La situación de la educación pública en el municipio de Rivas-Vaciamadrid ha alcanzado en abril de 2026 un estado de parálisis institucional y tensión social sin precedentes.
El encierro de las familias en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Mercedes Vera, iniciado el viernes 10 de abril de 2026, no constituye un evento aislado, sino la culminación de un ciclo de movilizaciones que se remonta a la declaración formal de «emergencia educativa» en el año 2020.
Este informe analiza de forma exhaustiva la trayectoria del conflicto, desde sus raíces demográficas y los fallos en la planificación de infraestructuras por parte de la Comunidad de Madrid, hasta el actual colapso de las obras de ampliación del centro, que ha dejado al alumnado en una situación de precariedad pedagógica extrema.
Crónica del encierro de abril de 2026: El colapso de la fase dos
El detonante inmediato de la protesta actual ha sido la constatación técnica de la paralización de las obras de la Fase II del CEIP Mercedes Vera (también referido en documentos oficiales como CEIP Hispanidad).
A finales de marzo de 2026, una inspección urbanística de oficio enviada por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid confirmó lo que las familias venían denunciando durante semanas: la ausencia total de trabajadores en la parcela y la retirada progresiva de maquinaria y materiales de construcción por parte de la empresa adjudicataria, la UTE CEIP Hispanidad, compuesta por las firmas Tapusa y Boprisa.
La movilización, liderada por la Asociación de Familias del Alumnado (AFA), ha transformado el recinto escolar en un centro de resistencia civil. Las familias, equipadas con sacos de dormir y tiendas de campaña, han ocupado el centro bajo una premisa clara: la administración regional ha abandonado sus responsabilidades, poniendo en riesgo crítico el inicio del curso 2026/2027.
La gravedad de la situación se ve acentuada por la previsión de que, ante la falta de aulas de primaria, el centro se vea obligado a reconvertir espacios administrativos y de coordinación docente en aulas provisionales para absorber el flujo de alumnado.
Detalles técnicos de la parálisis contractual
La ejecución de la Fase II fue adjudicada en octubre de 2024 con un presupuesto cercano a los 7,5 millones de euros y un plazo de ejecución original de quince meses. Sin embargo, la realidad de la obra en abril de 2026 muestra un escenario de abandono que la Federación de Educación de CCOO ha calificado como «obra fantasma».
| Parámetro Contractual | Detalle Técnico | Fuente |
| Adjudicataria | UTE CEIP Hispanidad (Tapusa – Boprisa) | |
| Fecha de Formalización | 12 de diciembre de 2024 | |
| Presupuesto de Adjudicación (Lote 2) | 7.473.535,11 € (IVA incluido) | |
| Plazo de Ejecución Inicial | 15 meses | |
| Fecha Estimada de Finalización Original | Marzo de 2026 (fecha estimada contractual) | |
| Estado en Abril de 2026 | Paralización total y retirada de materiales |
La retirada de materiales el 27 de marzo de 2026 fue el punto de no retorno para la confianza de las familias.
Las inspecciones municipales detectaron que la constructora mantenía un número simbólico de trabajadores únicamente para evitar la declaración jurídica de abandono de obra, una práctica que busca dilatar la resolución del contrato y la ejecución de los avales por parte de la Comunidad de Madrid.
Antecedentes históricos: El nacimiento de un centro bajo sospecha
El CEIP Mercedes Vera fue concebido para ser el decimosexto colegio público de una ciudad cuya tasa de natalidad y atracción de familias jóvenes supera con creces la media de la región madrileña.
El proyecto recibió su nombre oficial en mayo de 2020, tras una consulta popular organizada por el Ayuntamiento de Rivas, en la que la ciudadanía eligió honrar a la histórica maestra Mercedes Vera.
Sin embargo, el entusiasmo inicial se vio pronto opacado por la estrategia de construcción por fases impuesta por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Desde la firma del convenio inicial en diciembre de 2020, el proyecto ha estado plagado de obstáculos burocráticos. Aunque el Ayuntamiento de Rivas se ofreció a adelantar la financiación y la gestión de las obras para garantizar que el centro estuviera listo en el curso 2021-2022, la demora en la firma del convenio por parte del gobierno regional retrasó la licitación casi cuatro años.
Este desfase temporal obligó a los primeros grupos de alumnos a comenzar su vida escolar en barracones prefabricados situados en el patio del CEIP Dulce Chacón, una situación que se prolongó durante dos cursos académicos.
Evolución de la escolarización en el CEIP Mercedes Vera
La apertura del centro en condiciones precarias ha marcado su identidad. El alumnado ha tenido que convivir con el ruido de las máquinas de construcción y la carencia de servicios fundamentales que se consideran básicos en cualquier otro centro de la región.
| Curso Académico | Ubicación del Alumnado | Servicios Disponibles | Impacto Pedagógico |
| 2021 – 2022 | CEIP Dulce Chacón (Aulas cedidas/Barracones) | Compartidos | Desplazamientos y falta de identidad de centro. |
| 2022 – 2023 | CEIP Dulce Chacón (Barracones) | Compartidos | Hacinamiento crónico en el centro de acogida. |
| 2023 – 2024 | Edificio Fase I (Infantil) | Solo aulas de infantil | Alumnado de primaria en aulas de infantil. |
| 2024 – 2025 | Edificio Fase I (Infantil) | Solo aulas de infantil | Falta de gimnasio, biblioteca y pistas. |
| 2025 – 2026 | Edificio Fase I (Infantil) | Sin avance en Fase II | Inexistencia de laboratorios y zonas de recreo dignas. |
La persistencia del alumnado de primaria en instalaciones diseñadas para el ciclo de infantil (3 a 5 años) conlleva problemas ergonómicos y de higiene, ya que los sanitarios y el mobiliario no son adecuados para niños de mayor envergadura física. Esta situación, descrita como «hacinamiento y precariedad pedagógica», ha sido el caldo de cultivo para el estallido social de 2026.
Rastreando el origen del conflicto: La emergencia educativa de 2020
Para comprender la magnitud del encierro en el CEIP Mercedes Vera, es imperativo analizar el marco de la «emergencia educativa» declarada en Rivas-Vaciamadrid en febrero de 2020.
En aquel momento, la ciudad contaba con una población de más de 93.000 habitantes, con un incremento constante de 10.000 residentes cada cinco años.
El crecimiento urbanístico, impulsado por el sector privado y la entrega de nuevas promociones de vivienda, no fue acompañado por una inversión proporcional en servicios públicos por parte del gobierno regional.
El entonces alcalde, Pedro del Cura, tomó una decisión drástica y mediática: la paralización de la concesión de licencias para nuevas viviendas en el municipio. El argumento era de una lógica administrativa aplastante: si el gobierno regional se negaba a construir los colegios e institutos necesarios, el Ayuntamiento no podía seguir autorizando un crecimiento poblacional que condenaba a las familias a la falta de plazas escolares. Esta medida puso de manifiesto que el déficit educativo no era coyuntural, sino estructural.
El informe de la Alta Inspección y el incumplimiento de ratios
En febrero de 2020, el gobierno municipal elevó un requerimiento a la Alta Inspección de Educación del Estado para denunciar el incumplimiento sistemático de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en Rivas.
El informe detallaba que los centros educativos del municipio superaban habitualmente el número máximo de alumnos por aula, incluso por encima del diez por ciento adicional permitido para circunstancias excepcionales.
- Masificación: En el curso 2019-2020, un centro de infantil y primaria tenía cinco unidades por encima de su línea teórica.
- Pérdida de espacios comunes: Se documentó la reconversión de bibliotecas, aulas de música, laboratorios y salas de profesores en aulas improvisadas para absorber el exceso de matrícula.
- Déficit de plazas: El exceso de alumnado respecto a la capacidad de los centros se cifraba en más de 800 niños y niñas.
Este escenario de saturación obligó a la creación de «centros en papel» que carecían de edificio físico, como ocurrió inicialmente con el Mercedes Vera y el instituto Margarita Salas, obligando a cientos de alumnos a una itinerancia forzosa o al hacinamiento en aulas prefabricadas.
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