Un informe de la relatora especial de la ONU sobre los derechos culturales, Alexandra Xanthaki, propone indicadores para saber si las personas pueden ejercerlos de verdad, y no solo cuántas actividades ofrece la administración.
Aplicado a España, el criterio invita a mirar quién queda fuera, qué cuenta ya la estadística y qué no, cómo se disputa lo que es cultura —del toro ibérico a Lorca—, qué cambian la web y las redes y cómo el Estado empieza a contar el odio en línea. El documento no es una norma, sino un conjunto de recomendaciones; su interés está en las preguntas que obliga a hacer.
Contar cuántas bibliotecas, museos o conciertos hay en un país no dice quién puede entrar en ellos. Esa es la idea de fondo del informe A/81/373, que la relatora especial sobre los derechos culturales, Alexandra Xanthaki, presentó a la Asamblea General y que el 20 de octubre centró un diálogo interactivo en la Tercera Comisión, en Nueva York.
El documento, fechado el 15 de septiembre de 2026 y elaborado a partir de las respuestas de cien entidades, propone un conjunto de indicadores para que los Estados vigilen cómo aplican estos derechos. Advierte, además, de que esos indicadores no deberían «priorizar las opiniones de los expertos sobre las experiencias vividas y los conocimientos de las partes interesadas». Es decir, el centro de la evaluación pasa de lo que ofrece la administración a lo que la gente puede hacer de verdad. Es la misma figura —la de relator especial— que Aquí Madrid recogió en abril de 2024 cuando varios relatores denunciaron el «domicidio» de Israel en Gaza; aquí la aplica a un terreno menos visible, la cultura.
Qué mide un indicador
El informe parte de una constatación incómoda: no existe un conjunto de indicadores de derechos culturales que goce de amplia aceptación. Para llenar ese vacío, Xanthaki adopta la clasificación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que distingue tres tipos de indicadores. Los estructurales miden si un Estado ha reconocido jurídicamente el derecho, por ejemplo ratificando tratados o aprobando leyes. Los de proceso evalúan las políticas y medidas que adopta para aplicarlo: programas públicos, asignaciones presupuestarias. Los de resultados reflejan en qué medida se disfruta realmente el derecho.
La relatora insiste en que ninguna categoría basta por sí sola. El reconocimiento legal, advierte, «carece de sentido si la población no puede disfrutarlo», y los órganos de vigilancia de los tratados han criticado a los Estados por insistir en el reconocimiento en lugar de demostrarlo con resultados. Ni siquiera el dinero se salva de esa lógica: el porcentaje del presupuesto destinado a cultura es solo orientativo, y únicamente su reparto por tipo de ayuda y por sector permite saber si respeta la igualdad y la no discriminación.
Ahí aparece la distinción de fondo. Contar bibliotecas, archivos, museos o teatros por habitante es un indicador útil, pero el informe lo vincula a su distribución en el territorio: indica en qué medida disfrutan de esos recursos quienes viven en zonas rurales o remotas, tienen pocos ingresos o pertenecen a minorías. El indicador de resultados equivalente pregunta quién participa: el porcentaje de residentes que acuden a actividades culturales al menos una vez al año, desglosado por grupos sociales y marginados, o la proporción de personas que declaran haberse sentido excluidas de la vida cultural en los últimos doce meses.
Quién queda fuera
El informe sostiene que lo que hoy se llama «participación cultural» suele medirse mal. La relatora se muestra preocupada por las definiciones restrictivas de cultura y de participación que usan algunos marcos: pone como ejemplo el del Consejo de Europa, que cita como formas de participar crear arte, ver una película o hacer voluntariado en una organización cultural, y cuyo informe explicativo la limita sobre todo a la expresión y la creación artísticas. Según Xanthaki, ese planteamiento no se ajusta a las normas de los órganos de tratados y de los relatores de la ONU y menoscaba la aplicación de los derechos.
El derecho a participar en la vida cultural incluye también la participación política y económica, de un modo que respete los valores, las visiones y las prioridades de cada persona y de cada grupo; por eso, advierte, la mayoría de los indicadores de «participación cultural» no lo captan plenamente. Y la participación, recuerda, abarca todas las fases de la toma de decisiones —diseño, ejecución, evaluación y beneficios— y exige la implicación individual y colectiva.
