Medio centenar de vecinos de Titulcia y de los pueblos de alrededor, junto a colectivos ecologistas, vecinales y políticos, han constituido la Plataforma NO a la incineradora de Titulcia para frenar la planta de residuos que la multinacional PreZero quiere levantar a apenas 1,5 kilómetros del casco urbano.
La asamblea fundacional se celebró en el espacio Garaldea, a pocos metros de la parcela elegida, según ha informado Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, que forma parte de la plataforma.
El rechazo ya no es solo vecinal. Los alcaldes de cinco municipios de la comarca se reunieron este martes en Ciempozuelos para coordinar su respuesta y pedirán explicaciones a la Comunidad de Madrid, la administración que tiene la última palabra sobre la autorización ambiental del proyecto.
Una planta del tamaño de Valdemingómez
El proyecto, bautizado como Centro de Tratamiento de Residuos Jarama, incluye una incineradora —en la terminología administrativa, una «planta de valorización energética»— con capacidad para unas 300.000 toneladas de residuos al año, la misma que la planta de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez.
La documentación del proyecto, según ZIGZAG Digital, eleva la entrada de residuos a 323.950 toneladas anuales. De ellas, unas 150.000 serían combustible derivado de residuos y otras 150.000, rechazos de otras plantas de tratamiento, según el desglose publicado por Soy de Madrid.
La instalación tendría dos líneas de combustión funcionando las 24 horas los 365 días del año y una chimenea de 70 metros. Ocuparía una parcela de 65.486 metros cuadrados que linda con espacios de la Red Natura 2000 y el Parque Regional del Sureste, muy cerca de los ríos Tajuña y Jarama. No trataría solo la basura de la comarca: está pensada para recibir residuos de toda la región.
PreZero es la división de residuos del Grupo Schwarz, el conglomerado alemán propietario de Lidl y Kaufland. La empresa presenta la planta como «una infraestructura estratégica para reforzar la capacidad regional de tratamiento». Defiende además su sistema de depuración de gases «de última generación», la ausencia de vertidos líquidos y la creación de empleo estable. Calcula que la electricidad generada equivaldría al consumo doméstico de 80.000 hogares.
Alegaciones hasta el 25 de noviembre
Los vecinos conocieron el proyecto por el anuncio publicado el 9 de octubre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que abrió el periodo de información pública. Se pueden presentar alegaciones del 13 de octubre al 25 de noviembre. PreZero necesita la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que concede la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Después tendría que obtener las licencias de obra y de actividad, que dependen del Ayuntamiento de Titulcia.
La plataforma pide al Gobierno regional que deniegue la AAI y exige al Ayuntamiento que «se oponga firmemente» y use todos los medios a su alcance para impedir la construcción. Para conseguirlo, prepara movilizaciones, alegaciones técnicas y jurídicas y charlas informativas por los pueblos. Califica el proyecto de «obsoleto, contaminante y contrario a los principios de la economía circular». Una recogida de firmas en Change.org supera ya las cinco mil adhesiones.
Qué temen los vecinos
Según los datos del propio proyecto que cita Ecologistas en Acción, la planta emitiría:
- dioxinas y furanos;
- metales pesados;
- óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2);
- partículas en suspensión.
A las emisiones se suma el tráfico. El estudio del proyecto prevé 411 desplazamientos diarios por la carretera M-404, 330 de ellos de vehículos pesados. Los vecinos reclaman un estudio de dispersión atmosférica y temen por la calidad del aire, el agua y los suelos, y por el futuro de la agricultura y el turismo rural de la vega.
Cinco alcaldes piden explicaciones
Los alcaldes Raquel Jimeno (Ciempozuelos), Miguel Gómez Herrero (Aranjuez), Rafael Martínez (San Martín de la Vega), Juan Antonio Vega (Chinchón) y Adolfo Pacheco (Villaconejos) se reunieron el 20 de octubre en el Ayuntamiento de Ciempozuelos. Según la nota del Ayuntamiento de Aranjuez, expresaron su «preocupación e inquietud» por el impacto ambiental del proyecto. Acordaron pedir una reunión con el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, y solicitar al Ayuntamiento de Titulcia el expediente completo para que lo estudien los técnicos de los cinco municipios.
