Un municipio de 5175 habitantes, sin plan general, ve cómo cincuenta y seis hectáreas de ribera y monte junto al Jarama pasan de forestales a agrícolas por un informe ambiental de la Comunidad de Madrid, después de un vallado y un riego anteriores a los permisos y con una sanción de 212.149 euros a su Ayuntamiento por el agua. Ningún instrumento suma lo que ese tramo del río soporta.
Una finca entre el río y una urbanización
Valdetorres de Jarama tiene 5175 habitantes según el padrón del INE de 2025 y se rige por unas normas subsidiarias de planeamiento, de las que solo consta una modificación puntual de 2015. No consta plan general. El listado oficial de informes de impacto territorial, actualizado el 15 de septiembre de 2026, no recoge ninguno de Valdetorres.
Lo que más suelo transforma allí, sin embargo, no pasa por el planeamiento. Sancorganic, una empresa que se define como familiar y española y presume de más de quinientas hectáreas y de más de cien mil pistacheros entre Ávila y Madrid, posee unas 150 hectáreas entre el río Jarama y la urbanización de Silillos. Ese proyecto arrancó en marzo de 2022; la Consejería de Medio Ambiente lo calificó en 2024 de uno de los casos «más complejos» que maneja.
Lo que se hizo antes de los permisos
En diciembre de 2022, la Comunidad multó a la empresa con 3500 euros por eliminar vegetación protegida para colocar una valla, y abrió otros cinco expedientes de disciplina ambiental. La propia Consejería había respondido a PACMA que no constaba informe de impacto ambiental preceptivo para las obras. El Ayuntamiento defendió que la empresa tenía las autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo y de Vías Pecuarias y que la altura del vallado permitía a los corzos entrar y salir. En agosto de 2023, el SEPRONA recogió tres cadáveres de corzos en el vallado; la investigación pasó a la Fiscalía de Medio Ambiente.
El agua fue lo más caro. La CHT impuso al Ayuntamiento una sanción de 212.149 euros por extracción de aguas subterráneas sin autorización ni concesión y por daño al dominio público hidráulico, al haber permitido que la empresa regara con un pozo, según el debate en la Asamblea de Madrid el riego alcanzaba 48 hectáreas. El alcalde, José María de Diego, al frente de la Agrupación por el Progreso de Valdetorres, se ampara para no hacer declaraciones en que el expediente está judicializado y «toca esperar».
El informe de febrero de 2026
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior emitió en febrero de 2026 un informe de impacto ambiental positivo para cambiar de forestal a agrícola una superficie de 55,67 hectáreas en cuatro parcelas del polígono 1, junto a la ZEC de las cuencas de los ríos Jarama y Henares. Son bosques de ribera —sauces, fresnos y chopos—, retamares y pastos. Según el estudio de la propia empresa, la actuación se llevará por delante 370 árboles; como compensación, plantará 125 hectáreas en Fuentidueña de Tajo, a ochenta kilómetros. El informe recoge además 2,58 hectáreas plantadas indebidamente en la zona de conservación prioritaria de la ZEC que todavía no se habían retirado, según El Consistorio.
La Plataforma Ecologista Madrileña, que había presentado alegaciones en diciembre de 2023, sostiene que la Consejería optó por un procedimiento simplificado que redujo la participación pública, y recuerda que la Dirección General de Biodiversidad exigía en marzo de 2023 no eliminar ejemplares arbóreos y en mayo de 2024 estimó que no era probable un efecto apreciable sobre la vegetación: «un cambio de opinión muy sorprendente». La empresa lo cuenta al revés: dice que los terrenos eran agrícolas, con maíz, hasta que una gravera los devolvió al uso forestal; que la Red Natura queda fuera de la finca, aunque cerca; y que tiene todos los permisos en orden.
Silillos y la permuta
La urbanización de Silillos linda con la finca. En una asamblea celebrada el 2 de octubre de 2022 se trató un preacuerdo para permutar zonas verdes urbanizables por terrenos rústicos que había comprado Sancorganic: la empresa habría recibido 140.000 metros cuadrados de suelo verde a cambio de 228.000 rústicos, según los vecinos que se oponen.
Esos vecinos denunciaron el 25 de septiembre de 2023 al alcalde y al secretario ante la Fiscalía, acusación que queda atribuida a los denunciantes y sin resolución conocida, y se enteraron del pleno que trataba disolver la entidad urbanística con cuarenta y ocho horas de antelación. Hoy denuncian además el cierre de un camino público que consideran de evacuación de emergencia.
La cuenta del río
En ese mismo tramo del Jarama confluyen tres asuntos que se tramitan por separado. La depuradora del Canal de Isabel II, renovada en 2012 para más de 10.700 habitantes de carga, tiene una red unitaria que en lluvias fuertes descarga sin depurar al cauce; el Canal licitó en junio de 2025 una obra de 9,39 millones de euros para tratar esos alivios. Sobre la ribera se planifican cincuenta y seis hectáreas de regadío, con dos pozos nuevos previstos. Y los vecinos sitúan la tala a unos cien metros del río. En los documentos consultados no aparece la cuenta que sume alivios, riego y talas sobre el mismo cauce; queda pedirla por escrito a la CHT, al Canal y a la Dirección General de Urbanismo. Los residuos del municipio, por último, van a la Mancomunidad del Noroeste, de la que es miembro; el contrato del complejo ambiental que debe sustituir al vertedero se ha relanzado en octubre de 2026.
El mejor argumento contrario es que el cultivo es legal, que la Comunidad autorizó el cambio de uso tras una evaluación ambiental y que compensa con más superficie de la que pierde. Es cierto. Lo que no encaja es el orden: primero el vallado, después el permiso; primero el riego, después la multa; y un Ayuntamiento pequeño que paga las consecuencias mientras la decisión de fondo corresponde a otra administración.
Aquí la ficha extendida de Valdetorres
La investigación pendiente
Si el procedimiento de 2026 fue simplificado u ordinario, contrastado con el propio informe; el estado judicial de la sanción de la CHT; si la permuta de Silillos y la disolución de la entidad urbanística se ejecutaron; la resolución de la Fiscalía; la cifra exacta del riego (48 hectáreas, según el debate parlamentario); la capacidad actual de la depuradora, con población estacional; la estación de transferencia que recibe los residuos del municipio y su tonelaje; y la fecha y el contenido de las normas subsidiarias vigentes.
