COVID-19: Trabajadoras del hogar envían una carta al Gobierno

Néstor Ortiz

Las trabajadoras del hogar y cuidadoras han puesto en marcha una campaña informativa para denunciar la situación en la que deja al colectivo de trabajadoras del hogar la crisis del coronavirus. Rafaela Pimentel, de la asociación Territorio Doméstico, nos habla de cómo les ha afectado la pandemia, y retrata especialmente la situación de las trabajadoras migrantes, que son la mayoría del sector.

Viven una situación de gran inestabilidad. La crisis es global, y afecta a su situación laboral, a los alquileres, a su economía, pero también lo que sucede en sus países de origen, muchos de los cuales cuentan con sistemas de salud muy caros. Sin embargo, el plan de choque del gobierno, las deja fuera.

Demandas de la campaña

Dada su difícil situación, las trabajadoras del hogar han enviado una carta al Gobierno con las siguientes demandas:

1. Reconocimiento de la prestación por desempleo para las trabajadoras del hogar y cuidadoras, único sector excluido de este derecho.
2. Abolición del desistimiento para evitar el despido libre.
3. Medidas especiales de protección para las trabajadoras en situación administrativa irregular.
4. Medidas de control sobre el régimen de internas para evitar que el confinamiento se convierta en reclusión en sus puestos de trabajo.
5. Garantías para el disfrute del derecho al cuidado de sus propias familias en igualdad al resto de trabajadoras.
6. Inclusión del sector en la provisión de equipos de protección individual para evitar la propagación del contagio.
7. Integración inmediata en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
8. Habilitación de medidas excepcionales para la suspensión de las cuotas de cotización a la Seguridad Social a empleadores laboralmente activos afectados por la crisis del Covid-19, o de quienes se hayan visto obligados a realizar nuevas contrataciones para reforzar los cuidados en época de confinamiento, de modo que se eviten sobrecostes que conlleven nuevos despidos o reducción de salarios.

Para tratar de mejorar su situación, van a ofrecer una aplicación para móvil dónde recogerán, anónimamente, situaciones de trabajadoras domésticas que estén viviendo crisis y precariedad. Además, ponen a disposición de estas personas un bufete online para resolver sus dudas y problemáticas, «sobre todo para cuando venga lo duro, los despidos de después».

Hablamos con Rafaela Pimentel desgranamos los motivos de esta campaña.

Momentos difíciles

«De por sí, en nuestro sector, la situación es complicada, y cuando vienen cosas de estas, todavía se agrava más. Estamos preocupadas, con miedo y muy enfadadas, porque el Gobierno ha adoptado unas políticas de choque que nos han dejado completamente fuera», protesta Pimentel.

«Hay familias que están diciendo a sus trabajadoras que no se preocupen, y que aunque no estén trabajando, van a cobrar su salario. Pero no son todas. Hay gente que desde el principio ha dicho a las trabajadoras que ya no fueran, y no tenemos derecho al paro».

Régimen especial: sin paro

Estas mujeres sólo se benefician de la Seguridad Social de cara a jubilación y bajas laborales. «Nosotras no tenemos derecho a la prestación por desempleo, porque estamos en un régimen especial. Existe un Real Decreto del año 85 que pelearon las españolas. Por ponerte un ejemplo, una baja laboral que cualquier trabajador tenía desde el primer día, nosotras la teníamos a partir del día veintinueve. Solo en 2012 hemos podido conseguir que sea desde el cuarto día».

En los últimos años la situación ha cambiado un poco, pero no todo lo que podría. Por ejemplo, Pimentel nos habla del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), escrito para las trabajadoras del hogar.

«Ha sido ratificado en más de diez países europeos y en más de veinte latinoamericanos, pero el Gobierno español no lo hace. Si tuviéramos ese convenio, la situación de las trabajadoras del hogar mejoraría. A lo mejor entonces podríamos entrar en el plan de choque del gobierno».

Seguridad Social

«Es muy difícil que se cumplan las pocas cosas que tenemos conseguidas. Todo empleado tiene derecho a que le paguen la seguridad social. En nuestro caso, de más de setecientos mil trabajadoras solamente hay 435 000 dadas de alta».

«Además, muchas, se pagan ellas mismas la Seguridad Social, pese a que luego es el cabeza de familia el que consta como pagador y a que es ilegal que no lo haga. Pero ellas lo tienen que pagar porque muchas tienen que renovar su permiso de residencia, o quieren traer a su gente por reagrupación familiar, y si no tienen la tarjeta en condiciones no lo puedes hacer».

Alquileres

Una de las medidas más criticadas del plan de choque es la falta de atención a los alquileres, que el Gobierno deja a expensas de los caseros. «Por la precariedad de los contratos que tenemos, la única modalidad de vivienda a la que las trabajadoras del hogar podemos llegar es coger un piso y compartirlo», afirma Rafaela.

