Desde 2022, los vecinos de una urbanización de Valdetorres de Jarama, una organización animalista y una plataforma de seis colectivos ecologistas han denunciado, alegado y protestado contra la plantación de pistacho de Sancorganic. Han logrado investigaciones, un debate en la Asamblea de Madrid y una reunión con la Consejería. No han evitado que en 2026 se autorice el cambio de uso de cincuenta y seis hectáreas ni que empiece la tala.
1. Los que dieron la voz de alerta
Todo empezó por una valla. En 2022, la empresa cercó parcelas junto al Jarama y cortó dos caminos que los vecinos reclaman como públicos; después aparecieron corzos atrapados. Los primeros en protestar fueron vecinos de Valdetorres y de la urbanización de Silillos, junto a colectivos como Ecologistas en Acción, PACMA y ARBA, que en julio de 2023 protestaron contra lo que bautizaron «vallado de la muerte». La Confederación Hidrográfica del Tajo, según La Plaza, solo había dado un permiso parcial de cerramiento. El 8 de agosto de 2023, el SEPRONA recogió tres cadáveres de corzos y la investigación pasó a la Fiscalía de Medio Ambiente.
El 23 de septiembre de 2023, PACMA convocó una concentración frente a la sede de la empresa con el lema «StopSancorganic»; La Plaza informó después de que PACMA y vecinos se concentraron ante ella.
2. Silillos: la permuta y el camino
El frente más constante lo sostiene la asociación vecinal Somos Silillos. Sus miembros se oponen a la permuta de zonas verdes de la urbanización por terrenos rústicos de la empresa, que según ellos dejaría a Sancorganic con 140.000 metros cuadrados de suelo verde urbanizable a cambio de 228.000 rústicos; el preacuerdo se trató en una asamblea el 2 de octubre de 2022. El 25 de septiembre de 2023 presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde y el secretario del Ayuntamiento por apoyar las acciones de la antigua Junta Rectora, y se enteraron con cuarenta y ocho horas de antelación de que el pleno trataría disolver la entidad urbanística. Exigen que se someta a votación vecinal. La denuncia es una acusación de los propios vecinos: no consta que la Fiscalía haya resuelto.
También cuentan que no tienen respuesta: dicen que el Ayuntamiento no contestó a sus escritos, que no les cedió un local para su asamblea —la celebraron en la calle, con autorización de la Delegación del Gobierno— y que el equipo de gobierno llenó el salón de plenos con vecinos afines. Añaden que, antes de las elecciones, «todo eran apoyos vecinales» de los partidos de la oposición y que ahora deben estar a la altura; la posición de PP y de Vecinos Independientes no consta.
3. El frente ecologista
En diciembre de 2023, ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura presentaron alegaciones en la consulta ambiental del cambio de uso y pidieron a la Consejería que no lo autorizara. Rechazaban también la compensación en Fuentidueña de Tajo, a ochenta kilómetros, «por carecer de justificación ambiental». Ese mismo mes, vecinos de Valdetorres dieron la voz de alerta por la corta de fresnos centenarios en la parcela 5200: la empresa, según ellos, solo contaba con autorización para arrancar ocho de veinticinco ejemplares.
4. Lo que respondieron las instituciones
En mayo de 2024, las irregularidades de la pistachera se debatieron en la Asamblea de Madrid, con la sanción de la CHT de más de 200.000 euros sobre la mesa. En septiembre de 2024, la Consejería de Medio Ambiente recibió a una representación vecinal para informarle de la situación. En febrero de 2026 emitió el informe de impacto ambiental positivo que autoriza el cambio de uso, y en septiembre empezó la tala. La Plataforma Ecologista Madrileña ha denunciado que el Ayuntamiento no presentó objeción alguna y que el procedimiento fue simplificado.
5. Qué han conseguido y qué no
Han conseguido que el caso exista: expedientes de disciplina ambiental, una multa a la empresa por la valla, una investigación del SEPRONA, una sanción de la CHT, un debate parlamentario, una reunión con la Consejería y una compensación forestal exigida. No han conseguido frenar el cambio de uso ni la tala. La empresa sostiene que tiene todos los permisos, que la Red Natura queda fuera de su finca y que su proyecto es «profesional y ecológico»; el Ayuntamiento defiende que las autorizaciones de la CHT y de Vías Pecuarias amparaban la valla. El recorrido de los vecinos muestra, sobre todo, el límite de la protesta cuando la decisión final corresponde a una administración que no es la más cercana: se les escucha, se les recibe, se les multa a los otros, y la plantación avanza.
Con la tala en marcha, la vía que queda abierta es la de los documentos. La Ley 27/2006 de información ambiental permite pedir a la Consejería el expediente del informe de impacto ambiental de 2026, con el procedimiento seguido —simplificado u ordinario— y los informes de la Dirección General de Biodiversidad cuyo cambio de criterio entre 2023 y 2024 señala la Plataforma Ecologista; a la Confederación, la resolución de la sanción y las autorizaciones de los pozos; y al Canal, el estado de la obra de 9,39 millones de euros para los alivios de la depuradora.
La Ley de transparencia alcanza al Ayuntamiento: los escritos de los vecinos y la tramitación de la permuta de Silillos. La Fiscalía no sustituye ese acceso: una denuncia sin resolución conocida no prueba hechos, e investigar no es imputar.
La investigación pendiente
Si la Fiscalía archivó o admitió la denuncia de septiembre de 2023; qué se aprobó en el pleno del 28 de septiembre de 2023 sobre la disolución de la urbanización; si la permuta de zonas verdes se ejecutó; el estado de la sanción de la CHT; la posición de PP y Vecinos Independientes; el papel de la plataforma Jarama EnPie, que según La Plaza publicó el resumen de los vecinos; y el contacto directo con Somos Silillos, imprescindible antes de publicar.
