Un nuevo decreto pone condiciones a los grandes centros de datos para que su consumo no encarezca la electricidad del resto. Madrid tiene otra cuenta pendiente: cuánta red, agua, depuración y suelo puede comprometer al mismo tiempo

El Real Decreto 1032/2026, publicado el 21 de noviembre y en vigor desde el 22, cambia las condiciones de acceso a la red para los grandes centros de datos. La cuestión que lo ha precipitado es sencilla: si se conectan instalaciones que consumen mucha electricidad a todas horas, pero no crece la generación renovable capaz de cubrir esa demanda cuando se produce, aumenta el recurso al gas y la factura puede subir para todos. En Madrid, ese problema nacional se cruza con otro: los nuevos barrios y los centros de datos se tramitan por separado, aunque sus necesidades acaben en las mismas infraestructuras.

Por qué ahora

El decreto desarrolla un mandato del plan de respuesta a la crisis de Oriente Medio, aprobado en marzo. La crisis del gas explica la urgencia; la expansión de la nube y de la inteligencia artificial explica por qué el problema seguirá ahí cuando pase la crisis. Un centro puede comprar en un año tanta electricidad solar como consume en ese mismo año. Eso no resuelve de dónde sale la electricidad que necesita a las tres de la madrugada. La coincidencia entre las horas de generación y de consumo es lo que la norma quiere empezar a exigir.

La decisión llegó el mismo día que la aprobación de la planificación eléctrica hasta 2030. Son dos decisiones distintas: una amplía la red; la otra pone condiciones para usarla. En el desglose presentado al Congreso, el Ministerio cifró en 9,3 GW la capacidad prevista para centros de datos y en 6 GW la destinada a nuevas viviendas y desarrollo territorial. Son cifras nacionales de planificación, no consumos reales ni un reparto para Madrid. Dan, eso sí, la medida de la demanda que se está incorporando a la red.

Qué cambia para los centros de datos

El umbral general es de 10 MW de potencia de acceso. También se aplica si varias instalaciones del mismo titular y en la misma ubicación alcanzan juntas esa cifra. En el régimen general, el decreto exige cubrir el 80 por ciento del consumo con renovables que cumplan los requisitos de adicionalidad, es decir, con generación que reúna las condiciones de incorporación al sistema que fija la norma, y comprobar esa cobertura hora a hora. Prevé una vía temporal para instalaciones que acepten reducir automáticamente su potencia cuando el sistema lo necesite, además de pagos compensatorios por determinados incumplimientos. El objetivo es que el coste eléctrico de conectar esa nueva demanda no se traslade sin más al resto de consumidores. Artículos 2 y 7 a 10 del decreto.

También fija requisitos de eficiencia energética e hídrica y obliga a informar desde 500 kW de potencia informática, un umbral distinto del de acceso a la red. El régimen transitorio general de agua fija un máximo de 0,1 litros por kilovatio hora consumido por los equipos informáticos, en cómputo anual. Ese cociente permite comparar instalaciones; no dice cuántos metros cúbicos necesitará un recinto en agosto, qué parte será agua potable ni de dónde vendrá. La norma también protege los sistemas públicos de categoría alta frente a riesgos de acceso o interrupción desde terceros países. Artículo 13 y disposiciones transitorias.

Lo que Madrid tiene que decidir

En Torrejón de Velasco, el expediente DATA DELTA I permite ponerle tamaño a la discusión: dos edificios y una demanda eléctrica prevista de unos 105 MW. En el registro de Red Eléctrica figura una solicitud de 104,9375 MW en el nudo de Torrejón de Velasco. La cifra muestra el tamaño de la demanda prevista; el plan especial está en fase de consulta ambiental restringida, sin aprobación. En lo publicado no consta un balance que diga cuánta agua requerirá la refrigeración en verano ni qué margen quedará para otros usos.

Un bloque de viviendas suele conectarse a distribución y un gran campus puede hacerlo a transporte. No tienen por qué pedir sitio en la misma subestación. La competencia aparece allí donde ambos dependen de un mismo refuerzo aguas arriba o donde los planes coinciden en la red de abastecimiento, la depuradora o el suelo necesario para las infraestructuras. Y no todas las demandas tienen el mismo interés público: un plan de vivienda asequible, un equipamiento y un recinto privado de servidores no deberían ordenarse simplemente por quién llega antes con el expediente.

La respuesta para los 179 municipios de la Comunidad de Madrid es un balance territorial público, por zonas y por fases: potencia disponible y ya comprometida, agua anual y punta de verano, capacidad de depuración, suelo y servicios. Y junto a cada cifra, la obra necesaria, quién la paga y cuándo estará en servicio. Si un refuerzo se anuncia para 2030, no se puede dar por hecho que esté disponible el día que se entregan las llaves o se encienden los servidores. El decreto ordena la entrada de los centros de datos en la red. A Madrid le toca ordenar el crecimiento que quiere sostener con ella.

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