Un tribunal federal de apelaciones ha vuelto a bloquear la construcción del salón de baile de 400 millones de dólares que Donald Trump promueve en la Casa Blanca, al considerar que el proyecto carece de la autorización del Congreso que exige la ley.
El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito de Columbia confirmó el viernes 7, por dos votos contra uno, la orden que obliga a paralizar las obras sobre el terreno donde se levantaba el Ala Este, según informó PBS News. La mayoría, formada por la jueza Patricia Millett y el juez Bradley Garcia, sostuvo que decidir si procede levantar una estructura de estas dimensiones corresponde al Congreso y no es algo que el Ejecutivo pueda resolver por su cuenta. La jueza Neomi Rao, nombrada por el propio Trump, discrepó y avaló la postura de la Casa Blanca.
Según recoge The Hill, la sentencia mantiene la orden dictada en abril por el juez de distrito Richard Leon, que permite continuar los trabajos subterráneos de seguridad —incluido un búnker— pero prohíbe cualquier construcción sobre el nivel del suelo. El fallo, de más de cien páginas, concede a la Administración dos semanas antes de entrar en vigor para que pueda recurrir ante el Tribunal Supremo, algo que Trump ya ha anunciado que hará. En redes, el presidente calificó la decisión de «políticamente motivada» y sostuvo que el complejo, con búnker y zona médica incluidos, es una instalación de seguridad nacional.
La demanda fue presentada en diciembre de 2025 por el National Trust for Historic Preservation, una organización sin ánimo de lucro creada por estatuto del Congreso en 1949, que sostiene que ni la demolición del Ala Este ni la construcción del salón —pensado para 999 invitados— siguieron los procedimientos de revisión exigidos por ley. El Congreso rechazó en mayo una petición de mil millones de dólares para el proyecto, y en junio los demócratas denunciaron que 350 millones de fondos ya aprobados para otros fines habrían sido redirigidos a la obra.
Contexto y análisis:
El caso ilustra bien la distinción que este Observatorio mantiene entre oposición partidista y contrapesos democráticos más amplios. Aquí no hay protagonismo del Partido Demócrata: quienes han frenado al Ejecutivo son los tribunales —con un panel dividido entre nombramientos de Obama, Biden y el propio Trump— y una organización de patrimonio histórico sin perfil partidista, amparada por una ley aprobada por el Congreso hace más de setenta años.
Es, en el fondo, un litigio sobre separación de poderes: si un presidente puede invocar razones de seguridad para eludir la autorización presupuestaria que la Constitución reserva al Legislativo.
Cierre:
La partida se traslada ahora al Tribunal Supremo, que deberá decidir si atiende el recurso de emergencia de la Casa Blanca antes de que expire el plazo de dos semanas. El Observatorio seguirá este hilo en próximas entregas.
Este pulso judicial se produce en un momento en que la confianza de los estadounidenses en el propio sistema de contrapesos institucionales está en mínimos: según el último sondeo de PBS News, NPR y Marist, dos de cada tres estadounidenses —incluida una minoría creciente de republicanos— consideran que el equilibrio de poderes entre la Casa Blanca, el Congreso y los tribunales no está funcionando bien. Es un dato que sondeos posteriores sobre el voto de cara al 3 de noviembre siguen reflejando en forma de ventaja demócrata en la intención de voto, según recoge The Hill.
- Pie de foto: Maqueta del Salón de baile estatal de la Casa Blanca (foto publicada por la Casa Blanca el 22 de octubre de 2025)
