El consumidor sin vecinos
Todo lo dicho comparte un supuesto que conviene romper: que quien consume el sustrato es la gente. El trinquete anterior, con toda su perversidad, aún necesitaba convocar población para amortizar lo construido. Necesitaba personas. En esta fase del siglo ha irrumpido un demandante que ya no las necesita, y por eso lo cambia todo: el centro de datos.
Un centro de datos consume la electricidad y el agua de una ciudad entera sin aportar un habitante que la pague. Las cifras de Madrid son las de un cambio de escala, no de grado: la región cerró 2024 con 195 megavatios instalados en centros de datos, y la patronal del sector proyecta 365 al cierre de 2025, 550 en 2026 y 735 en 2027.
En tres años la potencia se cuadruplica, sin un vecino nuevo censado. En nuestra unidad: el módulo de 25.000 habitantes demandaba entre 30 y 40 megavatios; el centro que Meta construye en Talavera, uno solo, son 248, el equivalente de seis o siete módulos condensados en un recinto sin apenas empleados.
Y el salto previsto, de 195 a 735 megavatios, son 540 nuevos: catorce módulos de electricidad, más de la mitad de la corriente que calculábamos para llevar a toda la región a los ocho millones. La pide, ella sola, la máquina digital. Sin colegios, sin comercio, sin padrón.
Con el agua el desajuste no se duplica: cambia de naturaleza. El centro de Microsoft en Meco consume 24 millones de litros al año; el de Meta en Talavera, 505 millones. Y a diferencia del agua urbana, esta apenas vuelve: la refrigeración la evapora, no la devuelve depurada al ciclo.
Rompe la simetría del módulo, en el que casi todo lo que entra como abastecimiento sale como agua residual tratable; aquí el agua entra y se pierde en el aire. Peor aún, el consumo es rígido y continuo: no baja de noche ni afloja en agosto, cuando el río va más bajo. La demanda menos flexible sobre el recurso menos elástico que tenemos, en un país que la Agencia Europea de Medio Ambiente cataloga con estrés hídrico alto.
Y con ello se desmorona la última coartada del modelo. Todo desarrollo se ha vendido siempre por lo que trae: vecinos, empleo, vida. El centro de datos consume el suelo industrial de una comarca —cuyo precio se ha multiplicado por cinco en una década, expulsando a la manufactura que sí emplea— y funciona casi sin trabajadores: una nave automatizada.
Consume como una ciudad y da empleo como un almacén. Aquel «coste cero» municipal se vuelve aquí más crudo: coste cero de vecinos. Paga su impuesto de bienes inmuebles, cierto, pero no llena un aula ni sostiene una tienda. Rompe el pacto tácito de todo crecimiento —recursos a cambio de población y actividad— y se queda con la mitad que consume.
El dato es, además, el combustible perfecto del trinquete. La espiral necesitaba salir a buscar vecinos para amortizar la infraestructura, y eso lleva tiempo y admite discusión; el centro de datos salta ese paso: justifica por sí mismo la subestación, la línea de alta tensión y la captación de agua sin esperar a que llegue una sola familia, porque su promotor tiene capital global, prisa y contratos firmados.
Es el argumento definitivo para adelantar la infraestructura al presente. Y una vez tendida esa red, la propia capacidad se ofrece como razón para atraer más carga: el mismo trinquete, más rápido, y sin el freno de tener que prometer viviendas.
De modo que la ecuación pasa a tener dos sumandos que compiten por el mismo denominador finito. De un lado, los vecinos —ciento cincuenta mil en Valdemoro, ocho millones en la región—, que consumen de forma acoplada a su número.
Del otro, el dato, que consume luz y agua de forma desacoplada, inflexible y sin contrapartida de población. Ambos beben de la misma red saturada y de la misma cuenca del Tajo. La competencia es directa, de suma cero: cada megavatio y cada hectómetro cúbico comprometido con un centro de datos es capacidad que no estará para los vecinos que el otro sueño promete alojar.
El centro de datos no viene a duplicar las necesidades del territorio: viene a disputárselas a las personas. Esa es la pesadilla al cuadrado, y no hace falta subrayarla: los números la sostienen solos.
En honor a la verdad, el sector alega razones atendibles: la refrigeración líquida recorta el consumo de agua, muchos operadores compran renovable y el cómputo propio es una cuestión de soberanía europea.
Nada de eso es falso. Pero ninguno responde a la única pregunta que importa: no si el dato es necesario —lo es—, sino si puede autorizarse sobre un nudo saturado y una cuenca en estrés sin evaluación integral, sin transparencia de consumo y sin haber decidido antes, y en público, la prelación entre el litro que bebe una persona y el que refrigera un servidor.
