Una manifestación en Zaragoza reclama una moratoria ante la expansión de los macrocentros de datos. La experiencia estadounidense, los mecanismos de aprobación regional y la tramitación de LIDER en Madrid abren una discusión sobre el control municipal, la transparencia y los recursos necesarios para sostener las inversiones anunciadas.

1. Zaragoza sale a la calle

La contestación a los macrocentros de datos ha vuelto a las calles de Zaragoza este 7 de noviembre de 2026. La manifestación ha reunido a unas cinco mil personas según elDiario.es y AraInfo, mientras Heraldo de Aragón ha descrito la asistencia como de cientos de personas. La demanda central es una moratoria que permita evaluar los proyectos antes de consolidar su implantación.

La movilización reúne una crítica ambiental, una exigencia de transparencia y una discusión sobre el desarrollo económico. Los colectivos cuestionan que las inversiones anunciadas justifiquen por sí mismas el compromiso de recursos y territorio. Reclaman intervenir en decisiones cuyos efectos se prolongarán durante décadas.

La protesta forma parte de las jornadas de Stop Dirty Data Centres, con acciones convocadas en quince países europeos. Las resistencias locales empiezan así a compartir experiencias frente a una expansión cuyos efectos desbordan los límites de cada municipio.

2. Qué se promete y qué está realmente en marcha

Para entender el conflicto hay que separar las instalaciones existentes de la nueva escala anunciada. Un centro operativo, una ampliación autorizada y un campus cuya capacidad máxima se alcanzaría dentro de años no representan la misma realidad.

Tampoco son intercambiables la potencia destinada a los equipos informáticos y la demanda eléctrica total, que incluye refrigeración y otros servicios. Una presentación empresarial puede describir el horizonte completo del campus, mientras el expediente administrativo autoriza únicamente una primera fase.

El proyecto de Ferrovial en Alcobendas ilustra esa diferencia. En julio se anunció un campus de más de 100 megavatios y una inversión de mil millones de euros. Su primera fase se presentó con 60 MW de potencia total, de los cuales 40 corresponderían a carga informática. Contaba con informes favorables y licencia para movimientos de tierras: un avance acreditado que no equivale a tener todo el campus construido y funcionando. Información sobre la primera fase.

La fotografía pública del sector debería distinguir anuncio, tramitación, autorización, construcción y puesta en servicio. Sumar anuncios sin separar fases puede inflar las expectativas económicas. Ignorar los proyectos pendientes impide, a su vez, anticipar la presión acumulada que producirían si llegaran a ejecutarse.

3. Aragón y la declaración de interés general

El reportaje de El Intermedio, emitido por laSexta el 5 de noviembre, sitúa el conflicto en sus términos políticos. José Luis Montero, alcalde de Villamayor de Gállego, cuestiona las condiciones de implantación de dos macrocentros: la información recibida, el procedimiento regional, los ingresos municipales y las expectativas de empleo.

Pedro Arrojo plantea el problema del agua, la electricidad y la confidencialidad.

La representación de la Asociación Española de Centros de Datos, Spain DC, defiende la infraestructura digital, la inversión y las oportunidades económicas.

Son posiciones que deben contrastarse. La utilidad de los servicios digitales no demuestra automáticamente la conveniencia de cada emplazamiento, dimensión o condición de suministro. La denuncia de Arrojo sobre acuerdos que no se publican sitúa la transparencia entre las condiciones necesarias para evaluar esas decisiones.

Los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón —PIGA— tienen efectos concretos. Sus determinaciones prevalecen sobre el planeamiento municipal. Los proyectos pueden autorizar la edificación sin un título urbanístico adicional, mientras la Administración autonómica asume competencias de ejecución. La distinción entre plan y proyecto importa: no todos producen exactamente los mismos efectos. Legislación aragonesa, artículos 46 a 48.

También importa el retorno económico. El estudio financiero de la expansión de Amazon Web Services —AWS— sostiene que no se devengarían el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras —ICIO— ni la tasa de licencia urbanística porque las obras no requerirían título habilitante municipal. Esa es la justificación contenida en el expediente, más precisa que atribuir una exención fiscal general a cualquier actuación denominada PIGA. Estudio económico-financiero, apartado 7.

El conflicto consiste en determinar quién puede comprometer el territorio y con qué obligaciones para el promotor. La invocación del interés general necesita una explicación verificable de sus beneficios públicos.

4. Estados Unidos y la experiencia de vivir junto a estas instalaciones

La prensa estadounidense permite observar dos formas de contestación que se refuerzan mutuamente: comunidades que denuncian molestias alrededor de instalaciones en funcionamiento y poblaciones que intentan evitar la aprobación de nuevos proyectos.

En Southaven, Mississippi, medios locales han recogido testimonios sobre ruido persistente y preocupación por las emisiones de las turbinas vinculadas al abastecimiento eléctrico de los centros de xAI. El caso muestra que el impacto debe examinar también las instalaciones energéticas asociadas. Las denuncias vecinales exigen mediciones y respuestas de las autoridades. Investigación de Mississippi Today.

La oposición alcanza asimismo a proyectos futuros. Associated Press documentó en Pensilvania reuniones municipales con vecinos que pedían rechazar nuevas implantaciones y describió cómo las comunidades aprenden de otras campañas. En el condado de Cass, Nebraska, agricultores conservadores y ecologistas encontraron un terreno común en la defensa del suelo y los recursos; las autoridades aprobaron una moratoria de doce meses. Reportaje sobre Nebraska.

