Este texto analiza la estrategia de crecimiento urbano e industrial en la Comunidad de Madrid, cuestionando si la meta de alcanzar los ocho millones de habitantes con la que trabaja la Comunidad de Madrid es un progreso real o una burbuja insostenible. El escrito sostiene que las infraestructuras actuales se diseñan para atraer población futura de forma artificial, invirtiendo la lógica de la planificación y generando una dependencia peligrosa de recursos escasos.
La irrupción de los centros de datos agrava el problema, pues estas instalaciones consumen volúmenes masivos de energía y agua sin aportar residentes ni beneficios sociales claros. El análisis advierte que el verdadero límite del desarrollo no es el suelo, sino la capacidad crítica del río Tajo para absorber vertidos y suministrar agua. Finalmente, se denuncia que mientras los beneficios de esta expansión son privados y locales, los riesgos ambientales y el colapso de las redes son costes que acabará asumiendo toda la sociedad.
Ciento cincuenta mil habitantes en Valdemoro. Ocho millones en la Comunidad de Madrid. Son las dos cifras que ordenan, calladamente, la política territorial madrileña de esta década, y conviene mirarlas juntas porque son la misma criatura a dos tamaños. La primera hará crecer un 50 por ciento un municipio del sur que hoy roza los 93.000 vecinos; la segunda sumaría a la región, en quince años, casi un millón de personas, uno de cada cinco nuevos residentes de España.
Ambas se enuncian con el mismo gesto: no como una meta que alguien haya elegido y sometido a debate, sino como un pronóstico del tiempo. «La Comunidad no deja de crecer», repite el Gobierno regional, y el planeamiento, según su propia literalidad, se dimensiona «para dar respuesta al crecimiento de población previsto». La frase parece inofensiva. No lo es.
Porque encierra una inversión silenciosa de la causalidad. En una gobernanza que sirviera a quienes ya viven aquí, la infraestructura seguiría a la población: el colegio se construye cuando llegan los niños; la depuradora, cuando hay aguas que tratar.
Estas dos cifras proponen lo contrario: levantar el sustrato —suelo reclasificado, subestación, autovía, captación de agua— para una población que aún no existe, confiando en que, una vez construido, ese andamiaje obligue a convocarla.
La proyección deja de ser un cálculo y se convierte en una herramienta. No describe el futuro: lo fabrica. Y la prueba está en la letra pequeña de la propia previsión regional, que ata los ocho millones a la necesidad de «reformar el sistema de financiación autonómico que dé respuesta a este incremento». La cifra futura se usa hoy, antes de que llegue nadie, para desbloquear recursos presentes.
Sobre ese engranaje —el de la profecía que se cumple porque se ha construido el escenario que la hace inevitable— ha irrumpido en esta fase del siglo un factor que lo desborda: una máquina que consume el agua y la electricidad de una ciudad entera sin aportar un solo vecino que la habite.
Cuando el centro de datos entra en la ecuación, el sueño deja de ser optimista o temerario para volverse otra cosa. Esta es la historia de cómo dos ambiciones que se venden por separado —llenar el territorio de gente y llenarlo de datos— se financian contra el mismo suelo, la misma red y el mismo río; y de por qué, cuando el estiaje apriete, alguien tendrá que decidir a oscuras a cuál de las dos se le da la llave.
El módulo tipo: la huella de 25.000 vecinos
Antes de hablar de ciento cincuenta mil o de ocho millones conviene fijar una unidad, porque las cifras grandes anestesian y las pequeñas se comprueban. Tomemos el ladrillo con el que se construyen todos estos sueños: un desarrollo estándar en la Comunidad de Madrid para 25.000 habitantes, unas 10.000 viviendas a dos vecinos y medio por hogar.
No es una abstracción: es, casi al metro, el tamaño de la tercera fase de Tres Cantos, esas 329 hectáreas levantadas para 25.000 personas que muchos madrileños han visto crecer. Cada vez que la política habla de crecer, encarga, en el fondo, un número entero de estos módulos. Vale la pena saber qué contiene uno.
En suelo ocupa entre 100 y 330 hectáreas según se construya en torre o en chalé —del orden de 150 hectáreas en un ensanche convencional—, y solo una parte es residencial: el resto son las calles, los colegios, los parques y las zonas verdes que la ley obliga a reservar. En electricidad demanda entre 30 y 40 megavatios de potencia coincidente, esto es, una subestación nueva enganchada a un nudo con capacidad libre.
En agua, unos 5000 metros cúbicos diarios de media —cerca de dos hectómetros cúbicos al año—, con su arteria de conexión y su depósito de regulación. En movilidad genera entre 25.000 y 40.000 vehículos al día, que reclaman al menos un enlace completo con una vía de alta capacidad. Y en depuración produce una carga de 28.000 a 30.000 habitantes equivalentes que alguna estación debe poder asumir sin reventar.
Cinco llaves, entonces, y no todas igual de dóciles: suelo, corriente, agua, asfalto y depuradora. La prueba de que ninguna es prescindible la dio el propio Tres Cantos, que para acoger a sus 25.000 vecinos necesitó exactamente lo que la lista predice —ampliar la M-607 a tres carriles, ampliar su subestación y ampliar la depuradora municipal—, las tres cosas a la vez. El módulo no es un modelo de laboratorio: es la factura que la realidad ya pagó una vez. La única diferencia es que, a partir de aquí, vamos a multiplicarla.