De esa lógica se deriva el trato a quienes quedan fuera. Las personas con discapacidad no tienen en el informe un apartado propio, pero atraviesan los indicadores en forma de desglose y de exigencia de intervención. Entre los de resultados figura saber en qué medida acceden y participan en actividades culturales quienes tienen discapacidad, junto con jóvenes, mayores, migrantes o personas en situación de pobreza, y cuántas personas consideran inclusiva la toma de decisiones, desglosada por discapacidad.
El caso más concreto es el de los museos: no basta con que dispongan de recursos para personas con discapacidad, sino que esos recursos hayan sido desarrollados con la participación de esas mismas personas. Dicho de otro modo, el indicador mide quién ha tenido voz en el diseño y no solo quién ha recibido el servicio.
Lo que España ya cuenta y lo que no
Contar, en España, sí se cuenta. La Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2024-2025, con unas 16.000 personas mayores de quince años, situó en el 47,6 por ciento a quienes visitaron museos, exposiciones o galerías, un récord, según el Ministerio de Cultura, y en el 64,9 por ciento a quienes leyeron al menos un libro. La nota ministerial desglosa los datos por sexo, edad y nivel de estudios, y señala la falta de tiempo como principal barrera: el 45,9 por ciento en la lectura y el 27,9 por ciento en museos y cine. No recoge, en cambio, desglose por ingresos ni por territorio, dos de los ejes con los que el informe de la ONU pregunta quién queda fuera.
El empleo muestra la misma distancia. El Ministerio contabilizó 771 000 personas con empleo cultural en 2024, el 3,6 por ciento del total y un 6,6 por ciento más que el año anterior, según la Encuesta de Población Activa. El informe plantea otra pregunta: qué proporción de las personas que trabajan en la cultura en situación informal o precaria está cubierta por la Seguridad Social. Cuántas son no dice en qué condiciones trabajan. Sobre esas condiciones, el Consejo de Ministros aprobó el 21 de julio de 2026 el real decreto de la relación laboral especial de los artistas, que considera tiempo de trabajo los ensayos y la promoción, detalla la retribución y regula la coordinación de intimidad; los sindicatos lamentaron que no ponga límites a la inteligencia artificial generativa, según LegalToday.
La libertad artística tiene su propio indicador en el informe: los casos de censura o injerencia denunciados. No hemos localizado un recuento oficial reciente para España. El más citado es el de la organización Freemuse, que en su informe de 2020, con datos de 2019, contó catorce artistas condenados a más de dos años de prisión, la cifra más alta de su lista, según recogió El Salto. Maldita.es matizó que eran condenas no firmes y que de los casos —el rapero Pablo Hasél, Valtonyc y doce miembros de La Insurgencia, todos por enaltecimiento del terrorismo— solo Hasél ingresó en prisión, en febrero de 2021. Son datos de hace seis años y de un solo tipo de caso: no incluyen cancelaciones como la de Valladolid, y los informes de Freemuse de 2025 y 2026 no mencionan a España en las partes que hemos podido leer. Que no exista una cifra comparable es, en sí, una respuesta a la pregunta del informe.
Contar sigue siendo necesario. Lo que discute el informe es que baste.
Lo que pregunta Europa, lo que advierte la ONU
En el diálogo del 20 de octubre, la Unión Europea y sus Estados miembros reconocieron que estos derechos son difíciles de medir y plantearon dos preguntas a la relatora: qué criterios de evaluación serían más útiles para su próximo informe periódico sobre el estado de la cultura en la Unión, y qué herramientas concretas permitirían valorar cómo políticas de ciencia, salud, medio ambiente, educación o cohesión social pueden fomentar la participación cultural. Es una pregunta de gestor: cómo mejorar el propio instrumento de rendición de cuentas.
El informe parte de una inquietud distinta. Xanthaki advierte que los indicadores no deben supeditarse a objetivos de instrumentalización política o mercadotecnia, ni contribuir a una «cultura de auditoría» ni a un trámite burocrático centralizado de la gobernanza. Los indicadores, escribe, «deben estar al servicio de las políticas, y no al revés», y no deben convertirse en un fin en sí mismos. La tensión es real: el instrumento europeo pide criterios para evaluar; la relatora pregunta antes quién decide qué se mide y para qué.
Sin embargo, el informe contiene respuestas que encajan con la segunda pregunta de la Unión. Propone examinar si el Estado integra las consideraciones culturales en otros ámbitos de la vida pública y si colabora con otros ministerios, como los de educación, deporte, ciencias, migración o medio ambiente. Y pide evaluaciones de impacto que incluyan los derechos culturales en todos los proyectos que los organismos públicos quieran ejecutar. Es una lectura nuestra: el informe se escribió antes del diálogo y no responde a la Unión Europea.