Estas experiencias no permiten anticipar idénticos efectos en Aragón o Madrid. Sí justifican evaluar las condiciones de la nueva expansión antes de que las autorizaciones y las inversiones reduzcan las alternativas disponibles.

5. Madrid reclama más capacidad eléctrica

El Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva tiempo presentando la capacidad eléctrica como un obstáculo para atraer centros de datos. En diciembre de 2025 afirmó que faltaba más del 70 por ciento de la potencia necesaria para determinados proyectos. Es una afirmación del Ejecutivo regional cuya base debe hacerse pública: qué instalaciones incluye, qué potencia solicitan y qué infraestructuras necesitan.

La expresión «falta de energía» puede ocultar problemas distintos. Disponer de generación en el sistema eléctrico no garantiza una conexión de gran potencia en cualquier parcela. Intervienen las líneas de transporte, las subestaciones, la distribución y la capacidad disponible en cada punto.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico —MITECO— presentó el 26 de octubre una propuesta revisada de planificación hasta 2030 que prevé atender 6,5 GW adicionales de demanda en Madrid. Contempla diecisiete nuevos parques de subestaciones, 173 kilómetros de nuevas líneas y la repotenciación de otros 290. El Ministerio describe esa ampliación como suficiente para duplicar holgadamente la demanda actual y señala que atendería necesidades residenciales, industriales y de centros de datos.

Se trata de capacidad futura propuesta, no de suministro ya disponible. Además, el Real Decreto 640/2026 amplía los márgenes de inversión retribuida en transporte y distribución para 2027-2030. Autorizar más inversión tampoco pone en servicio las redes: quedan la aprobación, ejecución y coordinación de las actuaciones.

La cuestión es qué demandas recibirán prioridad y cómo se repartirán los costes de atenderlas.

6. De los PIGA a la tramitación de LIDER

La conexión con Madrid exige precisión. La Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región —LIDER— es un proyecto de ley de ordenación territorial y urbanística. Su expediente parlamentario figura pendiente y por procedimiento ordinario. Los instrumentos comparables con los PIGA son los proyectos de alcance regional —PAR—, cuya regulación debe examinarse dentro de ese marco.

El anteproyecto oficial de diciembre de 2025 contemplaba una aprobación autonómica que vincularía el planeamiento municipal, habilitaría expropiaciones y legitimaría la ejecución en los términos previstos. También establecía información pública y audiencia a los municipios. Ese diseño permite identificar una conexión con Aragón, aunque su redacción debe distinguirse de la versión parlamentaria y de la que finalmente pudiera aprobarse. Anteproyecto de LIDER, artículos 47 y 48.

La pregunta política es qué capacidad efectiva conserva el municipio. Ser escuchado no equivale a decidir. Acelerar un expediente tampoco demuestra por sí solo ocultación, pero obliga a comprobar si la información llega con tiempo suficiente para estudiar alternativas y exigir modificaciones.

Las consecuencias fiscales deben verificarse en cada caso. La comparación con Aragón necesita identificar qué ingresos se dejan de percibir, qué administración recibe las cesiones y qué compromisos económicos asume el promotor.

7. De dónde saldrán el agua y la energía

Una planificación creíble debe sumar necesidades por ubicación y calendario. En electricidad, cada fase tendría que asociarse a una conexión, una potencia, unas obras pendientes y una fecha. También debe explicarse cómo se respaldará el suministro renovable durante las horas en que no haya suficiente producción eólica o solar.

Con el agua, el balance debe identificar proveedor, procedencia, consumo anual, demanda máxima estival y condiciones durante sequías. El Canal de Isabel II combina aguas superficiales y subterráneas, con aportaciones de sistemas como Lozoya, Jarama-Sorbe, Guadarrama-Aulencia y Alberche. Esa descripción general no acredita la disponibilidad de recursos para cualquier expansión industrial.

Los consumos deben estudiarse proyecto a proyecto. Un expediente de centro de datos en Alcalá de Henares, por ejemplo, propone prescindir del agua de proceso mediante refrigeración por aire exterior y compresión. Existen diferencias tecnológicas relevantes; su rendimiento y sus consumos deberán verificarse durante la operación.

La evaluación conjunta debe incorporar esas diferencias y las necesidades de viviendas, servicios y otras actividades. También debe explicar qué ocurre cuando coinciden calor extremo, mayor demanda eléctrica y menor disponibilidad de agua.

8. La planificación que Madrid debe hacer pública

El horizonte del Madrid de los ocho millones de habitantes, situado por Isabel Díaz Ayuso en torno a 2040, exige anticipar infraestructuras y servicios. Esa previsión debe incluir las cargas industriales que se pretende incorporar y su relación con las necesidades de la población.

La información reunida para este artículo no ofrece un balance público integrado de todos los centros anunciados, sus fases, consumos, conexiones y compromisos de suministro. Existen planes sectoriales y expedientes individuales. Falta poder contrastarlos en una misma evaluación de la expansión.

Ese balance debería permitir conocer qué proyectos pueden ejecutarse, qué infraestructuras requieren, quién las paga y qué obligaciones respaldan las promesas de empleo e ingresos públicos.

La manifestación de Zaragoza ha colocado esas decisiones en la calle. La tramitación de LIDER ofrece a Madrid una ocasión para discutirlas antes de comprometer nuevos recursos. Declarar prioritaria una inversión exige demostrar por qué lo es para quienes vivirán con sus consecuencias.

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