Un municipio sin plan general propio seca los lodos del Canal, entierra y recicla la basura de 31 pueblos del Henares y acoge un campus de centros de datos que puede rozar los 372 megavatios. Durante quince años sus vecinos pelearon contra ese destino: ganaron casi todos los argumentos y perdieron la única votación que contaba. Y nadie, ni entonces ni ahora, suma esas cargas antes de autorizarlas.
Por la carretera de Torrejón a Loeches, la M-206, circulan cada día camiones que no paran en el pueblo. Suben al norte del término, a un complejo de naves cerradas donde una red de captación conduce el aire a cinco biofiltros de brezo para que a la atmósfera solo salga aire limpio, y descargan allí la basura de 31 municipios del Corredor del Henares. Unos metros más allá, otra planta recibe camiones distintos: cubas de lodo que llegan de depuradoras de toda la región para secarse con calor y convertirse en un sólido manejable. Loeches no genera casi nada de todo eso. Lo recibe. Es, sin que casi nadie lo diga con esas palabras, el aparato digestivo del este de Madrid: el sitio donde la región procesa lo que prefiere no ver.
Y ahora se le pide algo más. Sobre ese mismo término, dos consultas ambientales abiertas en 2026 tramitan un campus de centros de datos que, sumado al vecino Torres de la Alameda, puede acercarse a los 372 megavatios. A los lodos y a la basura se añaden los megavatios. Todo cae sobre un municipio de 9261 habitantes que no tiene, todavía, un plan que ordene el suyo. Y todo llega, además, contra la voluntad expresa de sus vecinos, que llevan quince años diciendo que no.
1. Un pueblo sin plano que ordene el suyo
Conviene empezar por la anomalía de fondo, porque explica todas las demás. Loeches se rige por unas Normas Subsidiarias de 1997 y ha crecido desde el año 2000 a base de planes parciales sueltos, cada uno con su lógica y su calendario. En 2021 el Pleno adjudicó la redacción de un nuevo Plan General —que aún no está aprobado— y, ese mismo año, tramitó una modificación puntual de las Normas para delimitar un sector de suelo urbanizable industrial. Es decir: el municipio que alberga la infraestructura ambiental y energética más pesada del este de Madrid carece del instrumento que serviría para ordenar cómo encaja todo ello en su territorio. Crece por parches mientras la región le va apilando piezas de escala regional.
La distinción no es formalista. Un plan general es el único documento en el que un ayuntamiento decide de una vez el modelo entero de su suelo, se somete al pleno, a la alegación y, si hace falta, a un juez. Un parche, no: resuelve una pieza y deja el conjunto para después. Loeches lleva un cuarto de siglo resolviendo piezas mientras el conjunto —el que de verdad importa— nunca llega a dibujarse.
2. El sumidero de los lodos
La primera de las cargas que la región deposita en Loeches es la menos visible y la más reveladora. Cuando una depuradora limpia el agua, el residuo no desaparece: queda convertido en lodo, una pasta que hay que tratar. En todo el sistema del Canal de Isabel II hay solo dos plantas capaces de secar ese lodo con calor y, de paso, generar electricidad con el proceso. Una es la de la EDAR Sur. La otra está en Loeches.
La Unidad de Tratamiento de Lodos de Loeches recibe del orden de 83.0000 toneladas al año, y entre ella y la EDAR Sur secaron unas 243.000 toneladas en 2021. Traducido: aquí se seca el lodo de buena parte de las depuradoras de Madrid. No es una instalación municipal que resuelva lo de Loeches; es una pieza del sistema regional que casualmente —o no tan casualmente— aterrizó en Loeches. El pueblo no produce ese lodo. Lo digiere por los demás.
3. La basura de treinta y un pueblos
La segunda carga es la más conocida. Al norte del término, sobre unas sesenta hectáreas, funciona desde 2021 el Complejo Medioambiental de Reciclaje «La Campiña», gestionado por ECOMESA, filial de FCC. Trata más de 270.000 toneladas de residuos al año, las de los 31 municipios de la Mancomunidad del Este —más de 700.000 habitantes—, y sustituyó al viejo vertedero al aire libre de Alcalá. Es una instalación puntera, premiada, con separadores ópticos y cinco líneas de tratamiento.
Pero esa planta no llegó en paz. Detrás de ella hay quince años de una de las movilizaciones vecinales más tenaces de la región. Merece contarse con calma, porque no es una anécdota local: es la radiografía de cómo se decide en el Madrid que crece.
4. La patata caliente
Hay una imagen que resume esos quince años, y conviene empezar por ella: un puñado de vecinos reunidos en la plaza de la Villa, delante del ayuntamiento, el primer lunes de cada mes, para hablar de basura. La plataforma No Macrovertedero, Sí Residuo Cero nació en septiembre de 2014, en una asamblea popular del propio pueblo, y desde entonces ha mantenido esa cita mensual con constancia de reloj. A la instalación oficial —Complejo Medioambiental de Reciclaje— los vecinos la bautizaron desde el principio de otro modo: «la ciudad de la basura».
