PreZero solicita autorización para una planta de valorización energética de unas trescientas mil toneladas anuales. El Gobierno municipal negoció contrapartidas y después anunció una moción de rechazo. La movilización comarcal exige denegar las autorizaciones, mientras el expediente sigue en tramitación.
1. Una planta para toda la región, en una parcela de sesenta y cinco mil metros
PreZero, la división de residuos del Grupo Schwarz, propietario de Lidl y Kaufland, ha solicitado a la Comunidad de Madrid autorización para el Centro de Tratamiento de Residuos Jarama, que se levantaría en el término de Titulcia: una parcela de 65.486 m² junto a la M-404, a unos 1,5 km del casco urbano, contigua a la Red Natura 2000 y al Parque Regional del Sureste y cercana a los ríos Jarama y Tajuña.
La instalación combinaría la clasificación de residuos no peligrosos con una planta de valorización energética de dos líneas de combustión, en marcha veinticuatro horas al día durante los trescientos sesenta y cinco días del año, y una chimenea de 70 metros. La entrada anual sería de 323.950 t, casi todas destinadas a la incineración; Soy de Madrid la desglosa en unas 150.000 t de combustible derivado de residuos y otras tantas de rechazos de otras plantas, y la plataforma vecinal habla de trescientas mil toneladas al año. Recibiría residuos de toda la región, y la empresa sostiene que la electricidad generada equivaldría al consumo doméstico de 80.000 hogares.
El procedimiento es ambiental, no urbanístico. La Comunidad publicó la solicitud de Autorización Ambiental Integrada y el estudio de impacto ambiental, con información pública del 13 de octubre al 25 de noviembre de 2026 y anuncio en el BOCM del 9 de octubre. Las alegaciones se presentan ante la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, y la documentación está en el Portal de Transparencia regional y en el Ayuntamiento. Después llegarían las licencias de obra y de actividad, que sí dependen del consistorio. La apertura del plazo no equivale a una autorización.
2. El municipio más pequeño para la pieza más grande
Titulcia tenía 1398 habitantes en 2025, según el Censo de Población Anual del INE que recoge la estadística regional. Frente a esa escala local, la instalación recibiría residuos de toda la región. Las cifras de capacidad deben leerse con su unidad y alcance: entrada de residuos y capacidad de incineración no son magnitudes intercambiables.
El artículo 12.5 de la Ley 7/2022 obliga a prestar recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos, directamente o de forma asociada. El umbral de la Ley de Bases no exime de ese servicio ni exige construir esta incineradora.
3. Lo que se pidió a cambio
Antes de que la oposición vecinal se organizase, el Gobierno municipal planteó a la empresa una lista de contrapartidas: que PreZero pagase toda la electricidad pública y privada del pueblo y parte del tratamiento de sus residuos; contratación preferente de vecinos; un centro de bienestar con gimnasio, spa y piscina de verano; y una aportación anual del 1,5 por ciento de la cifra neta de negocio de la planta. A ello se sumaban demandas que no dependen de la empresa sino de la Comunidad: el desdoblamiento de la M-404, un carril bici, mejoras del transporte público y una residencia de mayores.
El Gobierno municipal explicó que el informe de compatibilidad urbanística se aprobó en pleno con el voto favorable de la oposición, y en junio de 2025 una delegación visitó una planta de PreZero en Roosendaal, en los Países Bajos. Ninguna de las contrapartidas figura en un convenio público conocido, de modo que quién las garantiza y con qué calendario sigue sin respuesta.
4. Del respaldo a la moción de rechazo
Las posiciones del Ayuntamiento han cambiado en pocas semanas. Tras el apoyo inicial en un pleno, el Gobierno municipal recordó que el proyecto carece aún de las autorizaciones necesarias, vio posibles beneficios en empleo e inversión, pidió más información sobre salud y medio ambiente y anunció sesiones con técnicos de la promotora. La plataforma «NO a la incineradora de Titulcia» se constituyó el 15 de octubre en el espacio Garaldea, con unas cincuenta personas, y la califica de «obsoleto, contaminante y contrario a los principios de la economía circular».
El Gobierno municipal pasó de negociar contrapartidas a anunciar una moción de rechazo, según las crónicas consultadas. El anuncio no permite dar por aprobado el acuerdo: falta acreditar su fecha, contenido y votación.
5. Los pueblos que no deciden, pero comparten la carretera
Según ZigZag, la planta quedaría a unos cinco kilómetros de Ciempozuelos, 6,5 km de San Martín de la Vega y 11 km de Valdemoro. El 20 de octubre, los alcaldes de Ciempozuelos, Aranjuez, San Martín de la Vega, Chinchón y Villaconejos se reunieron en Ciempozuelos y acordaron pedir una cita al consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, reclamar a Titulcia la documentación y analizar emisiones, transporte de residuos y cercanía de espacios protegidos. Ciempozuelos prepara alegaciones y ofrece recursos técnicos y jurídicos; San Martín de la Vega alegará con informes externos; el Gobierno de Valdemoro ha enviado una carta a la Consejería, y la asociación de consumidores ACUSVAL pide un pleno extraordinario, según ZigZag.
El estudio del proyecto prevé 411 desplazamientos diarios por la M-404, 330 de vehículos pesados. Son previsiones de funcionamiento que deben contrastarse con la capacidad viaria y los demás tráficos. La dimensión comarcal de la protesta se recoge en la crónica de la marcha del 31 de octubre.
Los vecinos piden además medir el conjunto, no la pieza: los efectos acumulados con el macrovertedero de Pinto y el crematorio de Valdemoro, según ZigZag. La serie ya mostró cómo en Loeches convergen los lodos y la basura de media región, y en Valdemoro una depuradora que no llega; Titulcia añade otro punto a la lista de instalaciones de residuos del sur que los vecinos piden medir en conjunto.
6. Las preguntas que el expediente aún no contesta
Rige la Estrategia de Economía Circular de la Comunidad de Madrid 2025–2032, aprobada el 23-12-2025 y publicada el 2-1-2026. Debe contrastarse el proyecto con sus objetivos; no procede afirmar un vacío de planificación. Quedan por contrastar la dispersión de emisiones y los efectos acumulados, así como las garantías de las contrapartidas anunciadas.
La empresa defiende el proyecto como infraestructura estratégica para reforzar la capacidad regional de tratamiento y asegura que sus sistemas de depuración alcanzarían emisiones muy inferiores a los límites. Alianza Verde, por su parte, sostiene que contraviene la Directiva Marco de Residuos de la UE, según eldiario.es. El marco de referencia para ese contraste es la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados.
7. Lo que Titulcia añade a la serie
La visita municipal a una planta de la empresa en junio de 2025 precedió a la información pública del proyecto en octubre de 2026. Esa secuencia y las contrapartidas anunciadas exigen examinar los documentos y acuerdos que las respaldan. Son indicios para investigar, no pruebas de una irregularidad. El método de esta serie, el tenedor de siete púas, obliga a distinguir los actos preparatorios de una autorización definitiva.
Ficha extendida [Link]
