El magistrado Samuel Alito, una de las voces más conservadoras del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha expresado su malestar con la retórica empleada por el presidente Donald Trump y por miembros de su Administración contra los tribunales cuando sus decisiones contrarían al Gobierno.
Alito afirmó que no le agradan esos ataques durante una entrevista concedida a The Associated Press. Aunque admitió que las resoluciones judiciales pueden recibir críticas severas, distinguió entre el desacuerdo con el contenido de una sentencia y la descalificación personal de los jueces.
La declaración resulta significativa porque procede de un magistrado que habitualmente forma parte de la mayoría conservadora del Supremo y que ha respaldado varias posiciones jurídicas defendidas por Trump. Alito también rechazó que sus decisiones puedan identificarse automáticamente con el movimiento MAGA y aseguró que examina cada asunto conforme a sus méritos, con independencia de quién ocupe la presidencia.
Los recursos de emergencia se multiplican
La principal advertencia de Alito se refiere al aumento de las solicitudes de emergencia que llegan al Tribunal Supremo. Según explicó, el número de estas peticiones ya rivaliza con el de los casos que los nueve magistrados estudian mediante el procedimiento completo, con alegaciones escritas, audiencia pública y una sentencia razonada.
Los recursos de emergencia, conocidos informalmente como parte del «expediente de urgencia», permiten solicitar al Supremo una intervención rápida mientras el litigio continúa en los tribunales inferiores. Las órdenes pueden aprobarse en días o semanas y a menudo contienen una fundamentación mucho más breve que las sentencias ordinarias.
En principio, sus efectos son provisionales. En la práctica, pueden mantener durante meses o años una medida gubernamental, suspender una decisión de un tribunal inferior o alterar las condiciones en las que se aplican las políticas públicas mientras se resuelve el fondo del litigio.
Entre los asuntos recientes figuran medidas relacionadas con el proyecto de Trump de construir un salón de baile en la Casa Blanca y las restricciones que pretende imponer al voto por correo antes de las elecciones legislativas. El Supremo también ha intervenido repetidamente en litigios sobre inmigración, empleo público y competencias presidenciales.
Una vía favorable para la Administración
La Administración Trump ha obtenido mejores resultados en esta vía urgente que en algunos asuntos sometidos al procedimiento ordinario. El Gobierno ha sufrido derrotas en casos examinados sobre el fondo, entre ellos los relativos a los aranceles y a la pretensión de restringir la ciudadanía por nacimiento, pero ha conseguido mantener temporalmente varias de sus políticas mediante órdenes de emergencia.
Alito atribuye parte de esta situación al creciente uso de órdenes ejecutivas para adoptar medidas que anteriormente habrían requerido una ley del Congreso. Esas decisiones generan demandas inmediatas y, cuando un tribunal inferior paraliza una política de alcance nacional, la Administración acude al Supremo para solicitar una respuesta rápida.
El magistrado considera que el aluvión continuará mientras no cambie esa dinámica. El fenómeno también ha provocado críticas dentro del propio tribunal. La magistrada Ketanji Brown Jackson, quien integra el bloque progresista, ha cuestionado en distintas resoluciones la rapidez, la falta de información y las consecuencias prácticas de algunas decisiones adoptadas por esta vía.
Un reproche desde la mayoría conservadora
Alito, de 76 años, fue propuesto por el presidente George W. Bush y ocupa su puesto desde enero de 2006. Es autor de la sentencia que, en 2022, eliminó la protección constitucional federal del derecho al aborto establecida por el precedente Roe contra Wade. Su trayectoria lo sitúa entre los integrantes más constantes del bloque conservador.
Trump lo ha elogiado públicamente, pero al mismo tiempo ha calificado de «antipatrióticos» o débiles a jueces que han fallado contra su Administración, incluidos algunos de los que él mismo nombró durante su primer mandato. Alito sostuvo que el lenguaje utilizado por presidentes y altos cargos para referirse a los tribunales ha cambiado durante los últimos quince años.
A su juicio, esa retórica contribuye al deterioro de la confianza pública en la Justicia, aunque aseguró que no condiciona sus votos. La advertencia coincide con una sucesión de enfrentamientos entre la Casa Blanca y los tribunales federales. En las últimas semanas, distintos jueces han frenado actuaciones del Gobierno, incluida la exigencia de entregar datos privados de los votantes.
La confianza en el Supremo, cerca de mínimos históricos
No existe una encuesta específica sobre las declaraciones de Alito ni sobre el uso de los recursos de emergencia. Sin embargo, los datos más recientes muestran un deterioro de la percepción pública del tribunal.
Una encuesta de Gallup, elaborada entre el 1 y el 17 de septiembre 2026, situó en el 34 por ciento la aprobación de la actuación del Supremo, prácticamente el mínimo de toda la serie. El 61 por ciento la desaprobó y únicamente el 46 por ciento dijo mantener mucha o bastante confianza en el poder judicial federal.
La valoración está profundamente dividida por partidos: el 65 por ciento de los republicanos aprueba al tribunal, frente al 31 por ciento de los independientes y el 12 por ciento de los demócratas. Al mismo tiempo, un 43 por ciento de los estadounidenses considera que el Supremo es demasiado conservador.
La controversia adquiere además una dimensión electoral ante los comicios legislativos del 3 de noviembre. Las decisiones urgentes sobre el voto por correo, las bases federales de verificación y los requisitos electorales pueden modificar las reglas aplicables mientras los recursos siguen pendientes. El propio Supremo permitió recientemente a la Administración reactivar una base federal para comprobar la ciudadanía de los votantes.
La intervención de Alito no supone un distanciamiento general de la agenda jurídica conservadora, pero introduce una objeción institucional desde el interior de la mayoría del tribunal: las victorias provisionales obtenidas por la Casa Blanca mediante procedimientos acelerados no eliminan el coste que los ataques políticos y la tramitación urgente pueden tener para la legitimidad del Supremo.
Pie de foto: Tribunal Supremo de Estados Unidos el 7 de octubre de 2026
Fila delantera, de izquierda a derecha: magistrada Sonia Sotomayor, magistrado Clarence Thomas, presidente del Tribunal Supremo John G. Roberts, Jr., magistrado Samuel A. Alito, Jr. y magistrada Elena Kagan.
Fila trasera, de izquierda a derecha: magistrada Amy Coney Barrett, magistrado Neil M. Gorsuch, magistrado Brett M. Kavanaugh y magistrada Ketanji Brown Jackson.
