Una jueza federal ha rechazado la demanda del Departamento de Justicia para obtener el censo electoral completo de Washington, incluidos fechas de nacimiento, números de conducir y parte de los números de la Seguridad Social. Es la vigesimoquinta derrota en primera instancia de una ofensiva nacional que todavía continúa mediante recursos y nuevas actuaciones.
Esta entrega del Observatorio Trump, escrita en España el 24 de septiembre tras la jornada política estadounidense del día 23, analiza cómo una sucesión de tribunales está limitando el intento de la Administración de reunir información personal de los votantes antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
La jueza Kymberly K. Evanson, del Tribunal de Distrito para el oeste del estado de Washington, ha desestimado la demanda federal contra el secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs.
El Departamento de Justicia reclamaba una copia electrónica del censo estatal con todos sus campos: nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y número del permiso de conducir o los cuatro últimos dígitos del número de la Seguridad Social de cada persona inscrita.
Steve Hobbs, quien ejerce como máxima autoridad electoral de Washington, había aceptado entregar la información que la legislación estatal considera pública. Se negó, sin embargo, a facilitar las fechas completas de nacimiento, los números de conducir y los dígitos parciales de la Seguridad Social.
La ley de derechos civiles no autoriza el acceso al censo completo
El Gobierno sostuvo que el título III de la Ley de Derechos Civiles de 1960 permitía exigir la base de datos para comprobar el cumplimiento de las leyes federales sobre mantenimiento de censos e identificación de los electores.
La jueza rechazó esa interpretación. La norma permite al Departamento de Justicia solicitar determinados documentos electorales que llegan a manos de los funcionarios y deben conservarse durante veintidós meses. El censo estatal, por el contrario, es una base de datos creada por las autoridades electorales y sometida a actualización continua.
Evanson concluyó que el Congreso no concedió al Gobierno una facultad general para acceder a todos los documentos en poder de un estado. También recordó que la disposición invocada nació para combatir la discriminación racial y proteger el acceso al voto, no para crear un sistema federal ilimitado de recopilación de datos electorales.
El fallo desestima la demanda con perjuicio y sin autorización para presentar una versión corregida. Esto cierra la reclamación en el tribunal de distrito, aunque no impide que el Gobierno recurra ante una instancia superior. La petición para obligar a Washington a entregar el censo queda sin objeto.
Un resultado de veinticinco a cero en los tribunales de distrito
La decisión se incorpora a lo que la propia jueza describe como un consenso judicial creciente y unánime. Según el recuento del Campaign Legal Center, el Departamento de Justicia ha demandado a treinta estados y al Distrito de Columbia y ha perdido ya veinticinco procedimientos de este tipo ante tribunales federales de distrito.
La Administración no ha obtenido hasta ahora una sentencia favorable en primera instancia, aunque ha recurrido varias resoluciones. Al menos dieciséis estados gobernados por republicanos han entregado o se han comprometido a entregar voluntariamente sus censos completos, de acuerdo con el Brennan Center for Justice.
El caso de Washington no constituye, por tanto, un desacuerdo aislado. Confirma una división nacional: algunos estados colaboran con la recopilación federal y otros invocan sus leyes de privacidad y las competencias estatales sobre las elecciones.
El conflicto tampoco ha terminado con las derrotas judiciales. El Departamento de Justicia ha ordenado a veintinueve estados y al Distrito de Columbia que conserven los documentos relacionados con las elecciones de 2024. Las cartas advierten de posibles sanciones civiles o penales si se destruyen pruebas relevantes. La responsable federal de derechos civiles sostiene que se trata de una medida ordinaria de preservación documental durante un litigio.
Qué cambia antes de las elecciones de noviembre
El nuevo fallo transforma una suma de conflictos estatales en una pauta judicial difícil de ignorar. Los tribunales no están negando que el Gobierno federal pueda fiscalizar el cumplimiento de las leyes electorales. Están concluyendo que la disposición utilizada por Justicia no le permite obtener censos completos y continuamente actualizados con información personal protegida.
El precedente enlaza con la negativa judicial a entregar datos personales de trabajadores electorales de Fulton County. También coincide con la demanda contra posibles despliegues de agentes federales en los centros de votación.
Los tres asuntos plantean una misma cuestión institucional: qué límites mantienen los estados, los tribunales y las organizaciones civiles frente a la intervención federal en la administración de las elecciones.
No existe una encuesta nacional que mida específicamente la reacción de los votantes ante estas demandas de información. Por ello, no puede afirmarse que la derrota judicial modifique por sí sola la intención de voto ni el reparto de escaños.
Su importancia para el 3 de noviembre es operativa y democrática. El fallo protege por ahora la información confidencial de más de cinco millones de votantes de Washington y reduce las posibilidades de que el Departamento de Justicia utilice esta vía legal para revisar individualmente el censo antes de las elecciones. Los recursos pendientes determinarán si ese límite se consolida.
