El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido por seis votos contra tres que la Administración de Donald Trump reactive temporalmente la base federal SAVE para comprobar la ciudadanía de votantes. La decisión suspende una sentencia que había invalidado la ampliación del sistema por problemas legales y de privacidad, pero no autoriza depuraciones masivas antes de las elecciones del 3 de noviembre.
La resolución del Tribunal Supremo concede al Gobierno una medida cautelar mientras continúa la apelación sobre la legalidad de la base de datos. No constituye una sentencia definitiva sobre el fondo del caso.
El fallo permite utilizar la versión ampliada del sistema Systematic Alien Verification for Entitlements, conocido por las siglas SAVE, para hacer comprobaciones individualizadas solicitadas por autoridades estatales y locales.
La decisión representa una victoria procesal para el presidente Donald Trump después de una sucesión de resoluciones contrarias a sus iniciativas electorales. Sin embargo, su alcance inmediato está limitado por la prohibición federal de efectuar programas sistemáticos de depuración del censo durante los noventa días anteriores a unas elecciones federales.
Una base creada para comprobar prestaciones
SAVE nació en 1986 para que organismos públicos pudieran verificar el estatus migratorio o la ciudadanía de solicitantes de prestaciones. Los estados lo utilizan también para comprobaciones electorales desde 2005, pero su información procedía principalmente de registros migratorios y de naturalización.
La Administración Trump amplió el sistema en 2025 mediante la incorporación de archivos de la Administración de la Seguridad Social. La modificación añadió datos de ciudadanos nacidos en Estados Unidos y permitió búsquedas con nombres, fechas de nacimiento y números de la Seguridad Social.
La orden presidencial pretendía facilitar que los responsables electorales contrastaran las inscripciones con registros federales de ciudadanía. Según la documentación judicial, veintisiete estados utilizaban SAVE con fines electorales cuando el asunto llegó al Supremo.
La participación sigue siendo voluntaria. El Gobierno federal proporciona los resultados de las consultas, pero corresponde a los estados decidir si usan el sistema y adoptar cualquier medida sobre sus censos dentro de los límites de la legislación electoral.
Los tribunales inferiores apreciaron riesgos legales y de privacidad
La Liga de Mujeres Votantes, varias de sus organizaciones estatales, el Electronic Privacy Information Center y cinco ciudadanos demandaron al Departamento de Seguridad Nacional, la Administración de la Seguridad Social y el Departamento de Justicia.
Los demandantes sostuvieron que la concentración de información personal procedente de diferentes organismos vulneraba la Ley de Privacidad, la Ley de Seguridad Social y las normas administrativas que obligan a explicar y supervisar los intercambios de datos federales.
Un tribunal federal del Distrito de Columbia les dio la razón en junio e invalidó la modificación de SAVE. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó suspender esa decisión mientras estudiaba el recurso del Gobierno.
El Supremo revierte ahora temporalmente esas resoluciones. La mayoría considera probable que una norma federal que obliga a facilitar información sobre ciudadanía y estatus migratorio autorice el intercambio de datos empleado por la nueva versión de SAVE.
La disidencia advierte de errores sobre ciudadanos naturalizados
La magistrada Ketanji Brown Jackson, quien redactó el voto discrepante, estuvo acompañada por Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Jackson criticó que la mayoría adoptara la decisión sin una vista oral ni una revisión completa del litigio.
La disidencia subraya que algunos registros de la Seguridad Social pueden conservar información desactualizada sobre personas que obtuvieron la ciudadanía después de recibir su número. Esa deficiencia podría identificar incorrectamente como no ciudadanos a votantes naturalizados.
Jackson recordó que el tribunal de distrito documentó casos en Texas en los que una ciudadana perdió su inscripción sin saberlo y otras dos personas tuvieron que aportar pruebas de ciudadanía para conservarla. Para la magistrada, el riesgo de imponer cargas o privar del voto incluso a un número reducido de ciudadanos supera el perjuicio alegado por el Gobierno.
El límite de los noventa días reduce el efecto inmediato
La mayoría reconoce que la Ley Nacional de Registro de Votantes impide que los estados completen programas sistemáticos para eliminar inscripciones durante los noventa días anteriores a una elección federal. Esa restricción reduce el posible efecto de SAVE sobre los comicios del 3 de noviembre.
La resolución sí permite efectuar consultas individualizadas durante ese periodo. El Supremo no ha decidido todavía si la prohibición de los noventa días admite excepciones cuando un estado considera que una persona inscrita no tiene ciudadanía estadounidense; esa cuestión se examina en otro procedimiento.
California ya ha anunciado que no utilizará la base y que la resolución no modificará sus reglas electorales. Otros estados pueden adoptar posiciones diferentes, por lo que el efecto práctico dependerá de las decisiones de cada administración electoral y de los recursos que presenten los votantes afectados.
Una victoria cautelar que no cierra los litigios electorales
La decisión introduce una excepción relevante en la serie de derrotas judiciales examinada por este Observatorio sobre las peticiones federales de datos privados de los votantes. Los procedimientos, sin embargo, no son idénticos.
Las demandas desestimadas pretendían obligar a los estados a entregar sus censos completos al Departamento de Justicia. El caso SAVE se refiere a la facultad de organismos federales para combinar sus propios registros y responder a consultas voluntarias de autoridades estatales y locales.
La victoria de Trump es además provisional: la suspensión permanecerá mientras el Tribunal de Apelaciones resuelve el recurso y, en su caso, mientras el Supremo decide si revisa posteriormente la sentencia definitiva.
No existe una encuesta reciente que mida específicamente la opinión sobre SAVE o sobre esta resolución. La última medición de Reuters/Ipsos sitúa la aprobación general de Trump en el 32 por ciento y concede a los demócratas una ventaja de 43 a 35 por ciento entre votantes registrados en la pregunta genérica sobre el Congreso.
Esos datos no permiten atribuir consecuencias electorales a la base federal ni proyectar el reparto de escaños. Sí muestran que la disputa sobre los censos se desarrolla en un escenario competitivo, con votación anticipada ya iniciada en algunos estados y a poco más de un mes de las elecciones legislativas.