La cultura como campo de batalla
España discute qué cuenta como cultura, y lo hace con dos símbolos reconocibles: el toro ibérico y Federico García Lorca. En Valladolid, la Fundación Siglo, organismo de la Junta de Castilla y León cuya consejería de Cultura dirige Vox, canceló la función de Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva, de la compañía Proyecto 43-2, sobre el asesinato del poeta y las exhumaciones de Víznar, prevista para el 24 de octubre en el Centro Cultural Miguel Delibes. La Fundación lo atribuye a obras en la sala y niega motivos ideológicos; la compañía sostiene que es la única producción retirada y lo ha denunciado ante la Fiscalía. En Extremadura, con un gobierno de PP y Vox, la partida para tauromaquia pasa de unos 297.500 euros en 2025 a unos 1,78 millones en 2026, según El Salto, y la Junta tramita declararla bien de interés cultural. En Cataluña, el Parlament prohibió las corridas en 2010, la última se celebró en la Monumental de Barcelona el 25 de septiembre de 2011 y el Tribunal Constitucional anuló la prohibición en 2016.
Las dos decisiones no son simétricas, y tratarlas como tales sería una falsa equidistancia. Una retira de la oferta pública una obra por lo que cuenta; la otra, en el caso catalán, regulaba un espectáculo cuya esencia es dar muerte a un animal ante el público. Lo que las une es el terreno: ambas deciden qué forma parte de la cultura que se muestra y se financia, y quién lo decide. Esa es la pregunta que el informe de la ONU obliga a hacer.
La web cambia dónde se hace y se reparte la cultura
La cultura ya no se consume solo donde la cuenta el Estado. Según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2024-2025, el 74 por ciento de la población tiene en casa alguna suscripción a una plataforma de contenidos, casi quince puntos más que en 2021-2022, y el 76,3 por ciento escucha música en equipos conectados a internet. La nota del Ministerio no recoge, en cambio, datos sobre redes sociales ni sobre el uso general de internet: mide lo que se ve y se oye en las plataformas, no lo que se crea, se copia y se comparte en ellas.
El informe de la ONU toca lo digital de pasada. Pide medir el porcentaje de población con acceso regular a internet, sobre todo en zonas rurales y remotas; una legislación sobre inteligencia artificial que permita a los creadores negarse a la minería de textos y datos de sus obras; y pruebas de que se combaten la información engañosa y la desinformación, dentro de las libertades de expresión, reunión y asociación. La red aparece como infraestructura o como riesgo, no como un lugar donde hoy se hace cultura. Es una lectura nuestra: las referencias digitales del informe son puntuales.
Y es ahí donde el cambio de paradigma obliga a reformular la pregunta de fondo. Según el Digital News Report España 2026, de la Universidad de Navarra, el 42 por ciento de los españoles usa las redes sociales cada semana para informarse y el 40 por ciento recibe noticias de creadores de contenido. La pregunta del informe —quién decide— tiene en la red una respuesta incómoda: buena parte de lo que se ve lo ordenan los sistemas de recomendación de plataformas privadas, no un museo ni una consejería. Cualquiera puede crear, pero la visibilidad no se reparte por igual.
¿Son las noticias falsas (fake news) un hecho cultural con independencia de su contenido? Como hecho, sí. El rumor, la leyenda y el bulo son formas de transmisión tan antiguas como el relato oral, y la definición de cultura que usa el informe incluye las convicciones, las creencias y «diversas formas de expresión humana» sin exigir que sean verdaderas.
Un estudio de Vosoughi, Roy y Aral publicado en Science en 2018, sobre unas 126.000 cascadas de noticias en disputa difundidas en Twitter entre 2006 y 2017, halló que las falsedades tenían un 70 por ciento más de probabilidad de ser retuiteadas que la verdad y que las difundían más las personas que los robots. Si las comparte la gente, no es un fallo técnico, sino una práctica social; esa es nuestra lectura. Y la preocupación marca un récord: el 74 por ciento de los españoles dice inquietarse por distinguir lo verdadero de lo falso en internet, según el mismo informe de Navarra, que sitúa la confianza en las noticias de las redes en el 19 por ciento.
