Radón: el cancerígeno que sube del suelo y que Madrid infravalora
Hay un gas incoloro, inodoro e invisible que se filtra por las grietas del suelo, se acumula en sótanos y plantas bajas y mata lentamente. Se llama radón. Es un producto de la desintegración natural del uranio presente en suelos graníticos y pizarrosos, y la Comunidad de Madrid —con su substrato geológico del Sistema Central— es una de las regiones españolas con mayor exposición potencial. Pese a ello, su vigilancia continúa siendo la gran asignatura pendiente de la salud pública madrileña.
El radón es la segunda causa de cáncer de pulmón en España, solo por detrás del tabaco, y el principal factor de riesgo en personas que nunca han fumado.
Según datos del Ministerio de Sanidad y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), aproximadamente el cuatro por ciento de todas las muertes por cáncer de pulmón en España son atribuibles a la exposición residencial a este gas —cifra que alcanza el siete por ciento en las comunidades autónomas más afectadas, como Galicia o Extremadura—.
En términos absolutos, el radón causa en España más muertes anuales por cáncer que el cromo hexavalente, el amianto y el benceno sumados, pero recibe una fracción mínima de la atención mediática e institucional que estos merecen.
El radón mata más que el amianto y el benceno juntos en España. Es la segunda causa de cáncer de pulmón y el primer factor de riesgo para los no fumadores. Sin embargo, apenas aparece en el debate público madrileño
La geografía del riesgo en Madrid es clara. De los 179 municipios de la región, 144 han sido clasificados por el CSN y el Código Técnico de la Edificación en función de su potencial de radón: 58 pertenecen a la Zona I —con riesgo moderado— y 86 a la Zona II o de actuación prioritaria, donde más del diez por ciento de los edificios podría superar el nivel de referencia legal de 300 Bq/m³ en plantas bajas o sótanos.
Los municipios más afectados se concentran en la Sierra de Guadarrama y la franja noroeste de la región: Collado Mediano, Cercedilla, Guadarrama, El Escorial y Robledo de Chavela presentan los niveles más elevados, condicionados por la presencia de granitos y pizarras ricos en uranio.
Conviene subrayar la brecha entre el nivel de referencia español —300 Bq/m³— y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que desde 2009 fija el umbral de actuación en 100 Bq/m³.
Esta diferencia de tres veces no es una anécdota técnica: significa que una vivienda o un puesto de trabajo madrileño podría estar triplicando el umbral recomendado por la OMS sin incumplir ninguna norma española.
Tabla 4. Radón en la Comunidad de Madrid: mapa normativo y obligaciones 2025-2026
| Aspecto | Detalle |
| Municipios clasificados (total) | 144 de 179 en la Comunidad de Madrid |
| Zona I — Riesgo moderado | 58 municipios |
| Zona II — Actuación prioritaria | 86 municipios (> 10 por ciento de edificios puede superar 300 Bq/m³) |
| Nivel de referencia legal (España) | 300 Bq/m³ (promedio anual) |
| Recomendación OMS | 100 Bq/m³ (tres veces más estricta) |
| Instrucción IS-47 del CSN | Publicada el 9 de abril de 2025 (BOE-A-2025-8734) |
| Obligación de medición laboral | Plantas bajas y bajo rasante en municipios Zona II, desde mayo de 2025 |
| Período de medición 2025-2026 | Del 1 de octubre de 2025 al 31 de mayo de 2026 (mínimo 3 meses) |
| Periodicidad de revisión | Cada 5 años si se supera 300 Bq/m³ o hay remediación activa; cada 10 si no |
| Marco normativo de base | Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre |
La IS-47: una obligación que muchas empresas todavía desconocen
El cambio normativo más relevante en materia de radón de los últimos años es la Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear, publicada en el BOE el 1 de mayo de 2025. Esta instrucción concreta las obligaciones derivadas del Real Decreto 1029/2022 y las hace exigibles de forma inmediata: los titulares de actividades laborales ubicadas en municipios de Zona II deben medir el promedio anual de concentración de radón en todos sus locales situados en planta baja o bajo rasante.
