6. El incendio de la vivienda y los límites del recurso infinito
La única solución que Garamendi propone para la crisis habitacional es «incentivar la construcción» y liberar suelo. Es la receta del bombero que suministra el combustible.
El mercado inmobiliario español tiene dos actores con lógicas distintas, aunque complementarias en sus efectos, que el discurso empresarial mezcla interesadamente. Por un lado, los grandes fondos de inversión financiero-inmobiliarios de origen internacional: Blackstone controla en España 19.600 viviendas, 13.000 de ellas en la Comunidad de Madrid, acumuladas en operaciones de compra masiva durante la crisis.
Junto a CaixaBank, los dos mayores «caseros» del país suman 41.400 viviendas, con una presencia que condiciona los precios de mercado. Por otro lado, las patronales constructoras integradas en la CEOE —que no son Blackstone, pero que comparten con él el interés en que no se regule el mercado ni se tope el precio del suelo.
Construir más sin regular el mercado tiene un efecto conocido: las nuevas promociones son absorbidas como activo financiero antes de que las familias puedan acceder a ellas. El problema no es de escasez de hormigón; es de especulación tolerada e incentivada.
Los límites físicos del modelo son, además, inapelables. Los macro desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid —Los Berrocales, Valdecarros, Los Cerros y otros— proyectan cerca de 95.000 viviendas cuya conexión a la red eléctrica no está garantizada en la planificación de infraestructuras para el período 2025-2030. Los promotores privados levantan bloques y la Comunidad de Madrid firma licencias, pero la infraestructura eléctrica necesaria para que esas casas tengan luz no está prevista a corto ni a medio plazo.
El problema no se limita a esos desarrollos. El 83,4 por ciento de los puntos de conexión de la red de distribución eléctrica española han alcanzado ya su límite de capacidad. Madrid se ha convertido en el epicentro del estancamiento: la capacidad instalada de centros de datos en la región se mantuvo congelada durante meses, mientras otras regiones avanzaban. El boom de los centros de datos que Garamendi impulsa en nombre de la digitalización y la inteligencia artificial colisiona de frente con una red que no da más de sí.
La patronal no ve este problema porque asumirlo obligaría a pinchar el mito del crecimiento ilimitado. El Estado de las Autonomías necesita sentarse con urgencia a planificar y repartir la escasez —agua y energía— bajo criterios de racionalidad ecológica. El beneficio de los promotores se privatiza hoy; el colapso de los servicios se socializa mañana.
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