«Para conseguir un piso tienes que tener al menos cuatro mil euros, porque los pisos los gestionan las inmobiliarias, y una inmobiliaria te cobra dos meses de adelanto más el corriente, y luego el seguro».

Esto ha llevado a que, en los últimos dos años, «muchas trabajadoras internas, que habían salido y estaban trabajando de externas por horas o en otros trabajos, hayan tenido que volver a trabajar de internas por el tema de la vivienda. Estas mujeres no están incluídas en el plan de choque del gobierno. Si no pagan la habitación, van fuera, a la calle».

«No se pueden dejar cuestiones ambiguas a merced de un arrendador, porque pueden pasar dos cosas. Se puede dar la situación de que un arrendador tenga el piso alquilado para sobrevivir de él, y claro, no te lo puede dejar porque él vive de eso. Pero también hay arrendadores que tienen tres o cuatro pisos, que no fueron capaces ni de bajarte el alquiler en tiempos de crisis y que dejaron a la gente en la calle. Tú no puedes dejar el alquiler a la buenura de una persona».

Salud en países de origen

Por su condición de migrantes, la mayoría latinoamericanas, a muchas trabajadoras del hogar les preocupa la situación del coronavirus al otro lado del charco. Allí la sanidad es muy cara, muchas veces ellas sostienen a sus familias, y son las que deben de sacar adelante el pago de los tratamientos.

«Nosotras sabemos que si no enviamos una remesa de dinero a nuestros países, la cosa se pone muy mala allá. Es difícil cuidar aquí y allá. La situación se está dando a nivel global, y es muy complicada para muchas compañeras».

«Cuando a los familiares les van a hacer un trasplante o una quimio, hay compañeras que tienen que trabajar durante sus vacaciones. Una quimio está valorada por un dineral allí, en países como Nicaragua, Ecuador, República Dominicana, Bolivia… Y tienen que hacer frente a esos costos, porque si no, la gente se muere. En la mayoría de estos países la medicina es un negocio. Eso hace que haya compañeras que se tengan que quedar en trabajos donde están sufriendo una explotación brutal».

Desistimiento: causa de inseguridad

Una de las figuras legales que agrava la situación de las empleadas domésticas es la del desistimiento. Se trata de una figura legal por la cual el consumidor de un servicio tiene la potestad de darse de baja del mismo sin necesidad de justificar su decisión. Dicho de otra forma, el desistimiento da la potestad al empleador de despedir a la trabajadora sin aportar ninguna causa.

En palabras de Pimentel, «quiere decir que te pueden echar por cualquier motivo que no es razonable, y sabemos que se va a poner en práctica» con la crisis del coronavirus.

El desistimiento no se emplea normalmente en los contratos laborales de otros sectores. «Sólo se usa con nosotras», asegura Rafaela. Legalmente, el desistimiento tiene que avisarse con anticipación y por escrito. Sin embargo, no suele hacerse. Eso puede convertir el despido en improcedente. «Cuando esto pasa, las abogadas nos dicen que las trabajadoras firmen como no conforme, para luego poder optar a opciones legales».

Denunciar viviendo en clandestinidad

Pero optar por la vía legal no es sencillo para ellas. La mayoría de las trabajadoras del hogar son migrantes, y muchas de ellas ejercen sin permiso de residencia, lo que las deja en una situación legal, social y psicológicamente delicada.

«Hay personas que tienen en la cabeza que si no tienes documento no puedes denunciar, una cosa que es falsa, porque sí que lo puedes hacer», describe Pimentel, quién vivió esa situación de clandestinidad hace ya veintiocho años. «Vives a escondidas. No puedes aceptar más que trabajos miserables, donde no te valoran y no puedes reclamar».

Quienes sí tienen el permiso, necesitan el trabajo para su renovación o porque deben de enviar dinero a su casa o traer a sus hijos. No pueden cambiar de empleo, ni tampoco meterse en aventuras legales.

Por eso, dice Rafaela, «para nosotras, a veces es muy complicado hacer que una persona denuncie. Es por el miedo a la vulnerabilidad que se tiene en el trabajo. Hay gente que no tiene contrato, gente que tiene que mandar dinero a familiares en sus países de origen, personas que no conocen sus derechos».

La condición migrante

«Hay muchas personas que llegan de países en conflicto, que salen corriendo y no tienen ninguna mano a la que recurrir». Muchas terminan en un sector tan precarizado como el del trabajo doméstico porque es la única salida que encuentran.

«Tienen que pagar deudas de venir o tienen que alimentar a personas en el país de origen», nos explica Pimentel. «Te mantienes en el empleo del hogar porque es lo que da de comer a tu familia. Y porque es un trabajo digno y muy importante. El único problema es que no te dan derechos».

Llegar a España en solitario

Rafaela describe la llegada al país de muchas migrantes. «A veces la gente no conoce a nadie. Se pone su mochila, coge su maleta y viene a buscarse la vida. No todo el mundo tenemos la suerte de llegar a los países y tener conexión con una red de apoyo».

