Un encierro para reclamar un colegio completo, 20.042 firmas por un cuarto centro de salud, sugerencias vecinales al Plan General y marchas contra la incineradora muestran cómo se organiza una ciudad que ya supera los 100.000 habitantes. Las demandas no forman un bloque único: unas reclaman servicios, otras discuten la densidad de sus barrios y otras defienden poder seguir viviendo en ellos.
1. Una noche en el colegio para exigir que termine la obra
En Rivas-Vaciamadrid, la protesta educativa tuvo una escena precisa: las familias del CEIP Mercedes Vera, denominado Hispanidad en documentos autonómicos, se encerraron en el centro la noche del 10 al 11 de abril de 2026. Pedían la terminación de la segunda fase, aulas y espacios comunes adecuados. La Asociación de Familias del Alumnado había denunciado que la paralización de las obras volvía incierto el curso siguiente.
La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid apoyó el encierro y exigió reanudar las obras. Aquí Madrid reconstruyó el conflicto del colegio y la secuencia de movilizaciones. Aquella situación de abril tiene fecha: el Ayuntamiento informó en septiembre de que los trabajos se habían reanudado durante el verano, pero el alumnado seguía conviviendo con obras. No sería riguroso describirlas ahora como totalmente paradas ni como terminadas.
La reclamación escolar va más allá de un edificio. En el curso 2026/2027 había 17.141 estudiantes en las distintas etapas, según el consistorio; el IES Margarita Salas abrió con cuatro grupos de primero de ESO y también por fases. Es el desfase que denuncian las familias: el suelo se reserva y las matrículas llegan antes de que el centro completo entre en servicio.
2. Las firmas por el cuarto centro de salud
La plataforma Rivas con la Sanidad Pública reunió 20.042 firmas para exigir un cuarto centro de salud en el barrio de La Luna. En mayo de 2025 las entregó en el registro municipal, dirigidas a la Comunidad de Madrid, según la crónica de la concentración. La cifra de firmas mide adhesiones a esa petición, no la población del barrio ni el total de usuarios de los centros existentes.
La plataforma mantuvo la presión en 2026. En mayo hubo una concentración con velas ante el centro La Paz y una marcha desde Santa Mónica hasta La Paz. Sus portavoces denunciaron esperas en atención primaria, falta de personal para urgencias y la ausencia del centro de La Luna. Son afirmaciones de la organización, que deben contrastarse con agendas, plantillas y listas oficiales; la existencia de tres centros públicos sí consta.
En septiembre la plataforma volvió a exponer sus demandas en el Pleno, según la prensa local. El Pleno municipal ha reclamado también la dotación. Una moción institucional y una campaña ciudadana pueden coincidir, pero tienen impulsores distintos y no sustituyen la decisión de construir, equipar y abrir el centro.
3. Participar en el Plan General no significa pensar todos igual
El Avance del Plan General recibió 370 sugerencias durante su exposición pública: 295 de particulares, 29 de asociaciones, 41 de partidos y cinco de empresas, de acuerdo con el balance municipal de septiembre de 2025. Son intervenciones en el procedimiento, no un referéndum. La respuesta oficial a cada una y el texto que finalmente se apruebe son el verdadero desenlace de esa participación.
La Asociación Vecinal Ladera del Almendro pidió menor densidad, más servicios y mejor movilidad para el Pinar. Su alegación se centró, entre otros extremos, en el cambio de vivienda unifamiliar a colectiva en una parcela de Mirador Norte, según Diario de Rivas. En Puerta Norte, vecinos del Cristo de Rivas criticaron otra conversión de uso y advirtieron de dotaciones insuficientes. No rechazaban necesariamente toda vivienda nueva; discutían cómo y dónde se concentra.
El Avance propone 100.200 metros cuadrados edificables de vivienda en Puerta Norte, 24.100 en Mirador Norte, más suelo dotacional y amplios espacios libres. Que un plan reduzca la expansión general no impide que una calle concreta perciba más densidad. Esa diferencia de escala explica buena parte de las alegaciones.