Pero «con independencia de su contenido» tiene un límite, y es el que haría valer el mejor crítico de esta tesis. Que algo sea un hecho cultural lo describe, no lo absuelve: también lo son la propaganda y el odio. Por eso el informe sitúa las medidas contra la desinformación entre las pruebas de las libertades y de la lucha contra el fundamentalismo, el odio y los prejuicios en la esfera pública, no entre las formas de participación que haya que fomentar. Hecho cultural no es derecho cultural. Además, el estudio de Science se limita a Twitter y a historias que seis organizaciones de verificación consideraron en disputa; no autoriza a extrapolar a toda la red. Y ensanchar la noción de cultura hasta que quepa todo bulo corre el riesgo de diluirla.
La consecuencia práctica es de método. Un indicador de resultados sobre la cultura en la red tendría que preguntar no solo quién tiene acceso, sino quién crea, qué llega a quién y quién decide qué se ve. Contar bibliotecas y suscripciones sin eso es medir el decorado.
El Estado entra a contar el odio
El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), órgano del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, notifica contenidos de odio a las plataformas. Nació al amparo del artículo 71 de la Ley Orgánica 4/2000 y cuenta con un equipo de treinta técnicos cofinanciado con fondos europeos, según Aquí Madrid. En 2024 notificó 2870 y se retiraron 1010, el 35 por ciento, según el Ministerio. En marzo de 2025 puso en marcha el sistema FARO, surgido de un convenio de 2024 con LaLiga, que vigila Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X con un filtro automático, sobre todo textual, y una revisión manual del equipo del observatorio; avisa a las plataformas y remite los casos graves a la Fiscalía especializada. El propio sistema distingue entre los contenidos potencialmente ilegales y las narrativas discriminatorias que, sin ser ilegales, alientan la intolerancia.
FARO cambió la escala del recuento. En 2025 detectó 808 176 contenidos de odio, unos 67.000 al mes; en el segundo trimestre de 2026, 111.504 mensajes y narrativas discriminatorias, unos 37.000 al mes, sin que las fuentes aclaren si ambas cifras son comparables. En ese trimestre, el 73 por ciento apuntaba a personas del norte de África y el 24 por ciento a musulmanes. El odio sigue a los acontecimientos: en julio, los días 30 y 31 sumaron 9590 mensajes tras la entrada de migrantes en Ceuta, según el boletín del mes. Las plataformas retiraron el 61 por ciento de lo notificado en el trimestre —TikTok el 93 por ciento, X el 90 por ciento, Facebook el 57 por ciento e Instagram el 48 por ciento—, frente al 35 por ciento de 2024, aunque las fuentes no aclaran si ambas cifras se calculan igual. En julio, YouTube retiró solo el 14 por ciento de los comentarios reportados, y se eliminó el 58 por ciento de lo notificado como alertador fiable (trusted flagger) frente al 12 por ciento de lo denunciado por usuarios corrientes: quién denuncia cambia el resultado.
Antes de fiarse del 61 por ciento, conviene saber qué mide. Es la tasa de una muestra de mensajes notificados, no del total detectado, y las páginas consultadas no dicen cuántos se notifican de los 111.504. Mide, además, lo que hacen las plataformas, no lo que viven las personas atacadas: en el vocabulario del informe de la ONU, es un indicador de proceso, no de resultados. Y arrastra la advertencia de la relatora sobre la «cultura de auditoría»: una tasa de retirada que sube puede indicar más celo de las plataformas, no menos odio. Es una lectura nuestra.
Las críticas apuntan a la transparencia. The Objective escribió en 2024 que el observatorio «no pone ejemplos concretos» de lo que pide retirar ni explica su metodología, y contó que el departamento denegó en 2022 su solicitud de datos —qué palabras busca, quién concede el estatus de alertador fiable— con el argumento de que esa información ya existía, respuesta que el diario calificó de falsa. Desde 2025 el observatorio publica boletines y un visor con datos acumulados, pero en las páginas que hemos consultado no se enumeran las reglas de detección, de las que solo se dice que son más de 100.000, ni los criterios para designar alertadores fiables.
La pregunta de fondo es otra. FARO separa lo ilegal de lo lícito pero intolerante, y la nota ministerial admite que lo notificado puede constituir delito, infracción administrativa o incumplir las normas de conducta de las plataformas. Si lo retirado entra en la tercera categoría, un órgano del Gobierno está pidiendo a empresas privadas que moderen discurso lícito. El informe de la ONU lo recoge al pedir pruebas de que se disfrutan las libertades de expresión, reunión y asociación, con especial atención a las medidas contra el odio y la desinformación: mide también a quien combate, no solo al agresor. El mejor argumento a favor de la vigilancia sale del propio informe, que pide «un clima general de libertad y tolerancia»: cabe sostener que el odio dirigido contra un grupo restringe la participación de ese grupo en la vida pública. Es una lectura nuestra.
