El mayor proyecto digital del corredor del Henares pide, para un solo recinto, una potencia equivalente a más del ochenta por ciento de toda la capacidad de centros de datos que la Comunidad de Madrid declaraba en servicio en 2024. Lo tramita un municipio que todavía no ha cruzado el umbral administrativo de los 20.000 habitantes. Y ningún instrumento suma esa demanda con la de sus vecinos del corredor.
Los anuncios que cambian un territorio no suelen tener titular. El 6 de febrero de 2026, entre los «otros anuncios oficiales» del Boletín Oficial del Estado, la Delegación del Gobierno en Madrid sometió a información pública un expediente eléctrico de nombre árido —SET 02/25— y contenido técnico: una subestación de 220/20 kilovoltios y una línea soterrada de menos de un kilómetro en el término de Villalbilla. Nadie retiene un anuncio así. Y, sin embargo, lo que abre esa media página del Boletín no es una subestación: es una escala de demanda que hasta ahora no había pisado el municipio.
1. El anuncio que abre una puerta de 181 megavatios
La finalidad del expediente, escrita sin énfasis en el propio texto oficial, es conectar a la red de transporte un centro de procesamiento de datos —el bautizado IGNIS DATA BETA II— de 181,62 megavatios de potencia. El peticionario es Ignis Data Alfa, S.L.; el presupuesto de ejecución material declarado para la infraestructura eléctrica asciende a 17.435.343,87 euros.
Para dimensionar la cifra conviene no perderla entre decimales: 181,62 megavatios es la potencia que un solo recinto reclama en un municipio de campiña, al este de Alcalá de Henares, que hasta ayer crecía a base de urbanizaciones y pequeños polígonos. Ese es el verbo que ordena todo lo demás: abre.
2. Un pueblo por debajo del umbral
Villalbilla tenía 18.687 habitantes el 1 de enero de 2025, según el padrón del Instituto Nacional de Estadística. La cifra importa por una razón administrativa: mientras no cruce los 20.000, el municipio se rige por el tramo de la Ley de Bases del Régimen Local en el que la asistencia provincial y autonómica pesa más —prevención y extinción de incendios, protección civil, servicios que un ayuntamiento pequeño no sostiene solo—.
Esa es la asimetría de fondo: un término que todavía se ordena como pueblo se dispone a alojar una instalación que se comporta como pieza metropolitana. El tamaño administrativo dice una cosa; la demanda de infraestructura, otra bien distinta.
3. La red ordinaria no basta
La prueba de que no se trata de un consumidor más está en el propio proyecto. Para alimentar el centro no vale con engancharlo a la red existente: hace falta construir una subestación dedicada —la SET Beta II, con cuatro transformadores de 100 megavoltamperios— y tender una línea subterránea de alta tensión de 986,18 metros hasta la red de transporte, en concreto hasta un apoyo de la línea Atanzón–Ardoz que gestiona Red Eléctrica.
El promotor plantea, además, un modelo de autoconsumo con excedentes alimentado por siete plantas fotovoltaicas cercanas; pero la conexión a la red sigue siendo imprescindible. Y esa infraestructura no se agota en Villalbilla: la evacuación asociada cruza también los términos de Anchuelo y Torres de la Alameda. Cuando un proyecto necesita su propia subestación de 220 kilovoltios, está diciendo, en lenguaje técnico, que la red ordinaria no lo aguanta.
4. 181 frente a 216
La magnitud se entiende del todo al compararla con la propia contabilidad de la Comunidad. En septiembre de 2025, un informe de la Consejería de Digitalización cifró en 216 megavatios la capacidad de centros de datos en servicio en toda la región en 2024 —treinta y cinco instalaciones en funcionamiento y once en construcción—, con previsión de alcanzar 522 megavatios cuando entren las que se están levantando. Puestas las cifras una junto a la otra, el resultado cuesta de digerir: los 181,62 megavatios que reclama DATA BETA II equivalen a más del ochenta por ciento de todo lo que la región declaraba en servicio apenas un año antes. Un municipio de menos de 20.000 habitantes abre, con un solo expediente, una demanda de orden regional.
5. El litro que no se paga
Queda la pregunta que el expediente eléctrico no responde: el agua. Villalbilla se abastece del Canal de Isabel II y no consta captación propia. Cuánta agua consumirá el centro y con qué tecnología se refrigerará —circuito cerrado, torres evaporativas, agua regenerada— no figura en la documentación eléctrica, que es la única sometida a información pública hasta ahora. Y ahí reaparece el punto ciego de siempre: el vatio se paga —tarde, caro, con subestación propia, pero se paga—; el litro, mientras nadie lo exija por escrito, no. Antes de consolidar el uso habría que publicar consumo, sistema de refrigeración, abastecimiento y saneamiento del recinto. Hoy no consta.