4. La línea 9B, una causa que cruza municipios
Un grupo de usuarios de Rivas y Arganda del Rey organizó la iniciativa «#Linea9sinB» y una petición para evitar una nueva ruptura del servicio en la futura estación de Ahijones-Berrocales, según Arganda Actual. Es una movilización de viajeros; la línea 9B de Metro y sus decisiones de explotación corresponden al sistema regional.
El Pleno de Rivas pidió en febrero de 2026 eliminar el transbordo de Puerta de Arganda y recuperar gestión pública. El Ayuntamiento litigó además contra la licitación de la estación prevista para los desarrollos del Sureste de Madrid, por el posible efecto de un segundo cambio de tren. Esas acciones institucionales se suman a la campaña vecinal, pero no prueban todavía cómo operará la línea cuando se inaugure la estación.
Aquí Madrid ha descrito la escala de los desarrollos del Sureste. Las personas que vivan allí no serán vecinas de Rivas, pero sí pueden compartir trenes y accesos. Por eso la reclamación de los usuarios tiene una dimensión que no cabe dentro de una sola frontera municipal.
5. Vivir en una vivienda que fue protegida
Las familias de Ronda Gloria Fuertes 2 se han organizado tras recibir comunicaciones de no renovación de sus alquileres, según Contraplano. La promoción tuvo protección pública en su origen y ahora está gestionada por Nestar. Los residentes reclaman una salida que les permita permanecer; la empresa conserva su posición contractual y el alcance jurídico de la antigua protección debe examinarse en los expedientes.
La marcha bajo el lema «Rivas para vivir, no para especular» estaba convocada para el 24 de octubre de 2026, desde la estación Rivas Futura hasta la urbanización. A la fecha de corte de este texto sólo consta la convocatoria, no su asistencia ni su resultado. Sí constan, según la información publicada, reuniones y concentraciones previas.
El caso introduce una pregunta distinta de la del Avance: qué ocurre con la vivienda asequible ya construida cuando termina su régimen de protección. Una ciudad puede promover nuevos alquileres públicos y, al mismo tiempo, perder asequibilidad en parte del parque anterior.
6. Del barrio a la incineradora
La sexta Marcha San Cinerato recorrió Rivas Oeste el 7 de junio de 2026 para pedir el cierre de la incineradora de Las Lomas, en Valdemingómez. La crónica de la marcha calculó alrededor de un centenar de participantes. La convocó la Alianza Incineradora de Valdemingómez No, con presencia de vecinos de Pablo Iglesias, Covibar y otros barrios próximos.
El 23 de octubre, esa alianza acudió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la autorización ambiental de la planta, según informó El País. Las organizaciones alegan riesgos para trabajadores y residentes; el Ayuntamiento de Madrid sostiene que sus estudios no aprecian indicios de riesgo sanitario y que la instalación cumple la normativa.
Aquí Madrid ya había recogido las objeciones vecinales a la estrategia de residuos de la capital. Debe distinguirse Las Lomas, la incineradora, de Las Dehesas, el vertedero cuya ampliación rechaza el consistorio de Rivas. La protesta contra una instalación no identifica por sí sola el destino actual de cada fracción de residuos recogida por Rivamadrid.
7. Qué muestra este mapa de protestas
Las movilizaciones no responden a una sola consigna. Las familias piden terminar escuelas; la plataforma sanitaria reclama un centro y personal; los vecinos que alegan al plan discuten la densidad de parcelas concretas; los viajeros quieren continuidad de línea; los inquilinos piden conservar sus casas; la alianza ambiental combate una incineradora.
Hay, sin embargo, una relación entre ellas: el tiempo de la vivienda y el del servicio no coincide siempre. Una promoción se ocupa, un colegio sigue en obra, una consulta aún no abre o el tren suma nuevos usuarios. Algunas decisiones se toman en Rivas y otras en administraciones o empresas externas. El interés público exige medir esas secuencias, escuchar a quienes las viven y también comprobar las afirmaciones de cada parte.
El contraargumento merece sitio. Restringir toda vivienda nueva puede dificultar el acceso de jóvenes y hogares con menos renta; ampliar escuelas, trenes o tratamiento de residuos lleva tiempo y recursos. La participación no resuelve por sí sola esas tensiones. Sí puede obligar a que los calendarios, capacidades y responsables de cada proyecto queden a la vista.
Ver:
