7. Lo que Garamendi no dijo en Santander
El discurso del presidente de la CEOE en el seminario de la APIE ocupó horas. Hay, sin embargo, una agenda paralela —la de los trabajadores que sostienen los beneficios de las empresas que representa— que no apareció en ningún momento. Las siguientes omisiones no son accidentales; son el mapa de lo que la patronal prefiere que no se debata.
7.1. Un marco de conciliación vinculante
Garamendi no mencionó en Santander que el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva —suscrito en 2023 por CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO.— incorpora referencias a la conciliación en términos de recomendación, no de obligación. La distinción es crucial: la patronal acepta firmar declaraciones de intenciones sobre flexibilidad y teletrabajo, pero bloquea sistemáticamente cualquier mecanismo vinculante que obligue a las empresas a garantizar horarios compatibles con la vida familiar.
La consecuencia práctica de esa posición es que la conciliación en España sigue siendo un privilegio negociado empresa por empresa, accesible para los trabajadores con más poder de negociación y vedada para quienes más la necesitan: los empleados de pequeñas empresas y los sectores de servicios. La patronal defiende la «flexibilidad» como valor, pero solo en la dirección que le interesa: flexible para el empleador, rígida para el empleado.
7.2. La economía sumergida en los sectores de la CEOE
Garamendi no mencionó en Santander que España figura entre los tres países de la Unión Europea con mayor peso de la economía sumergida —actividad económica legal que se oculta deliberadamente al Estado para evadir impuestos y cotizaciones sociales—, con estimaciones que oscilan entre el 15,8 y el 24 por ciento del PIB según la metodología empleada: entre 230.000 y 240.000 millones de euros anuales que no cotizan, no tributan y no generan derechos para los trabajadores que los producen.
Lo que hace especialmente llamativa esa omisión es que los sectores con mayor presencia de economía sumergida en España —construcción, hostelería y agricultura— son precisamente los que mayor peso tienen en la CEOE y sus organizaciones sectoriales afiliadas. El líder de la patronal reclama bajadas de cotizaciones sociales por la puerta principal mientras una parte significativa de los empleadores de su organización eluden esas cotizaciones por la puerta de servicio.
7.3. El pago de las horas extraordinarias
Garamendi no mencionó en Santander que en España se trabajan cada semana 2,6 millones de horas extraordinarias que no se pagan ni se compensan, según datos de la Encuesta de Población Activa del INE. El coste anual de ese robo silencioso —en salario no percibido, en cotizaciones no ingresadas y en IRPF no recaudado— asciende a 3.254 millones de euros. Más de un millón de personas trabajan habitualmente más horas de las pactadas en contrato sin que esas horas se retribuyan.
En 2024, la Inspección de Trabajo batió su propio récord de sanciones por infracciones en el registro de jornada y las horas extraordinarias: 20,2 millones de euros en multas, con 200.105 trabajadores afectados por las irregularidades detectadas. El registro horario obligatorio introducido por la reforma laboral de 2021 ha mejorado la capacidad de detección, pero la CEOE ha sido el principal obstáculo político para reforzar su aplicación efectiva.
7.4. La paridad real en los puestos de poder
Garamendi no mencionó en Santander que el Ibex 35 superó por primera vez en 2024 el umbral legal del 40 por ciento de mujeres en sus consejos de administración, con un 41,22 por ciento de representación femenina. La cifra podría leerse como un avance. Pero hay que leerla con cuidado: estamos hablando de los consejos de administración de las 35 mayores empresas cotizadas, y solo de ellos. Para el conjunto de empresas cotizadas en España, la presencia femenina en consejos no llega al 34 por ciento.
Más revelador aún es el dato que los informes de paridad raramente destacan: el porcentaje de mujeres en los comités de dirección ejecutiva —donde se toman las decisiones reales de gestión— sigue siendo muy inferior al de los consejos. El tablero de la paridad se ha llenado de consejeras independientes; la cabina de mando permanece mayoritariamente masculina. La CEOE ha aceptado la paridad en los órganos donde no manda y la ha resistido donde manda.
7.5. La brecha salarial femenina
Garamendi no mencionó en Santander que la brecha salarial de género en España repuntó en 2024, rompiendo cinco años consecutivos de reducción, hasta situarse entre el 16 y el 19,6 por ciento según la fuente y la metodología —una diferencia de entre 4.000 y 6.000 euros brutos anuales entre un hombre y una mujer con el mismo perfil laboral.
La CEOE ha resistido históricamente las medidas de transparencia salarial obligatoria que permitirían a las propias trabajadoras identificar y reclamar las diferencias retributivas. Los planes de igualdad que la normativa exige a las grandes empresas se negocian en muchos casos como un trámite administrativo, no como un compromiso real.
En un discurso donde Garamendi invocó en repetidas ocasiones la necesidad de «atraer y retener talento», no encontró un momento para mencionar que el país pierde talento femenino cualificado cada vez que una mujer cobra menos que su compañero de mesa por hacer el mismo trabajo.
7.6. Las kellys: el nombre propio de la precariedad
Garamendi no mencionó en Santander a las kellys. El término —derivado popularmente de «las que limpian»— designa a las camareras de piso de los hoteles españoles, un colectivo de más de 2000 trabajadoras organizadas en asociación desde 2014 para denunciar unas condiciones laborales que el sector turístico, el gran orgullo de la CEOE, ha preferido externalizar antes que corregir.
El mecanismo es conocido: los hoteles subcontratan el servicio de limpieza de habitaciones a empresas auxiliares que operan fuera del convenio hostelero, con salarios inferiores y sin las protecciones del sector. Las kellys cargan, hacen y deshacen camas, arrastran carros y limpian baños en jornadas que el ritmo de ocupación hotelera convierte en maratones físicas. El resultado son lumbalgias, hernias discales, síndrome del túnel carpiano y bursitis —enfermedades causadas directamente por el trabajo que, sin embargo, el sistema no reconoce como enfermedades profesionales, sino comunes, lo que les impide acceder a las prestaciones correspondientes.
En abril de 2026, el Parlamento de Canarias aprobó una ley pionera que obliga a los hoteles a instalar camas elevables y carros motorizados para reducir la carga física de las camareras de piso. Es la primera norma de este tipo en España. Que haya sido necesaria una ley autonómica para que un hotel instale una cama que no destroce la espalda de quien la hace cada día dice todo lo que hay que saber sobre la voluntad del sector de resolver el problema por la vía del diálogo social.
Las kellys son el caso concreto, con nombre y apellido de lesión, que personaliza todo lo que el discurso de Garamendi en Santander ha dejado fuera del marco: la externalización como herramienta de elusión de derechos, la mano de obra femenina como variable de ajuste de costes, y la economía del bienestar —el turismo, el gran negocio de España— construida sobre espaldas que nadie ha querido proteger.
Conclusión
El lenguaje de Antonio Garamendi en Santander es el de un corporativismo que aspira a vaciar de contenido la soberanía del Estado para subordinarla a las necesidades de acumulación del gran capital. Al deconstruir su mensaje, lo que emerge es que los problemas que denuncia —inestabilidad, absentismo, falta de recursos— son las consecuencias directas de la precariedad laboral, la desregulación del mercado inmobiliario y el desprecio a los límites físicos del territorio que su propia organización promueve.
Su discurso no ofrece soluciones para el país; ofrece una estrategia de defensa de privilegios camuflada de diagnóstico económico. Y todo ello presentado desde el escenario de un foro periodístico donde, no por casualidad, acaba de anunciar también su candidatura a un tercer mandato. El diagnóstico y la campaña son, en Santander, la misma cosa.