Que el Estado tramite ahora un decreto para obligarlas a declarar cuánta agua y cuánta luz gastan lo dice todo: ni siquiera sabemos lo que ya consumen. Se autoriza a ciegas.
Coste cero: quién paga el sueño y quién cobra
Falta la pregunta que ordena todo lo demás: quién paga y quién cobra. Y la respuesta está, con una limpieza casi desarmante, en un documento público del expediente que Valdemoro tramita ahora mismo.
El plan parcial del sector I-4 «Ermita de Santiago» —el macropolígono logístico de 1,37 millones de metros cuadrados que impulsa Fórum Creaciones con respaldo del fondo canadiense Brookfield— incluye, como manda la ley, un Informe de Sostenibilidad Económica.
Y ese informe afirma, textualmente, que «el coste para el Ayuntamiento de Valdemoro de la ejecución de la urbanización es cero». Todo lo asume el promotor por el sistema de compensación: las obras de urbanización, cifradas en 68,2 millones; un tramo de vía de servicio sobre la A-4, que es carretera del Estado; una subestación eléctrica propia; y un convenio de siete millones con el Canal de Isabel II. Ni siquiera el mantenimiento del viario recae luego en el presupuesto municipal: se traslada a una entidad de conservación.
Es la ecuación perfecta para un alcalde. A cambio de ese «cero», el consistorio recibe la cesión del diez por ciento del aprovechamiento —valorada en 12,7 millones—, más 9,7 de impuesto de construcciones, 2,4 de tasa de licencia y 1,6 anuales de bienes inmuebles: decenas de millones de golpe y millón y medio recurrente, sin desembolso aparente.
Pero ese «cero» es el truco de toda la operación. Lo que la contabilidad municipal presenta como coste cero es la privatización del sustrato con socialización del riesgo: el promotor ejecuta infraestructura del Estado, energética e hídrica, pero toda ella se descuelga sobre recursos compartidos y ya escasos cuyo tope no fija ni él ni el ayuntamiento, sino la física de la cuenca y de la red.
El municipio contabiliza el ingreso; el riesgo de que el agua o la corriente no lleguen lo hereda el territorio entero. El beneficio es privado y local; el límite, común y diferido.
Y conviene subrayar que nada de esto es ilegal. El sistema de compensación, la cesión del diez por ciento, la entidad de conservación: todo es el funcionamiento ordinario del urbanismo español, y por eso mismo es tan revelador.
No estamos ante una corruptela, sino ante el modelo operando a plena luz: quien controla la potestad de reclasificar el suelo captura la renta que ese trazo genera, y el coste real se reparte entre todos y se aplaza al futuro.
Que ese modelo pueda torcerse hasta el delito no es una hipótesis en Valdemoro: es su historia reciente. El municipio fue el epicentro de la trama Púnica, por la que su exalcalde y secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, y el constructor David Marjaliza organizaron, según la instrucción, la compra de suelo rústico para recalificarlo y multiplicar su valor: comprar barato, mover el lápiz, vender caro, con el poder municipal repartiéndose la plusvalía.
Conviene ser preciso, porque hay causas abiertas: Granados arrastra una condena firme por el aviso que recibió sobre la investigación, confirmada por el Supremo, y una segunda de la Audiencia Nacional, en julio de 2026, de dos años y medio por los contratos de festejos, aún recurrible; el núcleo urbanístico de la trama sigue sin sentencia firme y se apoya en la declaración de un coimputado que negoció su situación.
No es, además, un alcalde aislado: en esa misma sentencia fueron condenados otros dos exalcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza y José Miguel Moreno. Una sucesión, no una excepción. Cambia el actor —del constructor local al fondo global— y cambia la legalidad —de la trama al plan parcial en regla—, pero la pregunta de fondo es idéntica en 1999 y en 2026: quién decide dónde entra el lápiz, y quién se queda con la renta que ese trazo fabrica.
Púnica fue su versión delictiva; el «coste cero», su versión legal. Y el trazo, una vez hecho, no se borra: el sector R-2 Cantonegro, señalado por la Guardia Civil entre los tocados por la trama, seguía tramitando actos urbanísticos en 2024, con la causa penal aún abierta.
El límite que no se reclasifica
De las cinco llaves, la última —el agua— no es solo un límite físico: es también un límite legal. Recordémoslas. El suelo es elástico y el asfalto, caro pero resoluble; la electricidad está tensa, pero un cuello de botella eléctrico se resuelve con años y dinero.