El procedimiento técnico es preciso: los detectores deben permanecer expuestos un mínimo de tres meses dentro del período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, cuando las condiciones de ventilación reducida favorecen la acumulación del gas. El período 2025-2026 es el primero en el que estas mediciones tienen carácter obligatorio y verificable. Las empresas que no hayan iniciado el proceso ya están técnicamente en incumplimiento.
La realidad es que el nivel de concienciación empresarial sobre esta obligación en los 86 municipios madrileños de Zona II es muy bajo. A diferencia del benceno o el amianto —cuya peligrosidad está instalada en el imaginario colectivo industrial—, el radón se percibe como un riesgo abstracto y doméstico, no como un agente cancerígeno laboral con obligaciones legales específicas.
Los técnicos de prevención coinciden: la IS-47 es, por ahora, una norma de papel en la mayor parte de las pymes del noroeste madrileño.
El período de medición 2025-2026 es el primero con obligación legal expresa. Muchas empresas en los 86 municipios de Zona II de Madrid aún no saben que deben medir el radón en sus locales de planta baja
El reto residencial: un mapa incompleto y sin incentivos suficientes
Si la situación laboral es preocupante, la residencial lo es aún más. El Real Decreto 1029/2022 fija el nivel de referencia para viviendas en los mismos 300 Bq/m³, pero no establece ninguna obligación de medición para los propietarios de inmuebles existentes ni para los arrendadores.
La medición es voluntaria en el ámbito doméstico, y las campañas de concienciación de la Comunidad de Madrid han tenido un alcance limitado.
El artículo publicado en noviembre de 2025 por el Instituto Geológico y Minero de España en la revista Tierra y Tecnología subraya la paradoja geológica de Madrid: la misma sierra que hace atractivos los municipios del noroeste —con su granito, sus paisajes y su calidad de vida percibida— es la que genera el substrato de mayor riesgo de radón.
Los compradores de vivienda en Collado Mediano o Cercedilla raramente reciben información sobre el nivel de radón del inmueble, y la normativa de transmisión de viviendas tampoco lo exige.
La solución técnica existe y es económicamente asequible: sistemas de ventilación forzada bajo solera, sellado de grietas y depresión del subsuelo pueden reducir las concentraciones de radón entre un 80 y un 95 por ciento en la mayoría de los casos.
El coste medio de una intervención de remediación oscila entre 1500 y 4000 euros, según la superficie y la complejidad del edificio. Lo que falta no es tecnología, sino información, incentivo económico y voluntad normativa.
Perspectivas 2030: lo que queda por hacer
El horizonte normativo de Madrid en materia de salud ambiental y laboral está marcado por tres plazos críticos que convergen en los próximos cuatro años: la transposición de la Directiva de Calidad del Aire (diciembre de 2026), el cumplimiento del nuevo límite de NO₂ (2030) y la finalización del plan de desamiantado del Metro (2028).
Para el ozono no hay fecha límite porque no hay solución sencilla. El calentamiento climático —que amplía las temporadas de calor y aumenta la intensidad de las olas— actúa como acelerador de un problema que las políticas de movilidad urbana, por sí solas, no pueden resolver.
Mientras tanto, los 1500 madrileños que mueren prematuramente cada año por este contaminante no aparecen en ninguna estadística de contaminación: mueren de enfermedades respiratorias o cardiovasculares, sin que nadie lo llame por su nombre.
La calidad del aire en Madrid mejora en los titulares y empeora en los pulmones. El ozono marca récords, la silicosis explota, el benceno acaba de bajar su límite y el cromo VI sigue sin vigilar en el Jarama
La salud pública de la Comunidad de Madrid exige políticas que trasciendan los ciclos electorales: un programa regional de reducción de ozono con coordinación intermunicipal, la extensión del plan de desamiantado a centros educativos con urgencia, la revisión del sistema de notificación de enfermedades profesionales y una vigilancia ambiental del Jarama a la altura de lo que los datos científicos llevan años reclamando.
Las normas están escritas. El desafío es hacerlas cumplir.