Para entender por qué acabó en Loeches hay que seguir el rastro de una decisión que fue rebotando como una patata caliente. El vertedero de Alcalá, que durante cuarenta años enterró la basura de la comarca, se acercaba a su colmatación, y la Mancomunidad del Este buscaba sustituto. La ubicación saltó de Alcalá a Daganzo —descartada, entre otras razones, por una zona de protección de aves—, de Daganzo a Corpa, donde la movilización vecinal la frenó, y de ahí a Loeches. En una votación de la Mancomunidad, en abril de 2011, se decidió que sería Loeches quien la acogiera; el entonces alcalde socialista del municipio ni siquiera estaba presente.
El primer proyecto llegó a incluir una incineradora de arco de plasma, descartada después por su coste y por el rechazo que despertó. El paso decisivo fue de 2014: el Ayuntamiento de Loeches cedió por convenio el suelo donde hoy se asienta el complejo y lo hizo, denuncian los vecinos, aprobándolo en pleno a puerta cerrada y en pleno agosto, sin la oposición presente. A partir de ahí, la pelea ya no era por evitar que la planta existiera, sino por dónde, cómo y con qué garantías.
5. Una decisión sin plenos
La crítica de fondo de la plataforma no fue nunca «no queremos reciclar»; fue de procedimiento, y es la que mejor ha resistido el paso del tiempo. En julio de 2016, la Mancomunidad del Este aprobó una modificación del proyecto con la documentación remitida a los municipios apenas cinco días antes de la votación, de modo que ninguno tuvo tiempo de llevar la decisión a su pleno. Los representantes de Loeches, San Fernando, Velilla, Ambite y otros municipios votaron en contra, y aun así el punto salió adelante. Una infraestructura pensada para cientos de miles de personas se resolvía, en la práctica, en manos de muy pocas.
La contradicción alcanzó su punto más agudo dos años después. El municipio que decía no era el mismo cuyo alcalde, Antonio Notario, del Partido Popular, firmó en octubre de 2018 la licencia de obras a Ecomesa, la filial de FCC que construye y explota el complejo. La representación política del pueblo se oponía; su gobierno municipal daba los permisos. Entre lo que un pueblo vota y lo que su administración ejecuta cabía, y cupo, un vertedero comarcal.
La plataforma añadía una sospecha sobre el fondo del asunto: que el modelo de planta única y gran contrato beneficiaba sobre todo a la concesionaria, a costa de la tasa de basuras que los vecinos pagarían durante décadas. No es una acusación que corresponda a este artículo dar por probada; sí conviene registrarla, porque explica la desconfianza con que se recibió cada paso del proyecto.
6. La calle, la alternativa y los tribunales
La resistencia no se quedó en la denuncia. La plataforma, integrada en la coalición comarcal Aire Limpio-Residuo Cero Madrid —que reunía a Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, asambleas vecinales y colectivos de una veintena de municipios del Sureste—, elaboró y defendió una alternativa técnica: compostaje municipal de la materia orgánica y un sistema de retorno de envases, ya en marcha en ciudades europeas, vascas y catalanas. Frente al modelo de una gran planta y un gran contrato, propuso uno distribuido; sus miembros llegaron a visitar, pagándolo de su bolsillo, experiencias de residuo cero fuera de España.
En paralelo, llevaron la pelea a los tribunales administrativos, con recursos que lograron retrasar la obra, pero no detenerla. Y salieron a la calle con una intensidad notable para un municipio de este tamaño: entre finales de 2018 y comienzos de 2019, cuando arrancaron los trabajos, las concentraciones reunieron a cerca de un millar de personas, hubo una marcha de seis kilómetros hasta los terrenos del complejo, cortes de carretera y un manifiesto que hablaba de traición política. Los vecinos denunciaban que la planta degradaría su entorno y su salud en un radio amplio, con urbanizaciones de San Fernando y Mejorada entre las más próximas al emplazamiento.
Hubo incluso un episodio que retrata como pocos el desajuste del sistema: mientras Loeches quedaba terminado pero sin las autorizaciones para arrancar, la basura del Este se desvió temporalmente a Valdemingómez, el basurero de Madrid, donde reavivó un conflicto vecinal idéntico. La pieza estaba construida, pero nadie había cerrado el circuito. El complejo, rebautizado «La Campiña», abrió finalmente en 2021. La plataforma había ganado casi todos los argumentos —de proceso, de modelo, de participación— y perdido la única votación que contaba: una victoria moral sobre una derrota material.