El agua, en cambio, no se reclasifica con un trazo ni se fabrica con una partida: su techo no lo pone ningún pleno, sino la cuenca. Y quien lo administra es la Confederación Hidrográfica del Tajo, que autoriza —o niega— cada vertido en función del estado del cauce receptor, no el ayuntamiento que quiere crecer ni la comunidad que sueña con ocho millones.
Valdemoro lo ilustra con precisión casi didáctica: depura hoy fuera de su término, en una planta que su propio expediente reconoce al límite, y la depuradora propia que necesita para crecer lleva prevista desde 2004 sin construirse. No es solo desidia: cuando esa infraestructura se ubicó sobre suelo protegido, los tribunales anularon la reclasificación —el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2012, confirmado por el Supremo en 2015—, y la planta se quedó sin emplazamiento legal. De las cinco llaves, el agua es la única que, además de un techo físico, tiene jurisprudencia en contra. Y a ese caso —veinte años de bloqueo, sentencias y parches— dedicamos una pieza aparte.
Y el consumidor sin vecinos lo agrava: el centro de datos no bebe agua acoplada a una población que justifique el esfuerzo, la evapora también en el estiaje de agosto, cuando el Tajo va mínimo.
Los dos sueños no compiten solo por los megavatios: compiten por el mismo litro, en el mismo río, en el peor momento del año. Y ese litro tiene dueño legal, y no es la Comunidad de Madrid.
El plan como nombre de la inercia
Puestas en fila, las piezas dibujan algo más incómodo que un plan ambicioso: un mecanismo. Se proyecta un crecimiento, se construye para él la infraestructura antes de que llegue nadie y esa infraestructura, una vez hundido su coste, exige ser llenada, lo que obliga a proyectar más crecimiento.
La rueda gira en un solo sentido y no tiene cota superior, porque el único techo que la detendría se ha declarado provisionalmente irrelevante. Nada de esto es un alegato contra crecer: Madrid crece de verdad, y anticipar infraestructura es muchas veces lo responsable.
El reproche no es a crecer ni a anticiparse, sino a hacerlo declarando irrelevante el único límite que no se negocia. Anticipar respetando el techo de la cuenca es planificar; anticipar aplazándolo y construyendo por debajo, confiando en que el río aguante, es apostar. Y la diferencia se juega en una pregunta que ninguno de estos planes responde: cuánta agua puede beber de vuelta el Tajo.
Porque, despojado de cifras redondas, el asunto es de una sencillez casi física. Se puede reclasificar suelo con un lápiz —y se ha hecho, legal e ilegalmente, durante décadas en este municipio—; se puede levantar una subestación con dinero y tiempo.
Lo que no se puede es fabricar agua ni obligar a un río a llevarse más de lo que puede. Queda entonces una decisión que nadie ha tomado en voz alta: cuando llegue el verano en que el nudo eléctrico no dé para todos y el Tajo vaya bajo, habrá que elegir entre el litro que bebe una familia y el que refrigera un servidor. Esa elección existe, es inevitable y es profundamente política, y hoy está diferida a un despacho y a un futuro sin fecha. Mientras no se ponga sobre la mesa —mientras sigamos llamando plan a la gestión de una inercia y previsión a una apuesta—, no estaremos planificando el crecimiento de Madrid. Estaremos, solo, confiando en que el río aguante.
Queda una última pieza, y es la que la Comunidad prefiere no nombrar. Cuando se le señala el freno al crecimiento, apunta al Gobierno central y a la falta de enganche eléctrico «al vatio». Pero el vatio, ya lo hemos visto, se paga y se resuelve. El nudo real es la gestión del ciclo del agua, tanto el agua de boca e industrial, como el agua que va al desagüe (la saturación del saneamiento), y esta gestión no es competencia del Estado: es responsabilidad directa de la Comunidad y de su Canal de Isabel II.
De ese invitado que nadie quiere sentar a la mesa trata lo que viene en siguientes artículos.
Anexo: enlaces y referencias
- Ocho millones en la Comunidad de Madrid
- tercera fase de Tres Cantos
- M-607 a tres carriles
- red que en Madrid tiene ya el 82 % de sus nudos saturados
- demanda inducida
- centro que Meta construye en Talavera
- El centro de Microsoft en Meco
- plan parcial del sector I-4 «Ermita de Santiago
- Brookfield
- A-4
- Canal de Isabel II
- trama Púnica
- PP madrileño
- Francisco Granados
- David Marjaliza
- José Carlos Boza
- José Miguel Moreno
- Tribunal Superior de Justicia de Madrid