6. Nadie suma el Henares
Y por encima de Villalbilla está el corredor. DATA BETA II no es un caso aislado: comparte cuenca, red y carreteras con los centros de datos de Alcalá de Henares, con el proyecto de Torrejón y Paracuellos, con los suelos de actividad de Meco. Cada expediente viaja por su ventanilla —el eléctrico por el Estado, la evaluación ambiental por la Comunidad, el planeamiento por el ayuntamiento, los residuos hacia el complejo de Loeches, el agua hacia el sistema Henares–Jarama–Tajo— y ninguno suma con el de al lado. No hay un solo documento que agregue, antes de aprobar nada, la demanda acumulada de agua, electricidad, depuración, residuos, movilidad y emergencias de todos los centros de datos y desarrollos del Henares. La carga total del corredor no aparece en ningún expediente por una razón elemental: no hay expediente que la calcule. Nadie suma el Henares.
7. El pueblo ya se plantó
Villalbilla no ha esperado sentada. El municipio arrastra desde 2025 un conflicto abierto por la otra cara de esta misma expansión energética: las macroplantas fotovoltaicas que aspiran a ocupar su suelo rústico. Y ahí la reacción ha sido rápida y organizada. Frente al proyecto Envatios XXIV – Fase III —70,8 megavatios y unas 335 hectáreas repartidas entre Villalbilla y Torres de la Alameda— nació la Plataforma para la Defensa del Viso, que se declara ciudadana, técnica y apartidista. Frente a la planta «La Rubia», en la Dehesa de los Hueros, se levantó Salvemos la Dehesa de los Hueros, que llegó a reunir a unas doscientas personas en la Plaza Mayor. Y por encima de ambas, una coordinación comarcal, Henares en Verde, que agrupa a vecinos de Alcalá, Villalbilla y los pueblos del entorno en defensa de lo que llaman «el pulmón verde de Alcalá».
La movilización ha dado frutos medibles: el 12 de noviembre de 2025, el pleno de Villalbilla aprobó por unanimidad paralizar «La Rubia» y abrir la modificación de las Normas Subsidiarias para blindar el suelo frente a nuevos parques solares. No fue un choque entre gobierno y oposición: votaron a favor todos los grupos, del PIM al PSOE pasando por PP y Vox. El eje del conflicto no es partidista; es el municipio frente a lo que se decide por encima de él.
Y ahí asoma el reconocimiento más revelador, que hace el propio Ayuntamiento: sostiene que nunca fue informado del proyecto Envatios desde su arranque en 2022 y que solo accedió a la documentación cuando esta llegó al Boletín. Un consistorio que se entera por el BOE de una infraestructura que ocupa su propio término es la versión administrativa de lo que este artículo viene sosteniendo.
Y queda un último hilo: en la lista de proyectos energéticos que el municipio vigila oficialmente, figura con nombre propio la línea de Bruma Solar, una de las siete plantas fotovoltaicas que el mismo Boletín declara como suministro de autoconsumo del centro de datos —y que, igual que Ignis Data Alfa, lleva el sello de Ignis—. Los campos de placas contra los que se moviliza el pueblo y los 181,62 megavatios que se tramitan sin apenas ruido no son dos historias: son dos hilos del mismo nudo.
8. La pregunta antes de abrir
Conviene decirlo sin épica y sin conspiración. Aquí no hay una trama: hay una estructura de incentivos. Un promotor encarga los estudios que justifican su proyecto; una administración recibe un expediente ya armado; el patrón se repite corredor abajo sin que nadie tenga que coordinarlo.
Villalbilla, además, ofrece una virtud para el análisis: no está colmatada, todavía abre suelo. Por eso su prueba resulta especialmente limpia. La cuestión no es cuánto suelo puede transformar, sino qué garantías exige antes de convertir una bolsa urbanizable en demanda irreversible: que el agua, la red, la movilidad, los residuos y las emergencias se acrediten juntos —y antes—, no expediente a expediente, cuando la decisión ya no se pueda voltear. Villalbilla abre la puerta. La pregunta es quién comprueba, antes de cruzarla, que al otro lado cabe lo que entra.
Enlace con la ficha extendida del municipio
La investigación pendiente
La investigación pendiente. Este periódico seguirá el trámite de DATA BETA II y solicitará el consumo hídrico y el sistema de refrigeración previstos, el margen efectivo de las redes de agua y saneamiento que sirven al municipio y la existencia —o ausencia— de una evaluación que sume la demanda conjunta de los centros de datos del corredor del Henares.
