Amnistía Internacional sostiene que la actuación del Ministerio Fiscal en diez causas vinculadas en España al espionaje con Pegasus y Candiru al entorno independentista catalán ha contribuido a bloquear las investigaciones, prolongar la impunidad y revictimizar a las personas afectadas.
La oenegé Amnistía Internacional ha publicado este jueves 9 de julio de 2026 una investigación en la que denuncia que la Fiscalía General del Estado lleva seis años obstaculizando el avance judicial de las investigaciones sobre el presunto espionaje con Pegasus en España.
Según la organización, el espionaje a activistas, periodistas, responsables políticos y abogados, desarrollado principalmente entre 2017 y 2020, continúa sin una investigación efectiva que permita conocer la naturaleza de los hechos, sus responsables y el alcance de las vulneraciones de derechos.
Fiscalía y Pegasus: diez causas bajo análisis
El informe analiza diez procedimientos relacionados con personas del entorno independentista catalán. Amnistía Internacional concluye que la posición del Ministerio Fiscal se ha caracterizado, hasta ahora, por la inacción, la oposición a diligencias solicitadas por las acusaciones y la falta de impulso para esclarecer el papel del Centro Nacional de Inteligencia y de la empresa israelí NSO Group, propietaria de Pegasus.
La organización sostiene que el uso de programas espía como Pegasus o Candiru puede vulnerar derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.
Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional España, afirma que las víctimas llevan seis años sometidas a obstáculos para obtener auxilio judicial: «Eso solo lleva a que las víctimas sientan que nunca van a conseguir la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho».
El secreto oficial como obstáculo
Amnistía Internacional señala que las investigaciones se enfrentan a varios niveles de secretismo. Entre ellos, la falta de acceso a información clasificada y la ausencia de colaboración suficiente por parte del Gobierno, al estar parte de la documentación amparada por la normativa del CNI y por la Ley de Secretos Oficiales.
La organización reclama una reforma profunda de ambas normas para incorporar salvaguardas frente a posibles violaciones de derechos humanos, reforzar el control judicial y evitar que la clasificación de información impida investigar hechos de especial gravedad pública.
El caso Pegasus en España se enmarca en el denominado Catalangate, investigado por The Citizen Lab, y ha sido objeto de preocupación por parte del Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas.
Las víctimas denuncian desamparo
El informe recoge testimonios de personas afectadas que describen angustia, desprotección y falta de reparación. Elisenda Paluzie, economista y expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana, plantea una de las preguntas centrales de las víctimas: «¿Qué van a hacer con mis datos?».
Amnistía Internacional considera especialmente grave que se exija a algunas víctimas entregar de nuevo sus dispositivos móviles a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para nuevas periciales, pese a que ya habrían aportado informes técnicos que avalan el espionaje.
Álvarez cuestiona esa práctica por el impacto sobre la intimidad de las personas afectadas: «¿Quién entregaría su teléfono a quien sospecha que le ha espiado?».
La periodista Txell Bonet, quien se declara también víctima del espionaje, sostiene que la falta de investigación efectiva convierte el caso en un problema democrático: «No queremos un laberinto judicial, porque lo mínimo en una democracia es investigar quién ordenó el espionaje y quién lo ejecutó».
Las peticiones de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional pide a la Fiscalía que respalde las diligencias necesarias para determinar la naturaleza de los hechos, el funcionamiento de Pegasus y las responsabilidades concretas que puedan derivarse del presunto espionaje.
También reclama que el Ministerio Fiscal tenga en cuenta el contexto general de las infecciones detectadas, que no trate los casos como episodios aislados y que libere a las víctimas de una carga probatoria que, según la organización, no debería recaer íntegramente sobre quienes denuncian haber sido espiados.
Además, la organización exige a las autoridades españolas que suspendan el uso, compra, venta o transferencia de herramientas de vigilancia masiva, reformen la Ley de Secretos Oficiales y la normativa del CNI, y colaboren con los requerimientos y recomendaciones de los organismos internacionales que han examinado el uso de Pegasus y programas equivalentes.
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