Jimeno ha anunciado que Ciempozuelos presentará alegaciones porque considera el proyecto «perjudicial para la comarca». Le preocupa especialmente el paso de camiones por los accesos al municipio. Rafael Martínez, quien además es diputado en la Asamblea de Madrid, admite que «algo hay que hacer con la basura», pero rechaza nuevas plantas en el sur de la región. El Gobierno de Valdemoro (PP) ha pedido información por carta a la Consejería, y el PP de Ciempozuelos también presentará alegaciones.
Titulcia: de «un antes y un después» a la moción en contra
El Gobierno municipal de Titulcia, del PSOE y con mayoría absoluta, recibió el proyecto con buenos ojos. «Creo firmemente que este proyecto puede marcar un antes y un después para Titulcia», llegó a decir la alcaldesa, Francisca Paqui Suárez, según recoge ZIGZAG Digital. El pleno aprobó un informe de compatibilidad urbanística con el voto favorable de la oposición, y una delegación municipal visitó en junio de 2025 una planta de la empresa en Roosendaal (Países Bajos).
El Ayuntamiento llegó a enumerar las contrapartidas que pediría a cambio:
- que PreZero pague toda la electricidad, pública y privada, del pueblo, y parte del tratamiento de sus residuos;
- que contrate preferentemente a vecinos;
- un centro de bienestar con gimnasio, spa y piscina de verano;
- una aportación anual del 1,5 % de la cifra neta de negocio de la planta;
- y que la Comunidad de Madrid desdoble la M-404, construya un carril bici, mejore el transporte público y abra una residencia de mayores.
La presión vecinal ha cambiado el tono. La alcaldesa asegura ahora compartir «las preocupaciones por nuestra salud, nuestras familias y nuestro entorno», y su Gobierno ha anunciado una moción de rechazo en un pleno extraordinario. El Ayuntamiento difunde incluso en sus redes la concentración convocada por la plataforma. En junio de este año dimitió la concejala María Teresa Martín, una salida que fuentes consultadas por ZIGZAG Digital relacionan con el proyecto. Ese medio señala también que la web municipal no publica actas ni grabaciones de los plenos desde 2022.
Las preguntas sin respuesta
Ni la promotora ni el Ayuntamiento han aclarado varias cuestiones clave del proyecto:
- ¿Encaja en la planificación regional? La Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid, aprobada en 2018 para el periodo 2017-2024, ya ha vencido, y según ZIGZAG Digital no contemplaba una nueva incineradora en el sur. La Comunidad no ha explicado públicamente si la planta de PreZero responde a una necesidad prevista o a una iniciativa privada que la Administración se limitará a autorizar.
- ¿Qué pasará con Valdemingómez? Los vecinos del sureste de la capital llevan años pidiendo el cierre de Las Lomas, que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida pretende mantener abierta hasta 2035, según El Salto. Si Titulcia suma otras 300.000 toneladas, la región duplicaría su capacidad de incineración. Nadie ha explicado si una planta sustituye a la otra o se suman.
- ¿Quién garantiza las contrapartidas? Ni la luz gratis ni el 1,5 % de la facturación figuran en ningún convenio público conocido. Varias de las peticiones, como el desdoblamiento de la M-404 o la residencia, dependen además de la Comunidad, no de la empresa.
- ¿Dónde está el estudio de dispersión? Los vecinos lo piden para saber qué concentraciones de contaminantes llegarían a Titulcia, Ciempozuelos o San Martín de la Vega con los vientos dominantes.
El debate de fondo es el que divide a la gestión de residuos en toda Europa. Quienes defienden la planta recuerdan que España sigue enterrando casi la mitad de su basura municipal (un 47 por ciento en 2021, según datos recogidos por elDiario.es). La Unión Europea obliga a bajar esa cifra al 10 por ciento en 2035, y la valorización energética es preferible al vertedero en la jerarquía de residuos.
Los críticos responden que esa misma jerarquía, recogida en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, coloca la prevención, la reutilización y el reciclaje por delante de la incineración. Esa ley grava también la incineración con un impuesto específico.
Una planta de 300.000 toneladas necesita además un flujo constante de basura durante décadas, lo que, a su juicio, desincentiva reducir y reciclar más. España tampoco ha alcanzado el objetivo europeo de reciclar el 50 por ciento de sus residuos municipales en 2020.





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