Un nuevo informe mundial sostiene que los programas espía, la vigilancia de las telecomunicaciones y la extracción masiva de datos avanzan más deprisa que las leyes destinadas a controlar estas prácticas. La Federación Internacional de Periodistas reclama normas más precisas, supervisión independiente y vías efectivas de reparación.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha presentado este 5 de octubre de 2026 Hacked Silence: Journalists and Surveillance — Addressing legal and regulatory challenges, un estudio sobre los marcos jurídicos que deberían impedir el espionaje ilegítimo de periodistas y que, según la organización, continúan mostrando graves carencias.
La investigación no limita el problema a la intimidad de quienes trabajan en los medios. Cuando una administración, un servicio de inteligencia o una empresa puede conocer las comunicaciones, los movimientos y la red de contactos de un periodista, también quedan expuestas sus fuentes y se reduce la información de interés público que llega a la sociedad.
Diez países y un mismo déficit de control
El informe completo de la FIP, redactado por la abogada y experta en derechos humanos Paula Ligia Martins, examina normas, resoluciones y decisiones judiciales de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana y la Organización de Estados Americanos. Añade estudios detallados de India, Pakistán, Kenia, Italia, Serbia, Brasil, México, El Salvador, Líbano y Jordania.
España no forma parte de esos diez casos nacionales. Las conclusiones son comparadas y globales, aunque resultan relevantes para el debate español sobre el control de los servicios de inteligencia, la contratación pública de herramientas intrusivas y la tutela judicial de las personas afectadas.
El patrón que identifica el documento se repite en sistemas políticos muy distintos: las normas suelen reconocer la privacidad y exigir autorización judicial, pero aparecen excepciones amplias por motivos de seguridad nacional, compras opacas de tecnología, supervisión parlamentaria insuficiente y escasas consecuencias cuando se acredita un abuso.
- Las reglas existen sobre el papel, pero las competencias de emergencia y los mandatos poco precisos debilitan las garantías.
- Los organismos de inteligencia funcionan con un nivel de transparencia limitado.
- La adquisición de programas espía y vulnerabilidades tecnológicas se adelanta a la legislación.
- Las víctimas encuentran dificultades para saber que fueron vigiladas, impugnar la medida y obtener reparación.
De una excepción de seguridad a una capacidad normalizada
La FIP advierte que la vigilancia digital ha dejado de ser una capacidad excepcional reservada a operaciones muy concretas. El crecimiento del mercado de programas espía comerciales y de los modelos empresariales basados en la extracción de datos permite combinar intrusiones selectivas con el análisis continuo de metadatos, localizaciones y relaciones personales.
El estudio también señala la función de las compañías de telecomunicaciones y las grandes plataformas. Las primeras conservan datos de tráfico y localización que pueden quedar sujetos a regímenes de interceptación legal; las segundas recopilan grandes volúmenes de información sobre navegación y vínculos sociales. La existencia de una autorización formal, subraya el análisis, no elimina la obligación de que toda injerencia sea necesaria, proporcionada, limitada en el tiempo y revisable por una autoridad independiente.
Entre los casos europeos estudiados figura Italia. El informe recuerda las investigaciones abiertas tras detectarse el programa Graphite en los teléfonos de dos periodistas de investigación y la posterior cancelación, en 2025, del contrato del Gobierno italiano con la empresa proveedora. También analiza el uso de diferentes herramientas contra periodistas y miembros de la sociedad civil en Serbia.
Una cuestión pendiente en España
El debate tiene un antecedente inmediato en España. Amnistía Internacional denunció en julio obstáculos en las investigaciones judiciales sobre Pegasus y Candiru y reclamó cambios en la legislación del Centro Nacional de Inteligencia y de secretos oficiales. La organización vinculó la falta de esclarecimiento con los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y la tutela judicial efectiva.
Otro antecedente recogido por este periódico fue el espionaje acreditado con Pegasus a más de treinta periodistas de El Salvador. El nuevo trabajo de la FIP sitúa aquel episodio dentro de un problema más amplio: la convergencia entre proveedores privados, organismos estatales y controles incapaces de seguir el ritmo de la tecnología.
Para la presidenta de la FIP, Zuliana Lainez, la sospecha de que cada llamada o desplazamiento puede estar vigilado empuja a evitar investigaciones sensibles, abandonar fuentes o autocensurarse. Su conclusión es que hacen falta leyes que definan con claridad qué herramientas pueden utilizarse, en qué circunstancias y por qué autoridad.
El informe propone como principios comunes la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad, la supervisión independiente y el derecho a un recurso efectivo. La cuestión de fondo no es impedir una interceptación judicialmente autorizada frente a un delito grave, sino evitar que la seguridad nacional se convierta en una excepción sin límites y que el secreto tecnológico impida conocer y corregir los abusos.
El estudio forma parte del proyecto internacional Brave Media. La FIP ofrece una versión navegable del informe y el documento íntegro, ambos en inglés.
