5. El mercado laboral: condescendencia fiscal, salud mental privatizada y pastoreo migratorio
La trampa del salario bruto en mano
La propuesta de transferir el salario bruto —incluyendo las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social— directamente a la cuenta del empleado para que este las ingrese al Estado es, en apariencia, un ejercicio de transparencia. En realidad, es una estrategia de ingeniería psicológica.
La premisa subyacente insulta la inteligencia de la clase trabajadora. Cualquier persona que trabaja en España recibe mensualmente una nómina que desglosa con nitidez matemática las retenciones del IRPF y las cuotas de la Seguridad Social. Plantear que el trabajador necesita ver el dinero entrar y salir de su cuenta para «enterarse» de que paga impuestos es un ejercicio de paternalismo deliberado.
El fin real es conductual. La economía del comportamiento demuestra que genera más rechazo perder lo que ya se posee que no llegar a percibirlo. Si el trabajador tuviera que transferir mensualmente cientos de euros de su cuenta a Hacienda, se generaría una frustración y un agravio directos hacia el Estado. El objetivo es que el empleado deje de exigir subidas de sueldo a su patrón y pase a exigir rebajas fiscales al Gobierno, rompiendo el conflicto capital-trabajo en beneficio de las grandes corporaciones.
Mientras tanto, la brecha entre lo que ganan los directivos y lo que cobran los trabajadores no deja de ensancharse. En 2024, los consejeros ejecutivos del Ibex 35 cobraron de media 1,91 millones de euros, un 7,6 por ciento más que el año anterior, mientras el salario medio en España se situaba en 31.700 euros brutos anuales, con un incremento del 3,2 por ciento. Los directivos del Ibex cobran sesenta veces más que un empleado medio, y esa brecha crece año tras año.
La salud mental como coartada para privatizar las bajas
Garamendi reconoce que el absentismo por salud mental es un problema grave y pide a la sanidad pública que actúe. Esta aparente empatía con el trabajador agotado esconde una agenda de más largo alcance.
El estrés crónico y el burnout no nacen en el vacío. Nacen de la cultura del rendimiento infinito que imponen las propias empresas, del estrangulamiento del poder adquisitivo por la inflación, y del insoportable peso de la vivienda, que en muchas ciudades devora entre el 50 y el 60 por ciento de los ingresos de un hogar. El sistema enferma a los trabajadores y luego la patronal les afea que estén enfermos.
Detrás de la preocupación de Garamendi por las listas de espera de la sanidad pública se esconde la reivindicación histórica de la CEOE: ampliar las competencias de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social en la gestión de las bajas laborales. Estas entidades privadas son gestionadas por los propios empresarios. En 2024 se negoció que las mutuas pudieran formular propuestas de alta médica en procesos de incapacidad temporal, aunque el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) mantiene la competencia definitiva; solo cinco comunidades autónomas han cedido esa gestión pese al pacto firmado el año anterior.
«Inmigración ordenada» o pastoreo de mano de obra
Ante la queja constante de que hay vacantes sin cubrir en hostelería, construcción y agricultura, la CEOE exige una contratación regulada en origen, vinculada estrictamente a las necesidades del mercado.
Al ligar los permisos de residencia a un contrato específico con un empleador determinado, se despoja al trabajador extranjero de cualquier capacidad de negociación o denuncia ante abusos laborales. La patronal prefiere intervenir el mercado importando mano de obra a la carta antes que elevar los salarios y mejorar las condiciones para hacer atractivos esos puestos a los trabajadores ya residentes. La contradicción resulta flagrante: la CEOE invoca el libre mercado cuando le conviene y pide la intervención del Estado cuando el mercado libre les obliga a subir el precio del trabajo.
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