Una jueza federal de Nueva York ha suspendido durante catorce días los anuncios protagonizados por Donald Trump y financiados con fondos públicos. La orden detiene el contrato publicitario, bloquea los pagos pendientes y obliga a cancelar cualquier emisión todavía programada, a menos de un mes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
La jueza Jennifer L. Rochon, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, dictó la medida cautelar a las 18:45 horas del domingo 11 de octubre. La resolución considera que los demandantes han demostrado, en esta fase inicial, que probablemente prevalecerán en el fondo del litigio, que sufrirían un daño irreparable sin una intervención inmediata y que la suspensión responde al interés público.
No se trata todavía de una sentencia definitiva. Rochon anunció que publicará próximamente una opinión más extensa y dejó abierta la posibilidad de prorrogar la orden, que en principio estará vigente durante catorce días.
Suspendidos el contrato y los pagos pendientes
La orden judicial suspende el contrato formalizado el 20 de septiembre entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y Lepugh Inc., que opera como LMD Agency. También bloquea la asignación de 20 millones de dólares autorizada por la Oficina de Administración y Presupuesto para producir y emitir la campaña.
La prohibición alcanza cinco anuncios identificados en el expediente como The Country He Loves, Celebrating the Enduring Spirit, Final Battle, To the Great Proud People of Iran y Maduro. El último, centrado en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, había comenzado a emitirse el martes anterior.
La Administración debe cancelar todos los espacios reservados, incluidos los previstos para la noche del domingo, y no puede suscribir, renovar ni ampliar acuerdos destinados a crear o difundir esos anuncios. La orden obliga además a entregar una copia a la agencia contratista y a presentar ante el tribunal, en un plazo de veinticuatro horas, un informe que confirme su cumplimiento.
La medida no ordena por ahora devolver al Tesoro las cantidades ya desembolsadas. Esa cuestión sigue abierta, al igual que la legalidad definitiva de la campaña. La Casa Blanca había indicado anteriormente que no existían planes inmediatos para reintegrar el dinero gastado.
El Gobierno alegó que la campaña terminaba el domingo
El Departamento de Justicia sostuvo que la petición cautelar carecía ya de objeto porque la conducta impugnada terminaría el 11 de octubre. La jueza rechazó ese argumento y concluyó que la controversia no había quedado sin materia. La orden impide además que los organismos demandados reanuden o amplíen la campaña mientras permanezca vigente.
El Departamento de Seguridad Nacional defendió que el dinero procedía de partidas aprobadas por el Congreso disponibles, entre otros fines, para conmemorar actuaciones relacionadas con la seguridad fronteriza. La Casa Blanca ha presentado las piezas como anuncios de servicio público comparables a campañas de administraciones anteriores.
Los anuncios, sin embargo, ensalzan directamente a Donald Trump, reproducen mensajes de su campaña electoral y no explican cómo acceder a una prestación o a un servicio público concreto. La controversia provocó críticas demócratas y también republicanas. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, afirmó que la publicidad no debía pagarse con dinero de los contribuyentes.
Trump anunció el 5 de octubre que su organización política asumiría las futuras emisiones. Ese cambio de pagador no había cerrado la polémica: como explicó este Observatorio, seguía sin aclararse si se devolvería al Tesoro el dinero público ya utilizado.
Una de las dos demandas obtiene la primera medida cautelar
La resolución responde a la demanda presentada por Common Cause, el candidato a la Cámara estatal de Alabama Robert Hunter, el sindicato SEIU 32BJ y su comité político Empire State 32BJ SEIU PAC. Los demandantes sostienen que el Ejecutivo utilizó partidas aprobadas para otros fines y vulneró las restricciones que impiden emplear fondos federales en publicidad o propaganda.
El litigio se dirige contra el Departamento de Seguridad Nacional; su secretario, Markwayne Mullin; la Oficina de Administración y Presupuesto; su director, Russell Vought; la Oficina Ejecutiva del Presidente, y la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles. El Comité Nacional Demócrata mantiene una segunda demanda ante un tribunal federal de Washington.
La decisión transforma en una limitación judicial efectiva la controversia que comenzó con críticas políticas y desembocó el 7 de octubre en dos demandas contra la publicidad financiada con fondos públicos. El tribunal todavía deberá decidir si la asignación presupuestaria excedió la autorización del Congreso y si los anuncios infringieron las prohibiciones federales sobre propaganda.
La campaña llega a unas elecciones desfavorables para Trump
La orden se dicta cuando ya ha comenzado la votación anticipada en parte del país y la campaña entra en sus tres últimas semanas. La encuesta nacional más reciente del Pew Research Center, efectuada del 28 de septiembre al 4 de octubre, sitúa a los candidatos demócratas a la Cámara con un 44 por ciento entre los votantes registrados, frente al 36 por ciento de los republicanos. No es una proyección de escaños, sino una medición nacional de intención de voto.
En el mismo estudio, el 30 por ciento de los adultos aprobaba la gestión de Trump y el 68 por ciento la desaprobaba. La encuesta reunió a 5062 adultos, incluidos 3917 votantes registrados, y atribuye al conjunto de la muestra un margen de error de 1,6 puntos. Además, un 44 por ciento de los votantes afirmó que concebía su voto al Congreso como una decisión contra el presidente, frente a un 19 por ciento que lo entendía como un respaldo.
La ventaja nacional demócrata no se traslada automáticamente a cada distrito. En los 37 escaños competitivos seleccionados por el Battleground District Project de Cook Political Report, los demócratas obtenían un 49 por ciento y los republicanos un 47 por ciento. El sondeo entrevistó del 8 al 11 de septiembre a 1052 votantes probables y tiene un margen de error de 3,02 puntos, por lo que la diferencia queda dentro de ese intervalo.
El Senado continúa ofreciendo contiendas más ajustadas. En Maine, una encuesta de Rasmussen Reports del 5 al 8 de octubre entre 804 votantes probables otorga al demócrata Troy Jackson un 49 por ciento y a la republicana Susan Collins un 47 por ciento. La diferencia de dos puntos también se encuentra dentro del margen de error de tres puntos.
Ninguna de estas encuestas mide de forma directa el efecto de la publicidad oficial ni de su suspensión. En conjunto, describen un entorno electoral adverso para el presidente y competitivo en los territorios que decidirán el control del Congreso, pero no permiten atribuir ese escenario a este litigio concreto.
