Los abogados del periodista griego Thanasis Koukakis presentaron el veintiséis de agosto una demanda contra Grecia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la respuesta judicial a su vigilancia por los servicios secretos y mediante Predator. El caso traslada al ámbito europeo un conflicto que afecta a la privacidad, la libertad de expresión y el secreto de las fuentes.
La demanda cuestiona la actuación de las autoridades judiciales griegas ante la doble vigilancia sufrida por Thanasis Koukakis: mediante escuchas del Servicio Nacional de Inteligencia de Grecia y a través del programa espía Predator.
Según informó la Federación Internacional de Periodistas (FIP), los abogados del informador comunicaron el veintiséis de agosto la presentación de la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Los letrados sostienen que las autoridades nacionales se negaron a investigar «de forma independiente, imparcial y efectiva» las dos vías de vigilancia. La presentación de la demanda no implica que el tribunal haya determinado todavía su admisibilidad ni que exista una resolución sobre el fondo.
La investigación nacional y el uso de Predator
El teléfono de Koukakis permaneció controlado con Predator durante al menos dos meses de 2021, de acuerdo con la FIP. El periodista conoció la infección en 2022 y también fue informado de que había estado bajo vigilancia del Servicio Nacional de Inteligencia griego.
Las revelaciones sobre el empleo de Predator contra periodistas y otras personalidades condujeron a la condena de cuatro sospechosos en febrero de 2026. Un tribunal de Atenas ordenó entonces ampliar la investigación para determinar si se habían cometido otros delitos e identificar a quienes se beneficiaron de la vigilancia ilegal.
Sin embargo, el fiscal del Tribunal Supremo rechazó el veintisiete de abril reabrir el procedimiento, según la documentación difundida por la organización internacional de periodistas.
La demanda presentada en Estrasburgo también plantea dudas sobre la imparcialidad de esa decisión. Los abogados aseguran que el mismo fiscal había ejercido anteriormente como supervisor del Servicio Nacional de Inteligencia y que, en el verano de 2020, firmó las disposiciones que permitieron levantar la confidencialidad de las comunicaciones de Koukakis.
La petición invoca posibles vulneraciones del derecho a la vida privada, la libertad de expresión, la protección de las fuentes periodísticas y el derecho a disponer de un recurso efectivo.
El espionaje a periodistas en Grecia, bajo examen europeo
El procedimiento adquiere una dimensión cercana para España porque Grecia pertenece a la Unión Europea desde 1981 y comparte con los demás Estados miembros obligaciones relacionadas con la protección de los derechos fundamentales y el Estado de derecho.
No obstante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es una institución de la Unión Europea. Depende del Consejo de Europa y aplica el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta diferencia resulta esencial para identificar correctamente el recorrido judicial del caso.
La controversia sí forma parte de un debate abierto dentro de la UE. En junio de 2023, el Parlamento Europeo reclamó investigaciones rigurosas, reformas legales y controles independientes frente al uso abusivo de Pegasus y otros programas de vigilancia. Sus recomendaciones incluyeron referencias específicas a Grecia y España.
La Eurocámara advirtió de que estas tecnologías pueden comprometer la privacidad, la libertad de expresión, la protección de datos y el derecho a la tutela judicial cuando se utilizan sin autorización proporcionada ni supervisión independiente.
Un problema compartido por varios países europeos
El caso griego no equivale a los procedimientos abiertos en España, pero ambos comparten interrogantes sobre el control de los servicios de inteligencia, la identificación de quienes encargan la vigilancia y la eficacia de las investigaciones judiciales.
Aquí Madrid informó en julio de 2026 de las denuncias de Amnistía Internacional sobre las investigaciones españolas relacionadas con Pegasus. La organización cuestionó entonces la falta de avances para esclarecer el espionaje denunciado por activistas, periodistas, abogados y responsables políticos.
También se abordaron los retrocesos de la libertad de prensa en Europa, entre ellos las presiones sobre los medios, los obstáculos al acceso a la información y las deficiencias de los mecanismos de supervisión.
La FIP ha respaldado la iniciativa de Koukakis y ha reclamado investigaciones rápidas e independientes sobre la vigilancia de periodistas. Su secretario general, Anthony Bellanger, sostiene que proteger la libertad de prensa exige garantizar tanto la privacidad de los profesionales como la confidencialidad de sus fuentes.
La futura respuesta del tribunal de Estrasburgo deberá aclarar si la demanda supera el examen de admisibilidad y, posteriormente, si la actuación de las autoridades griegas respetó las garantías previstas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
