El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que dejará de utilizar fondos públicos para financiar los anuncios televisivos que ensalzan su figura. Las futuras emisiones serán pagadas por MAGA Inc., su principal super-PAC (Comité de Acción Política por sus siglas en inglés), después de que dirigentes demócratas y republicanos cuestionaran el carácter partidista de los mensajes.
La decisión supone una rectificación respecto a la posición que la Casa Blanca mantuvo durante los primeros días de la controversia. La Administración defendía que las piezas eran anuncios de servicio público comparables a los difundidos por gobiernos anteriores.
Trump continúa defendiendo el contenido y sostiene que los anuncios constituyen una promoción positiva de Estados Unidos. Sin embargo, ha aceptado que los próximos pases se sufraguen con dinero político en lugar de recursos federales.
El cambio actualiza la información publicada el 29 de septiembre sobre las críticas republicanas a los anuncios de Trump pagados con fondos públicos. La cuestión pendiente es qué sucederá con el dinero que ya salió de las cuentas del Gobierno.
Sin compromiso de devolver lo ya gastado
Las campañas publicitarias habían consumido al menos 1,5 millones de dólares de fondos federales, de acuerdo con las estimaciones de AdImpact, empresa especializada en el seguimiento de la inversión en medios. La cifra definitiva podría ser superior porque no todas las cadenas clasifican de la misma manera estos anuncios.
Trump no ha precisado si MAGA Inc. reembolsará al Tesoro el coste de las emisiones anteriores. Tampoco ha explicado el procedimiento mediante el cual una organización política asumirá el pago de los anuncios futuros ni qué documentación permitirá comprobar la separación entre los gastos gubernamentales y electorales.
La Casa Blanca confirmó que el super-PAC financiará las nuevas emisiones, pero no respondió a las preguntas de The Associated Press sobre los mecanismos de verificación. Por tanto, el anuncio presidencial detiene el empleo futuro de dinero público, aunque no resuelve la controversia sobre los recursos ya utilizados.
Tres anuncios centrados en la figura del presidente
La campaña comenzó a finales de septiembre. El primer anuncio combinaba intervenciones de Trump sobre la derrota del comunismo con mensajes acerca de las rebajas fiscales, la industria estadounidense y la defensa del orden público y la policía.
Una segunda pieza mostraba imágenes nocturnas del monte Rushmore y fragmentos del discurso pronunciado por el presidente durante la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos.
El tercer anuncio era prácticamente idéntico a un vídeo utilizado por la campaña republicana de Trump en 2024. Mostraba al entonces candidato avanzando por un pasillo mientras advertía de una «batalla final» contra globalistas y belicistas. La versión gubernamental terminaba con la indicación de que había sido pagada por el Gobierno de Estados Unidos.
La Casa Blanca argumentó inicialmente que las tres piezas divulgaban los logros y las prioridades de la Administración. Sus críticos señalaron que, a diferencia de otros anuncios institucionales, no explicaban cómo acceder a un programa público ni ofrecían información práctica a la ciudadanía.
Objeciones republicanas y dudas legales
El rechazo dentro del Partido Republicano resultó determinante para ampliar la controversia. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró que los anuncios no debían financiarse con dinero de los contribuyentes.
El también senador republicano de Dakota del Sur Mike Rounds afirmó que él no habría autorizado una iniciativa semejante, aunque reconoció que la Casa Blanca no está sometida exactamente a las mismas normas administrativas que las oficinas de los legisladores.
Especialistas en derecho público consultados por The Associated Press consideran que los anuncios podrían entrar en conflicto con las restricciones que impiden utilizar partidas aprobadas por el Congreso para fines de «publicidad o propaganda».
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental ha recordado en decisiones anteriores que el Congreso prohíbe desde 1951 el uso de fondos asignados para determinadas formas de propaganda gubernamental. La aplicación concreta depende del contenido, la atribución y la finalidad de cada comunicación.
También se ha planteado una posible relación con la Ley Hatch, que limita la actividad política partidista de los empleados federales. La Oficina del Consejero Especial explica que el presidente y el vicepresidente están excluidos de esa ley, pero la mayor parte de los empleados civiles del Ejecutivo no puede utilizar su autoridad oficial ni recursos gubernamentales para influir en una elección.
No consta por ahora una resolución administrativa o judicial que declare ilegales estos anuncios. Las objeciones jurídicas siguen siendo valoraciones de especialistas y legisladores, no una decisión firme contra la Casa Blanca.
MAGA Inc. dispone de más de 400 millones
MAGA Inc. declaró ante la Comisión Federal Electoral 403,45 millones de dólares disponibles al cierre de julio. El comité había recibido alrededor de 400,68 millones desde enero de 2025 y desembolsado 21 millones durante ese periodo.
El super-PAC y otras organizaciones vinculadas a Trump han reservado más de 130 millones de dólares en publicidad para las elecciones legislativas. Parte de ese dinero se destina a apoyar a candidatos republicanos vulnerables en la Cámara de Representantes y el Senado.
El traslado de los anuncios desde las cuentas públicas hacia una organización electoral clarifica quién deberá financiarlos en adelante, pero también refuerza su naturaleza política. Los mensajes coinciden con la gira con la que Trump intenta movilizar a la base republicana durante el último mes de campaña.
Una rectificación a cuatro semanas de las elecciones
El cambio se produce cuando los republicanos intentan conservar el control del Congreso en las elecciones del 3 de noviembre. La disponibilidad de más de 400 millones de dólares permite a MAGA Inc. asumir el coste sin reducir de manera significativa su capacidad financiera inmediata.
No existe una encuesta pública que mida directamente la opinión de los votantes sobre estos anuncios, el empleo inicial de fondos federales o la posterior rectificación. Tampoco puede determinarse si la polémica modificará la intención de voto.
La información demoscópica más reciente muestra, no obstante, un entorno adverso para el presidente: una encuesta nacional de AP-NORC situó alrededor del 30 por ciento su aprobación general y en el 26 por ciento la valoración de su política económica. La decisión de transferir el coste a MAGA Inc. elimina una fuente futura de gasto público, pero deja abierta la reclamación política sobre los fondos consumidos antes de las elecciones.
