Donald Trump aseguró el domingo que el arco de 76 metros proyectado junto al cementerio de Arlington almacenará drones y munición y dispondrá de puestos para francotiradores. El Pentágono no aportó detalles adicionales y el proyecto continúa pendiente de autorizaciones y de una demanda que sostiene que no puede construirse sin el consentimiento del Congreso.
Esta entrada del Observatorio Trump, escrita en España la mañana del 21 de septiembre tras la jornada política estadounidense del día 20, analiza el intento del presidente de añadir una justificación militar a un proyecto monumental cuya legalidad continúa en discusión.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que el arco triunfal que quiere levantar en Memorial Circle, entre el Lincoln Memorial y el cementerio nacional de Arlington, se convertirá en un «complejo militar de primer nivel». Según su anuncio, la instalación podría albergar drones, francotiradores y munición.
Trump atribuyó la modificación a una petición de las Fuerzas Armadas y la presentó como una medida de seguridad nacional. Sin embargo, el Pentágono declaró a Associated Press (AP) que no disponía de información que añadir a las palabras del presidente.
Hasta la mañana de este lunes no se había hecho pública documentación militar que explicase la necesidad operativa, la cadena de decisión, el coste o las condiciones de seguridad del supuesto uso defensivo. El presidente tampoco identificó ninguna amenaza concreta que justificase el cambio.
De monumento conmemorativo a instalación militar
El cambio de argumento constituye la principal novedad. La Administración había presentado hasta ahora el arco como una construcción conmemorativa del 250 aniversario de la independencia estadounidense y como una intervención destinada a embellecer la capital.
La ficha oficial del Servicio Nacional de Parques (NPS) mantiene esa finalidad y sitúa el monumento en el eje ceremonial que une Washington con Arlington. El expediente publicado no describe el arco como una base para drones ni como depósito de munición.
El proyecto prevé una estructura de 250 pies —unos 76 metros— en Memorial Circle. La Comisión de Bellas Artes (CFA) aprobó en mayo el diseño arquitectónico, aunque dejó pendiente el programa completo de esculturas, relieves y estatuas. Esa autorización no cerró el procedimiento.
La Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC) concedió el 9 de julio una aprobación preliminar de los planos, pero exigió información adicional antes de su revisión final. Entre las cuestiones abiertas figuran la justificación de la altura, la aplicación de la ley federal de altura de edificios, los efectos sobre el tráfico, la iluminación aeronáutica y otros aspectos del diseño.
La Administración Federal de Aviación concluyó que la estructura no supondría un obstáculo para las aeronaves, aunque estableció requisitos de señalización. La NCPC, por su parte, todavía no ha otorgado la aprobación definitiva del proyecto.
Veteranos y un historiador mantienen abierta la vía judicial
El contrapeso más inmediato procede de los tribunales. Los veteranos de Vietnam Michael Lemmon, Shaun Byrnes y Jon Gundersen, junto con el historiador de la arquitectura Calder Loth, promovieron en febrero la demanda Lemmon contra Trump.
Representados por Public Citizen, sostienen que el arco alteraría el entorno histórico de Arlington y que el Ejecutivo no puede construirlo sin una autorización específica del Congreso.
El litigio no está resuelto. Según la ficha procesal de Public Citizen, siguen pendientes la solicitud gubernamental de desestimar el caso y las peticiones cruzadas de las partes para que la jueza se pronuncie sobre el fondo.
La Administración se comprometió inicialmente a avisar con catorce días de antelación antes de comenzar las obras. Después de que el secretario del Interior anunciara excavaciones para septiembre, la jueza federal Tanya S. Chutkan ordenó que el Gobierno notificase con 48 horas de antelación cualquier actividad distinta de los trabajos arqueológicos declarados por el Servicio de Parques.
La resolución recordó que iniciar obras o demoliciones preparatorias sin la autorización final del NPS o sin el preaviso acordado vulneraría las órdenes judiciales. Esta salvaguarda no equivale a una sentencia definitiva sobre la legalidad del arco, pero limita la posibilidad de que la Administración convierta el avance material del proyecto en un hecho consumado.
Tras el anuncio presidencial del domingo, el abogado de los demandantes Nicolas Sansone afirmó que la nueva justificación no subsana la falta de autorización legislativa. Se trata de la posición de una de las partes del proceso, no de una conclusión judicial. Corresponderá al tribunal decidir si los demandantes están legitimados y si las normas invocadas obligan a obtener la aprobación del Congreso.
