El Senado de Estados Unidos aprobó el viernes, por 86 votos contra 11, la ley que endurece las sanciones contra Rusia e Irán y honra la memoria del fallecido senador Lindsey Graham. El respaldo casi unánime esconde, sin embargo, una fractura interna entre los demócratas: varios de ellos temen que el texto legitime un poder arancelario del presidente que hoy mismo está siendo cuestionado ante el Tribunal Supremo.
La Observatorio Trump de hoy se detiene en un episodio poco habitual en la Washington polarizada de 2026: una ley aprobada con el respaldo de 86 senadores de ambos partidos. El Senado dio luz verde a la «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026», que impone nuevas sanciones a funcionarios, bancos y proyectos energéticos rusos, y renueva las restricciones sobre el programa nuclear y de misiles de Irán.
El texto lleva el nombre del senador republicano por Carolina del Sur que impulsó la iniciativa durante más de un año y que falleció repentinamente el 11 de julio, un día después de cerrar con la Casa Blanca los términos finales del acuerdo. Los senadores Richard Blumenthal y Jeanne Shaheen, coautores demócratas de la norma, defendieron su aprobación como un tributo a Graham y como una señal de que Washington sigue dispuesto a presionar económicamente a Vladímir Putin.
El punto más controvertido de la ley no son las sanciones en sí, sino la facultad que otorga a Donald Trump para imponer aranceles de hasta el cien por ciento a los cinco mayores compradores de petróleo y gas rusos, entre ellos China e India. Once senadores votaron en contra, y un grupo más amplio de demócratas —entre ellos el senador Raphael Warnock, quien retuvo su apoyo hasta obtener un compromiso por escrito de la Casa Blanca sobre el uso de esa facultad— expresó su inquietud durante el debate.
En la Cámara de Representantes, donde la ley aún debe votarse tras el receso de agosto, el representante Gregory Meeks, portavoz demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores, ha planteado una objeción de fondo: sostiene que el presidente ya cuenta con potestad para sancionar a Rusia y que la nueva ley, en la práctica, le otorga una vía adicional de poder arancelario en un momento en que esa misma facultad —ejercida por Trump mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional— está pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo.
Contexto y análisis
El episodio ilustra un patrón que el Observatorio ha documentado en semanas anteriores: el contrapeso institucional frente a la Casa Blanca no procede solo de los tribunales, sino también del propio Congreso, incluso cuando este actúa con amplias mayorías bipartidistas.
La votación de 86 a 11 no fue un cheque en blanco: senadores de ambos partidos utilizaron el proceso de enmiendas para intentar acotar la autoridad arancelaria del presidente, aunque la enmienda del senador Rand Paul en ese sentido fue rechazada por 32 votos contra 64.
La paradoja es notable. Mientras el Poder Judicial frenaba esta semana la construcción del salón de baile de la Casa Blanca por invadir competencias del Congreso, el propio Congreso aprobaba una ley que —según sus críticos internos— cede voluntariamente parte de esas mismas competencias al Ejecutivo en materia comercial.
Cierre
El texto pasa ahora a una Cámara de Representantes que inicia un receso de cinco semanas, lo que retrasa cualquier votación hasta mediados de septiembre.
Esta discusión sobre hasta dónde debe llegar el poder económico del presidente no es ajena al pulso electoral: las encuestas sobre el llamado «generic ballot» de cara a los comicios de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026 muestran una ventaja demócrata que, aunque se ha estrechado en las últimas semanas, sigue proyectando un Congreso más dispuesto a fiscalizar al Ejecutivo.
El propio debate interno demócrata sobre esta ley —apoyar una política dura contra Rusia sin ceder poderes arancelarios permanentes— anticipa uno de los argumentos que el partido llevará a esa campaña.
- Pie de foto: Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska el 15 de agosto 2025
