En marzo de 2026, Pedro Sánchez presentó HODIO en un acto oficial: una herramienta de inteligencia artificial capaz de medir no solo el volumen del odio en redes sociales, sino también su amplificación algorítmica, es decir, la forma en que las propias plataformas convierten un insulto en tendencia.
La oposición respondió con acusaciones de censura y control ideológico.
El Gobierno habló de transparencia y responsabilidad corporativa.
Entre ambos fuegos, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) lleva más de dos décadas haciendo algo menos vistoso que ganar titulares y, quizá por eso mismo, más importante: contar.
Contar cuántos mensajes de odio se publican cada día. Cuántos se retiran y cuántos no. Cuántas personas migrantes trabajan por debajo de su cualificación porque nadie las llama para una entrevista. Y también cuánto le cuesta eso a la economía española: 17.167 millones de euros al año, el 1,3 por ciento del PIB, según el propio estudio económico del observatorio. Una cifra que debería atravesar cualquier debate presupuestario y que, sin embargo, rara vez aparece en él.
Una institución que creció más allá de su mandato original
El OBERAXE nació al amparo del artículo 71 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Su mandato inicial era modesto: recopilar estadísticas y elevar propuestas a los poderes públicos. Dos décadas después, el organismo —integrado en la Secretaría de Estado de Migraciones y con un equipo de treinta técnicos cofinanciado por los fondos europeos FAMI— funciona como un centro de inteligencia social con proyección continental.
El salto llegó en 2024, cuando el Ministerio de Inclusión firmó un convenio con LaLiga para adaptar MOOD, el sistema de detección del odio en el deporte, a la monitorización general de redes sociales. El resultado fue FARO: una plataforma que rastrea en tiempo real TikTok, X, Facebook, Instagram y YouTube, y que en 2025 detectó 808.176 contenidos de odio, un récord histórico. La tecnología impresiona. Las cifras que arroja, también.
FARO: datos clave (diciembre 2025)
| Contenidos detectados en 2025 | 808.176 |
| Tasa de retirada — canal institucional | 62% |
| Tasa de retirada — usuario normal | 24% |
| Objetivo más frecuente del odio | Norte de África (70%) |
| Plataforma con mayor tasa de retirada | TikTok (86%) |
| Plataforma con menor tasa de retirada | YouTube (32%) |
La brecha entre el algoritmo y la realidad
La diferencia entre el 62 por ciento de contenidos retirados cuando la denuncia la hace el OBERAXE como «verificador de confianza» y el 24 por ciento cuando la presenta un usuario ordinario es, en sí misma, una declaración política. Las grandes tecnológicas no moderan igual para todos. Responden mejor al poder institucional. Eso significa que millones de personas expuestas al odio sin el respaldo de un organismo público están, en la práctica, desprotegidas.
«El odio se fabrica», advirtió el Gobierno al presentar HODIO. Lo que sigue sin medirse del todo es el silencio: el de quienes no denuncian porque asumen que nadie va a escucharles.
Los datos de 2025 y principios de 2026 muestran que la detección crece, pero también que el discurso muta. Los mensajes que alaban atentados o llaman abiertamente a la violencia han retrocedido del 14 al 5 por ciento de los casos analizados. En cambio, los que presentan al extranjero como una amenaza a la seguridad ciudadana se han duplicado en el mismo período. Es la evolución natural de la propaganda xenófoba: se sofistica para eludir los filtros y colonizar el sentido común.
El argumento de la «inseguridad ciudadana» aparece en el 34 por ciento de los contenidos analizados. No es casualidad: es una estrategia. Cada vez que un político de la derecha radical vincula migración y delincuencia en una rueda de prensa, FARO registra picos en la producción de odio en redes. HODIO ha sido diseñado, precisamente, para hacer visible esa correlación. Y ahí radica su potencial, pero también su fragilidad política.
HODIO: transparencia o vigilancia, el debate que España necesita
La herramienta HODIO —Huella del Odio y la Polarización— es conceptualmente más ambiciosa que FARO. No se limita a identificar mensajes ilegales: mide la polarización que generan, calcula su amplificación algorítmica y publica un ranking semestral que compara el comportamiento de cada plataforma. La idea es crear un incentivo reputacional para que X, TikTok o YouTube compitan por limpiar sus espacios en lugar de monetizar la confrontación.
El problema es que la herramienta fue presentada por el presidente del Gobierno en un acto de partido, y eso contaminó de inmediato la conversación. La derecha la leyó —con cierta mala fe, pero también con eficacia argumental— como un instrumento de control político del discurso. Es una acusación que el OBERAXE no puede refutar solo con comunicados, sino con garantías institucionales concretas: ¿quién audita los algoritmos de HODIO? ¿Qué recursos tienen los ciudadanos cuyo contenido sea clasificado como odio por error? ¿Existe supervisión parlamentaria independiente?
