Un juzgado de Madrid suspende de nuevo el desahucio de la activista Paca Blanco, quien vive desde hace más de diez años en un piso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo sin que nadie le haya regularizado el contrato. Más de ciento cincuenta organizaciones han frenado dos veces el lanzamiento; la solución, sin embargo, sigue en una mesa del Ayuntamiento.
1. Sesenta días de prórroga
El miércoles 14 de octubre, la abogada de Paca Blanco, Alejandra Jacinto, salió del juzgado con una noticia a medias: el procedimiento de desahucio de su clienta queda suspendido durante sesenta días. Ese mismo día le llegó a Paca la comunicación del nuevo señalamiento del lanzamiento para el 30 de noviembre. Así lo comunicaron Ecologistas en Acción, Anticapitalistas y varias organizaciones del movimiento de vivienda, entre ellas el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que atribuyen el aplazamiento a la presión colectiva y no a una decisión de las instituciones.
No es la primera vez. El 19 de febrero, El Salto contaba que el lanzamiento estaba señalado para el lunes 23 y, al día siguiente, el mismo medio informaba de que la presión social había logrado una suspensión provisional. Ecologistas en Acción la describió entonces como «una tregua arrancada por la movilización». Ocho meses después, la tregua se renueva y el problema de fondo sigue intacto.
2. Una casa pública y un contrato que nadie regulariza
Según la nota, Paca Blanco reside desde hace más de diez años en una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), a la que se trasladó junto a su hijo, adjudicatario del piso. Cuando él se marchó, ella empezó a pedir la subrogación del contrato para regularizar su situación, sin obtener respuesta del Ayuntamiento de Madrid pese a haber abonado el alquiler.
Los matices que aportó El Salto en febrero ayudan a entender el nudo. Blanco, quien entonces tenía setenta y siete años según su propio testimonio, explicó que la EMVS le había dicho que la norma permite pasar un piso social de padres a hijos pero no de hijos a padres, y que por eso la trata como «ocupante ignorada». El hijo, destinatario formal de la notificación, vive fuera de España y no ha podido ser localizado. Ella sostiene que paga la renta desde hace aproximadamente un año, porque antes la empresa no se la cobraba, y que no pide un contrato a su nombre para otra cosa que seguir pagando y seguir viviendo allí. Son afirmaciones de la interesada, no hechos acreditados por la EMVS, que en aquel momento mantuvo que proseguiría el procedimiento.
El argumento más sólido que cabe esperar de la parte contraria, aunque la nota no lo recoge, es el de la igualdad en el acceso: una empresa pública que adjudica por criterios objetivos no puede, se dirá, regularizar sin más a quien ocupa una vivienda que no le fue adjudicada, cuando hay otras familias esperando. Es un argumento serio y exige una respuesta concreta, no solo una consigna. La respuesta de las organizaciones es que la propia EMVS puede ofrecer a Blanco un alquiler social ajustado a sus ingresos, algo que correspondería verificar con la normativa de adjudicación de la empresa antes de afirmar que es jurídicamente viable.
3. Una vida que ya conoce las expulsiones
La nota traza la trayectoria de Blanco como la de una militante histórica de Ecologistas en Acción y de Anticapitalistas, con presencia en las luchas ecologistas, feministas, antinucleares y de vivienda. Recuerda que de joven fue internada por la fuerza en instituciones del franquista Patronato de Protección a la Mujer y que, años después, fue expulsada de su vivienda en El Gordo (Cáceres) cuando coordinaba a Ecologistas en Acción en el territorio y encabezaba la oposición al complejo de lujo Marina Isla de Valdecañas. Es la versión de las organizaciones que la defienden, y así debe leerse, aunque su perfil público está recogido en su ficha biográfica y en varias entrevistas de El Salto.
Hay también un dato de salud que pesa en el caso: en febrero, El Salto la describía con movilidad reducida, con andador y en un piso con ascensor, adaptado a sus necesidades, cerca de la red vecinal y de los servicios sanitarios que usa. Según su relato, lo único que se le ofreció fue una plaza en una residencia, que rechaza.
4. Lo que se pide y quién puede dárselo
Las organizaciones reclaman tres cosas al Ayuntamiento y a la EMVS: la retirada definitiva del desahucio, el reconocimiento de la subrogación y un alquiler social proporcional a los ingresos de Blanco. Sostienen que la solución está al alcance de la administración municipal, y la lógica es difícil de rebatir: la propietaria del piso es una empresa pública cuyo objeto es precisamente alojar a quien no puede pagar el mercado. Mientras no se resuelva, dicen, encadenar suspensiones equivale a un maltrato institucional hacia una persona mayor y enferma.
El respaldo social es amplio. Más de ciento cincuenta sindicatos, movimientos de vivienda, organizaciones ecologistas, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales han firmado el manifiesto de apoyo, y las organizaciones anuncian que seguirán movilizándose hasta que su permanencia en el hogar quede garantizada.
5. Maricarmen, en la memoria de todas
La nota enmarca el caso en la conmoción por la muerte de Maricarmen, la mujer de ochenta y siete años desahuciada de la casa donde había vivido casi siete décadas, quien falleció en un hospital de Madrid el 7 de octubre, dos semanas después de ser sacada en camilla de su vivienda. Las organizaciones piden que ninguna otra persona mayor viva pendiente de un lanzamiento y citan también a un tal Mariano, cuyo caso no he podido contrastar y que, por tanto, no desarrollo aquí.
Las diferencias importan. El desahucio de Maricarmen lo promovió una inmobiliaria privada que quería alquilar el piso a un precio más alto; el de Paca lo tramita una empresa de titularidad municipal. Que la propietaria sea pública no mejora la situación de la persona amenazada, pero cambia quién tiene la llave de la solución. En el primer caso hizo falta una presión política y mediática histórica para obtener un acuerdo que llegó tarde. En el segundo, el Ayuntamiento no necesita pedirle nada a nadie.
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