Una jueza federal ha anulado la orden con la que la Administración de Donald Trump pretendía recopilar los censos electorales de los estados, cruzarlos con bases de datos federales y pedir la retirada de los votantes considerados no aptos.
La decisión, dictada el viernes 9 de octubre, impide al Departamento de Justicia continuar utilizando la información entregada voluntariamente por dieciocho estados gobernados por republicanos. La prohibición incluye compartir los datos con otras agencias federales, comprobarlos mediante registros de ciudadanía o inmigración y emplear los resultados para solicitar bajas en los censos.
La jueza del Distrito de Columbia Sparkle L. Sooknanan concluyó, en una resolución de 78 páginas, que el Departamento de Justicia carecía de autorización legal para implantar este programa nacional. La sentencia sostiene además que la política vulneraba la Ley de Privacidad y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Datos personales sin anonimizar
El Gobierno federal había solicitado a los estados copias completas de sus registros electorales. Los archivos podían incluir nombres, domicilios, fechas de nacimiento, números de permisos de conducir y fragmentos de los números de la Seguridad Social.
El objetivo declarado era localizar posibles inscripciones de personas sin ciudadanía estadounidense. Para ello, el Departamento de Justicia pretendía comparar los censos con SAVE, el sistema del Servicio de Ciudadanía e Inmigración que permite verificar la situación migratoria o la ciudadanía adquirida de una persona.
La magistrada consideró que el Gobierno había restado importancia al riesgo de identificar erróneamente como extranjeros a ciudadanos con derecho a voto. Entre los antecedentes examinados figura una auditoría que encontró más de tres millones de personas naturalizadas que todavía aparecían clasificadas como no ciudadanas en registros de la Seguridad Social.
La demanda fue presentada por Common Cause y varios votantes. Uno de ellos, Anthony Nel, nacido en Sudáfrica y nacionalizado estadounidense durante su adolescencia, había sido eliminado del censo de Texas tras ser identificado incorrectamente como extranjero. Su inscripción fue restablecida posteriormente.
Una política nacional sin autorización del Congreso
La política anulada se apoyaba en la orden ejecutiva sobre integridad electoral firmada por Trump en marzo de 2025. La disposición pidió al fiscal general que reforzara la cooperación con los responsables electorales de los estados y priorizara la aplicación de las leyes contra el voto de personas no ciudadanas.
Sin embargo, Sooknanan determinó que ni la Ley de Derechos Civiles de 1960, ni la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993, ni la Ley Ayude a América a Votar de 2002 autorizaban al Departamento de Justicia a establecer el sistema nacional diseñado por la Administración.
La jueza señaló que la resolución no impide al Gobierno federal investigar infracciones concretas ni ayudar legalmente a los estados a mantener actualizados sus registros. Tampoco limita las competencias estatales para excluir a personas que hayan fallecido, cambiado de residencia o perdido el derecho al voto conforme a la legislación aplicable.
La sentencia afecta, en cambio, al programa general con el que el Departamento de Justicia pretendía decidir qué información debía entregarse, cómo debía contrastarse y qué inscripciones debían revisar los estados. La magistrada recordó que el Congreso ha mantenido la administración ordinaria de los censos en manos estatales.
Una causa distinta de la que llegó al Supremo
La decisión debe diferenciarse del litigio sobre la ampliación de la base SAVE. En junio, la misma jueza anuló los cambios introducidos por el Departamento de Seguridad Nacional para utilizar esa herramienta en la verificación de votantes. El Tribunal Supremo permitió en septiembre que el sistema volviera a funcionar provisionalmente mientras continúa el procedimiento judicial.
Aquella intervención de urgencia no resolvió definitivamente la legalidad de SAVE. Tampoco autorizó al Departamento de Justicia a recopilar por su cuenta los censos completos de los estados. La nueva sentencia examina precisamente esa segunda política y concluye que excede las facultades conferidas al departamento.
El fallo amplía las derrotas sufridas por la Administración en su ofensiva para obtener información electoral. El Departamento de Justicia demandó a treinta estados y al Distrito de Columbia que rechazaron entregar sus archivos completos. Hasta ahora, los tribunales han desestimado sus pretensiones en la práctica totalidad de los casos resueltos.
Efectos limitados antes del 3 de noviembre
La proximidad de las elecciones legislativas limitará el efecto inmediato de la disputa. La legislación federal prohíbe las depuraciones sistemáticas de los censos durante los noventa días anteriores a unas elecciones federales. Los estados sí pueden corregir casos individuales, pero no emprender una revisión general en las semanas previas a la votación.
Por ello, la sentencia tendrá probablemente más importancia para la organización de futuras elecciones, incluida la presidencial de 2028, que para las legislativas del próximo 3 de noviembre. El Departamento de Justicia ha indicado que estudia la resolución y todavía puede recurrirla o solicitar que se suspenda su aplicación.
Trump llega a las elecciones con un 32 por ciento de aprobación
No se ha publicado una encuesta nacional específica sobre esta sentencia ni sobre el uso federal de los censos electorales. El contexto demoscópico más reciente lo aporta el sondeo de Reuters/Ipsos efectuado entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre.
La encuesta sitúa la aprobación de Trump en el 32 por ciento, frente a un 65 por ciento de desaprobación. Entre los votantes registrados, los candidatos demócratas aventajan a los republicanos por un 44 frente a un 37 por ciento en la pregunta sobre el voto al Congreso.
El estudio reunió una muestra nacional de 4506 adultos y presenta un margen de error de 1,5 puntos porcentuales para el conjunto de los entrevistados. A menos de un mes de las elecciones del 3 de noviembre, la batalla sobre los censos se incorpora así a una campaña en la que el Partido Republicano intenta conservar el control del Congreso con un presidente situado en mínimos de popularidad.