Estas preguntas no son patrimonio de la derecha: deberían ser las de cualquier demócrata que entienda que una herramienta poderosa en manos de un Gobierno progresista puede acabar heredada por uno que no lo sea. El OBERAXE ha levantado una arquitectura técnica avanzada. Ahora le toca blindar su independencia institucional con la misma solidez.
El racismo que no está en Twitter
Hay una paradoja en el informe del OBERAXE que merece atención: mientras la institución perfecciona su capacidad para detectar el odio digital, sus propios estudios —elaborados con el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE)— revelan que la discriminación más frecuente ocurre en espacios sin algoritmo que la registre.
En 2024, el 70 por ciento de las personas de Asia del Este y del Sureste Asiático declararon haber sentido discriminación por su origen, el 56 por ciento de las personas negras africanas, el 49 por ciento de las personas árabes o norteafricanas.
Los espacios donde esta discriminación ocurre con más frecuencia no son las redes sociales: son los establecimientos comerciales, los procesos de selección laboral y, de manera especialmente reveladora, las consultas médicas. Un 11 por ciento de las mujeres racializadas declara haber sufrido discriminación en consultas ginecológicas en el último año. Entre las mujeres árabes, la cifra asciende al 16,8 por ciento.
Discriminación percibida por grupo étnico (España, 2024)
| Asia del Este / Sureste Asiático | 70 por ciento |
| Personas negras africanas | 56 por ciento |
| Personas árabes / norteafricanas | 49 por ciento |
| Media población racializada | 33 por ciento |
| Mujeres racializadas — discriminación ginecológica | 11 por ciento |
| Mujeres árabes — discriminación ginecológica | 16,8 por ciento |
Estos datos apuntan a una realidad que FARO no puede monitorizar: el racismo institucional y cotidiano, de baja intensidad, que no genera tuits, pero sí condiciona vidas. Más de 248.000 personas migrantes trabajan en empleos por debajo de su cualificación, no porque no sepan hacer otra cosa, sino porque el mercado laboral español arrastra un sesgo racial estructural. Eso cuesta 5100 millones de euros al año en productividad perdida. Y no hay algoritmo que lo detecte en tiempo real.
Red europea, impacto local: los proyectos que nadie conoce
Más allá de FARO y HODIO, el OBERAXE gestiona una red de proyectos europeos —SCORE, CISDO, REAL UP, LEARN, IMMERSE y HELCI— que intervienen en campos de fútbol, comisarías, universidades y ayuntamientos de media Europa.
El proyecto CISDO trabaja con la Policía Nacional y la Guardia Civil para mejorar la identificación de delitos de odio y reducir la desconfianza entre víctimas e instituciones. Es un trabajo lento, poco vistoso y absolutamente necesario: si las víctimas de discriminación no denuncian porque no confían en que sirva de algo, toda la arquitectura estadística del observatorio descansa sobre un subregistro crónico.
La pregunta que el observatorio no puede responder solo
El OBERAXE ha demostrado que es posible medir el odio con rigor y exigir cuentas a las plataformas tecnológicas. Ha construido una metodología que la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y la OSCE consideran un referente. Y ha calculado el coste económico del racismo con una precisión que debería incomodar a quienes insisten en presentar la diversidad como un problema y no como un activo.
Pero ninguna herramienta tecnológica, por sofisticada que sea, puede resolver por sí sola lo que en última instancia es un problema político. El discurso de odio crece cuando encuentra cobertura en las élites: cuando un partido con representación parlamentaria utiliza la retórica de la amenaza migratoria, cuando un tertuliano normaliza la deshumanización del «otro», cuando un medio trata la llegada de personas en patera como un problema de orden público y no como una tragedia humanitaria.
Combatir el racismo no es solo una obligación moral: también es una cuestión de país. La discriminación racial cuesta 17.167 millones de euros al año, un precio que España sigue pagando como si no fuera con ella.
El OBERAXE es una institución valiosa y, en muchos aspectos, ejemplar. Su desafío para los próximos años no es técnico, sino político. Necesita consolidar su independencia para sobrevivir a los cambios de Gobierno. Necesita que sus datos sobre discriminación estructural —en la sanidad, el empleo y la vivienda— tengan consecuencias en las políticas públicas y no se agoten en informes anuales. Y necesita que la sociedad española decida, de una vez, si quiere que la convivencia sea un valor efectivo o solo una declaración de intenciones que se reescribe con cada legislatura.
Mientras tanto, FARO seguirá contando. En febrero de 2026 detectó 37.477 mensajes de odio. Solo en un mes. Solo en cinco plataformas. Solo los que alcanzó a ver.
Fuente principal: Informe institucional OBERAXE (2024-2026). Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Datos de monitorización FARO y HODIO, Informe Anual del Discurso de Odio en Redes 2024, y Análisis del Impacto Económico de la Discriminación Racial.