En marzo de 2026 el Gobierno presentó en la Cumbre contra el Odio una segunda herramienta, HODIO, que, según Menorca.info, mide «la prevalencia del discurso de odio y la amplificación del contenido» en las cinco redes, con un ranking público de plataformas y un informe semestral. La oposición la criticó como una forma de censura. Es un intento público de medir lo que los «me gusta» miden en privado: qué se amplifica. Su valor como indicador dependerá de que cada informe publique su método. El Estado ha empezado a contar el odio en la red; falta saber si cuenta lo que viven quienes lo reciben.
Un ejemplo español y un límite
España aparece en el informe como ejemplo. La relatora cita el Plan de Derechos Culturales como «ejemplo pionero» de que algunos Estados, en lugar de una lista general de indicadores, fijan directrices concretas mediante planes de acción, y señala que incorpora un enfoque basado en derechos a las estadísticas oficiales, con datos sobre dimensión social y comunitaria, prácticas culturales activas y educación que ayudan a analizar las barreras a la participación.
El Ministerio de Cultura anunció el proceso participativo el 3 de julio de 2024, con trece ejes temáticos y la Conferencia Sectorial como cauce de las comunidades autónomas, y presentó el plan el 8 de julio de 2025, con la «democracia cultural» como primera prioridad estratégica. Según una ficha de la Diputación de Barcelona, entre sus acciones figura desarrollar indicadores para medir el ejercicio de los derechos culturales. Es decir, el plan se ha valorado en la ONU por su enfoque, pero las fuentes consultadas sitúan los indicadores como tarea prevista, no como resultado ya publicado.
Nada de esto obliga a nadie. Los indicadores, dice el informe, «no aspiran a crear derechos», y la propia relatora admite que todavía no existe un conjunto consensuado. Lo que piden sus recomendaciones es que los Estados adapten los indicadores a su realidad, encarguen a sus institutos de estadística recopilar los datos y los usen en sus informes a los organismos internacionales. La ONU formula peticiones, recomendaciones y llamamientos; que se atiendan depende de cada Estado. Aquí Madrid contó en julio cómo un desahucio en Moratalaz se ejecutó pese a la petición del Comité de los Derechos del Niño de suspenderlo, y en 2022 recogió que expertos de la ONU pedían a España y Marruecos investigar la masacre de Melilla.
Queda una pregunta que el informe no formula y que la web impone: ¿no es la cartografía de los «me gusta» un contramodelo de los indicadores que propone la relatora? Es un mapa de la participación cultural a una escala y a una velocidad con las que una encuesta no compite: el trabajo de campo de la última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales terminó en febrero de 2025 y sus resultados se presentaron en octubre de ese año. Pero se aparta del modelo del informe en casi todo lo que este pide. Mide a quienes están y no a quienes quedan fuera: quien no tiene acceso, tiempo o ganas no deja rastro, y el indicador sobre las personas que dicen haberse sentido excluidas de la vida cultural no se puede construir con ellos. Registra la reacción, no la experiencia vivida que la relatora antepone a la opinión de los expertos. Lo fijan empresas, no un instituto de estadística obligado a rendir cuentas. Y sirve sobre todo a la mercadotecnia, aquello a lo que, según el informe, los indicadores no deben supeditarse.
Es una lectura nuestra, y no son rivales: el «me gusta» responde a qué atrae la atención; el informe, a quién puede ejercer el derecho. El riesgo es que el primero, por rápido y barato, acabe ocupando el lugar del segundo.
Su valor público está en la pregunta que obligan a hacer. Un país puede presumir de cuántas bibliotecas y conciertos tiene; la cuestión que plantea la ONU es quién, entre quienes viven allí, puede responder que ha podido entrar.
Más en Aquí Madrid
Sobre la ONU: Negocio en redes sociales con información falsa, racismo e intolerancia (julio de 2020), Relatores de la ONU denuncian el «domicidio» de Israel en Gaza (abril de 2024) y El desahucio de una familia en Moratalaz daña los derechos de la infancia (julio de 2026).
Sobre el odio en la red y el OBERAXE: OBERAXE: la maquinaria contra el odio y el racismo que sigue intacto (junio de 2026), España y Marruecos refuerzan la cooperación contra los discursos de odio migratorio (diciembre de 2025), que recoge los datos del observatorio, y El Europarlamento contra el racismo, la segregación escolar y la xenofobia en los medios (marzo de 2022).