Un control repartido entre el Congreso, el tribunal y las agencias
El caso muestra un contrapeso distribuido. El Congreso conserva la potestad discutida sobre la autorización del monumento; el tribunal puede impedir que las obras se adelanten a la resolución del litigio; y los organismos de planificación y conservación mantienen competencias técnicas todavía no agotadas.
La invocación de la seguridad nacional no elimina por sí sola esos controles. Tampoco consta que haya modificado formalmente el expediente ambiental, histórico o urbanístico sometido a revisión pública. Para determinar su alcance será necesario comprobar si el Ejecutivo presenta nuevos planos, informes militares o solicitudes ante el NPS y la NCPC.
El episodio prolonga la disputa sobre la transformación de edificios y espacios simbólicos de Washington. El Observatorio Trump ya informó de la intervención judicial sobre el Kennedy Center y del litigio por el salón de baile de la Casa Blanca.
En esta ocasión, la cuestión nueva es si una finalidad militar anunciada públicamente puede alterar un procedimiento concebido para una obra conmemorativa y hasta dónde alcanza el control del Congreso y de los tribunales.
Quedan cuatro elementos por verificar: la existencia y el contenido de la supuesta petición militar; la documentación técnica del almacenamiento de drones y munición; la decisión final de la NCPC; y la resolución del tribunal sobre la demanda. Hasta entonces, el arco sigue siendo un proyecto con aprobación parcial, no una instalación militar autorizada ni una obra cuya legalidad haya quedado resuelta.
La opinión pública ante las elecciones del 3 de noviembre
El arco tampoco llega al debate electoral en un vacío demoscópico. Una encuesta de Reuters/Ipsos, hecha entre el 11 y el 14 de septiembre, preguntó conjuntamente por el arco triunfal, el salón de baile de la Casa Blanca y otras intervenciones promovidas por Trump en Washington. El 58 por ciento de los adultos se declaró contrario a esos proyectos y el 28 por ciento los apoyó. Entre los votantes registrados, el rechazo alcanzó el 60 por ciento y el respaldo quedó en el 32 por ciento.
La misma encuesta muestra una dificultad adicional para la Casa Blanca: el 67 por ciento de los consultados considera que la creación o renovación de monumentos debería ser una prioridad baja o no ser una prioridad presidencial. El porcentaje asciende al 70 por ciento entre los votantes registrados.
Estos resultados no permiten medir por separado la opinión sobre el arco ni anticipar la reacción al nuevo argumento militar, anunciado después del trabajo de campo. Sí indican que el proyecto forma parte de una agenda de construcción que ya encontraba una resistencia mayoritaria antes de que Trump propusiera almacenar drones y munición junto a Arlington.
El dato adquiere relevancia ante las elecciones legislativas del 3 de noviembre. En la misma medición, los votantes registrados se inclinaban por el candidato demócrata frente al republicano por un 44 frente a un 37 por ciento. La gestión presidencial obtenía entre ellos un 39 por ciento de aprobación y un 61 por ciento de desaprobación.
La economía continúa dominando la decisión electoral: el 47 por ciento de los votantes registrados señaló el coste de la vida como el factor más importante para decidir su voto, mientras que el 25 por ciento citó los valores y las normas democráticas. Por ello, el riesgo para los republicanos no reside únicamente en el rechazo estético al arco, sino en que el proyecto refuerce entre los electores la impresión de que la presidencia dedica atención y recursos a prioridades alejadas de sus problemas cotidianos.
La iniciativa conserva, no obstante, capacidad de movilización dentro de la base de Trump: el 63 por ciento de los republicanos apoyó el conjunto de proyectos consultados. Fuera de ese electorado, la respuesta fue muy distinta. Entre los independientes y quienes no se identifican con los dos grandes partidos, el 59 por ciento se declaró contrario y solo el 20 por ciento favorable.
La conversión retórica del arco en instalación militar puede servir a Trump para presentar la obra como una cuestión de seguridad y cohesionar a sus seguidores. Para sus adversarios, ofrece un ejemplo de personalización del poder, prioridades discutibles y resistencia a los controles institucionales. Sin una nueva encuesta no puede afirmarse que el anuncio vaya a cambiar votos, pero sí que se incorpora a una campaña en la que Trump parte con una aprobación baja y el Partido Republicano afronta una desventaja en la intención de voto al Congreso.