«Por eso es muy importante el trabajo que estamos haciendo los colectivos desde hace muchos años para que la gente pueda tener esa red de apoyo», explica.

«Nosotras exigimos la derogación de la ley de extranjería, para que no tengan que estar expuesta a esconderse durante tres años. Porque además hay compañeras a las que echan después de estar trabajando tres años, cuando les tienen que hacer los papeles. Entonces deben volver a empezar de nuevo, o ayudarlas nosotras para que les hagan un contrato con el que obtener la regulación».

Empadronamiento

Para que las migrantes puedan cambiar su situación es imprescindible que sepan cómo funciona el empadronamiento. «Es importante que sepan dónde empadronarse, porque si no tienes un empadronamiento no puedes acceder a ningún servicio. Es como si no existieras», nos explica Pimentel.

«A veces nos llegan mujeres que llevan aquí dos años y medio. En España, para tener acceso a una tarjeta de residencia, necesitas tres. Si has pasado dos años y medio trabajando sin empadronarte, son dos años y medio perdidos, y tienes que empezar de nuevo».

«Si no estás empadronado no puedes ir al médico. Solo puedes ir a urgencias. Y hay médicos que te mandan la factura a casa. Para evitar eso, tienen que ponerse en contacto con el colectivo Yo Sí Sanidad Universal, que forman parte del grupo que llevó el tema de la tarjeta sanitaria para personas sin papeles».

Con otras profesiones

Muchas de estas personas tienen otras profesiones, pero no las pueden ejercer. «Por la ley de extranjería, tu situación legal no te permite convalidar tus títulos. Eso lleva una travesía muy grande, demasiado larga para que la gente se detenga ahí mientras necesita comer y pagar un piso. Hay compañeras que son médicos, abogadas, enfermeras, profesoras, modistas, asistentas sociales… Hay mucha gente que tiene sus profesiones, pero les es muy difícil trabajar en ello aquí y se dedican a los cuidados».

Rafaela también nos explica cómo muchas de las trabajadoras que llegaron a España sin profesión la han adquirido aquí. La mayoría lo han hecho sacrificando tiempo y dinero, esforzándose para sacar una titulación mientras trabajan. «Pero al final no encuentras trabajo. Entre la situación del paro en España y todo el tema de convalidar, cuesta entrar en las profesiones».

Dar valor a los cuidados

Los cuidados son todas las actividades necesarias para que una persona pueda desarrollar su vida cotidiana: cocinar, limpiar, planchar, lavar la ropa. Son todas esas tareas domésticas sin las que no podemos desarrollar ninguna otra tarea.

Estas labores, históricamente asignadas a la mujer, no son valoradas por nuestra sociedad. En la mayoría de los casos no reciben retribución, dado que se enmarcan en las estructuras familiares y son vistas como una obligación, no como un trabajo. Eso hace que no sean valorados, pese a su importancia en la economía y en la sociedad.

«Si no hacemos este trabajo, nadie puede salir a trabajar en sus oficios. Porque la mayoría de los hombres no se hace cargo de su corresponsabilidad en los cuidados». Salvo en el caso de la dependencia, el Estado no se hace cargo de ellos, y tampoco pone de su parte para que estén reconocidos. «Porque si tú no tienes familia o no tienes dinero, en este país no puedes acceder a los cuidados».

«Desde hace muchísimos años, nosotras planteamos que se valoren los cuidados. Queremos que sean reconocidos y que haya unas políticas públicas del Estado, que se hagan cargo de los cuidados. Porque es un tema muy importante en la sociedad, del que no podemos hacernos cargo solas».

Sienten desagradecimiento

También nos retrata el doloroso sentimiento de muchas migrantes a las que finalmente no se reconoce su esfuerzo. «Es una barbaridad que hayas dedicado tres años a cuidar a una familia y que ni siquiera hagan por ti, por agradecimiento, una cosa que es legal, como es hacerte un contrato tras tres años trabajando».

«Es humano que si tienes a una persona en tu casa sepas que si está enferma necesita ir al médico. Que tiene que tener a su familia a su lado, que necesita una conciliación. Que si hay cuestiones como estas, necesita estar en casa cuidando de su propia familia, y no en otras casas cuidando las de otros. Son cosas que no deberían estar en decretos. No tiene sentido que tú, teniendo estos derechos en tu trabajo, no seas capaz de dárselos a la persona que tienes trabajando en casa. Una ley no tendría que decirte eso. Es sentido común. Estas cosas deberían salir de la gente. Y salen, pero no siempre».

Porque «todo esto no es un problema solo de las trabajadoras: es un problema de toda la sociedad. Si no, algo estamos haciendo muy mal», afirma Pimentel. «Es el sistema global, capital, heteropatriarcal, racista y esclavista en que vivimos. Y esperamos poder darle la vuelta. Tenemos que poner la vida de la gente y los cuidados en el centro. Porque, al final, cuando llega una catástrofe como esta, la pagamos nosotras».