizar una rebaja para los consumidores.
El promedio nacional de Track the Vote del 17 de octubre mantiene a los demócratas 8,7 puntos por delante de los republicanos en el voto genérico al Congreso. Es una media nacional y no una proyección de escaños: la Cámara se decide en 435 distritos y el Senado en las elecciones celebradas en cada estado.
La suspensión no demuestra por sí sola un efecto electoral. Sí crea un contraste verificable a menos de tres semanas de la votación: el presidente firmó una ley presentada como instrumento para presionar a Rusia y, veintiocho días después, utilizó la discrecionalidad concedida por esa misma norma para evitar que sus principales medidas entren en vigor.
