Cientos de personas han pasado la noche del sábado al domingo acampadas en la Puerta del Sol de Madrid, en respuesta a un llamamiento del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que convocó la acampada al término de la manifestación por la vivienda celebrada el 26 de septiembre bajo el lema «Ni una Maricarmen más».
Los acampados exigen que el Consejo de Ministros apruebe el martes 29 de septiembre el llamado «decreto Maricarmen», un paquete de medidas sobre alquileres y desahucios. La propuesta toma el nombre de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desalojada el miércoles de la vivienda del distrito de Retiro en la que residía desde hacía 71 años.
La protesta se instala en la plaza que fue epicentro del 15M, frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Coincide con la recta final de la negociación entre el Gobierno y sus socios parlamentarios sobre un real decreto de vivienda. La continuidad de la acampada depende de la Delegación del Gobierno en Madrid, que esta misma semana ha abierto una investigación sobre la actuación policial en el desahucio.
Una primera noche sin incidencias y sin fecha de salida
La acampada comenzó hacia las 21.30 del sábado, cuando varios cientos de manifestantes regresaron desde el Congreso de los Diputados a Sol y montaron las primeras tiendas de campaña, según Somos Madrid. A lo largo de la noche se sumaron más tiendas y se reunió comida y agua. El sindicato instaló además una carpa como punto de información sobre alquileres.
El sindicato difundió la convocatoria en su cuenta de X con un mensaje dirigido tanto al mercado como al Ejecutivo: «O cae el rentismo, o cae el gobierno». También pidió a quienes no pudieran quedarse que aportaran sacos de dormir, esterillas, comida o agua.
El ambiente del domingo por la mañana era tranquilo y no se han registrado incidencias. Entre los asistentes se encontraban los actores Carlos Bardem y Juan Diego Botto, según la agencia EFE. Los organizadores han anunciado asambleas durante la jornada y han reconocido que no saben cuánto tiempo podrán permanecer en la plaza ante un posible desalojo policial.
«La acampada se ha estabilizado, de momento nos quedamos aquí, no hay ninguna fecha», afirmó la portavoz del sindicato.
La convocatoria madrileña formó parte de una jornada de movilizaciones en cuarenta ciudades, según Demócrata, con participación de familias, jóvenes y personas mayores. Las consignas se dirigieron contra los tres niveles de gobierno: el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida.
Maricarmen Abascal se dirigió a los manifestantes en un vídeo difundido por el sindicato, en el que pidió al presidente del Gobierno que saque adelante el decreto: «Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que la gente luche y se cambien las leyes injustas».
Qué reclama el «decreto Maricarmen»
El «decreto Maricarmen» no es una norma en tramitación, sino la denominación que el sindicato da a su propuesta, trasladada a todos los grupos parlamentarios. Su portavoz Alicia del Río reclamó su aprobación urgente al término de la marcha.
La propuesta incluye la renovación automática de los contratos de alquiler para convertirlos en indefinidos, la congelación de las rentas y de las subidas ligadas al IPC y una moratoria efectiva de desahucios para personas sin alternativa habitacional.
También plantea modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, que el sindicato considera una vía de fraude generalizado.
Antecedentes: el desahucio del miércoles en Retiro
El desahucio se ejecutó el 23 de septiembre en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. En el operativo participaron más de 200 agentes de la Policía Nacional y se prolongó durante más de cinco horas, con empujones y cargas puntuales contra los vecinos y activistas que intentaban impedirlo.
Por la tarde, una marcha de protesta que intentó avanzar hacia el paseo de la Castellana fue dispersada con defensas y pelotas de goma. El sindicato denunció el uso de la violencia y pidió la dimisión del delegado del Gobierno.
El delegado, Francisco Martín, admitió haber visto «imágenes que no nos han gustado» y encargó al jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, Javier Galván, que investigue lo ocurrido, según recogió Somos Madrid. La Delegación sostiene que los agentes actuaban bajo el mando de la jueza que ordenó el lanzamiento y que no dio ninguna instrucción para impedir la cobertura periodística.
Reacciones: un decreto que divide al Gobierno y a sus socios
Fuentes gubernamentales citadas por Europa Press describen el desalojo como un «punto de inflexión» que ha llevado a varios grupos a mover ficha. El objetivo del ala socialista es un acuerdo de mínimos que prohíba o limite los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, según Moncloa.com. El texto final sigue abierto.
Sumar exige que el Consejo de Ministros expropie el piso de Maricarmen y se lo ceda a su antigua inquilina, y ha amenazado con no acudir a la reunión si el Gobierno no interviene a fondo el mercado del alquiler. Al mismo tiempo, el Ejecutivo negocia con Junts concesiones fiscales a propietarios para asegurar la convalidación posterior en el Congreso.
Podemos rechaza ese acuerdo. La dirigente del partido Irene Montero lo calificó el sábado como un «trágala» para los movilizados: «Esta vez el trágala tiene que ser para los rentistas y para los especuladores».
El sindicato, por su parte, acusa al presidente del Gobierno de utilizar el caso en una campaña partidista contra el PP. En una entrevista en RTVE grabada horas antes del desahucio, la propia Maricarmen señaló en primer lugar a Pedro Sánchez como responsable de su situación: «No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios».
Consecuencias: el martes, fecha clave
La evolución de la acampada queda ligada a lo que decida el Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre. Si el Gobierno aprueba el real decreto, el Congreso dispondrá de 30 días para convalidarlo o derogarlo, con una aritmética parlamentaria que obliga a conciliar las demandas de Junts sobre los propietarios con las de Sumar y Podemos sobre los inquilinos.
En paralelo, la Delegación del Gobierno deberá decidir si tolera la permanencia en Sol o ordena el desalojo, con la investigación sobre la actuación policial del miércoles todavía abierta. El precedente de mayo de 2011, cuando la acampada del 15M se mantuvo varias semanas en la misma plaza, planea sobre una protesta cuyos organizadores no han fijado fecha de salida.