7. La versión más fuerte de la otra parte
Conviene, por rigor, dar la razón que asiste a la otra parte, porque la hay y es considerable. «La Campiña» no es el vertedero al aire libre que sustituyó. Es una planta cerrada, con biofiltros de brezo, separadores ópticos y robots de visión artificial, presentada por sus gestores y por la Comunidad como una de las más avanzadas de Europa; su evaluación de impacto ambiental no apreció riesgo destacable y fijó medidas correctoras para olores y biogás. Para el alcalde de Alcalá, cerrar cuarenta años de vertido a cielo abierto junto a viviendas fue, sin matices, una buena noticia.
Que ambas cosas sean ciertas —que la instalación mejore de largo la anterior y que su imposición fuera discutible— es justo lo que hace instructivo el caso. El reproche vecinal más sólido nunca fue tecnológico: fue que una decisión de esa magnitud se tomara sin sumar sus efectos, sin pasar por los plenos y trasladando la carga a un municipio que no la genera. Ese reproche sigue en pie aunque la planta funcione impecablemente.
8. El guion se repite: de la basura a los megavatios
Y sigue en pie porque el guion se está repitiendo, ahora con otra infraestructura. Sobre el mismo término se tramitan en 2026 las dos fases de un campus de centros de datos que, con Torres de la Alameda, puede rozar los 372 megavatios, con subestaciones y líneas de alta tensión propias. La consulta ambiental está abierta; los plenos, otra vez, llegarán después. El condicionante, eso sí, ha cambiado de naturaleza: durante décadas la pregunta sobre un municipio que crecía era cuánto suelo tenía; con los centros de datos pasa a ser cuánta potencia eléctrica y cuánta agua de refrigeración es capaz de sostener.
La oposición, sin embargo, ha aprendido de la década anterior. La asociación Henares en Verde no pelea contra un edificio concreto: sostiene que los proyectos de Loeches, Torres, Villalbilla, Meco, Alcalá y San Fernando no pueden evaluarse aislados, porque juntos configuran un «corredor tecnológico y energético» cuya demanda de electricidad, agua y suelo hay que medir en conjunto. Ya no es «no en mi pueblo»; es «que alguien haga la suma antes de firmar». Es, exactamente, la crítica que la plataforma del vertedero llevaba quince años formulando, ahora traducida al lenguaje de los megavatios.
9. Perímetro Henares, recurso Sureste: por qué Loeches no está en el clúster
Porque esa es la cuenta que nadie hace. Sobre el término de Loeches se apilan, a la vez, el secado de lodos de media región, la basura de 31 pueblos, un campus digital que puede rozar los 372 megavatios y su propio crecimiento. A ello se añade el agua: el Canal adjudicó en 2012 una depuradora para el municipio con capacidad para quince mil metros cúbicos al día y tratamiento terciario; margen sobrado, sobre el papel, para nueve mil vecinos, pero medido contra una población, no contra la refrigeración de un centro de datos. Y no consta ningún documento que sume simultáneamente toneladas, megavatios, metros cúbicos y tráfico antes de autorizar cada pieza por separado.
Ese vacío explica una decisión de método de esta serie que conviene hacer explícita, porque a primera vista chirría. El atlas de los 179 municipios de la región se ordena por clústeres de recurso compartido —no por cercanía en el mapa—: se agrupan los pueblos que beben de la misma depuradora, cuelgan del mismo corredor eléctrico o vierten al mismo río, precisamente para poder sumar su demanda acumulada y ver si el sistema aguanta. Por geografía, Loeches debería ir con el Henares. Y, sin embargo, se estudia aparte. La razón no es un tecnicismo.
La primera parte de la explicación es que Loeches pertenece a dos sistemas a la vez y no manda en ninguno. Su perímetro mira al Henares —está en el Corredor y de allí le llega la basura que entierra—, pero su recurso lo ata al Sureste, porque la planta de lodos que alberga seca los fangos del sur y el sureste de la región, emparejada con la EDAR Sur. Meterlo en el clúster del Henares por vecindad ocultaría esa segunda pertenencia, que es la que de verdad lo define.
La segunda parte es más honda, y es la decisiva. Un clúster agrupa a quienes demandan un recurso, para sumar lo que piden. Loeches está en el otro lado del tubo. No es un consumidor más del Henares que compita por la misma agua o la misma potencia: es el sumidero donde converge lo que el Henares descarta y lo que el sur deposita. Contarlo dentro del clúster sería sentarlo a la mesa como una boca más, cuando en realidad es el fregadero. Por eso se estudia por separado —igual que Madrid capital, aunque por el motivo contrario: la capital, por ser demasiado central y grande para caber en un clúster; Loeches, por ser el punto donde varios clústeres vacían a la vez—. No encaja en la casilla de nadie porque recibe de casi todas.
El reparto de responsabilidades lo confirma. La Mancomunidad del Este decidió la planta de basura; el Canal, la de lodos; la Comunidad y el Estado autorizan la energía; el suelo lo cedió en su día el propio ayuntamiento. Cada decisión la tomó otro; todas se ejecutan aquí. Los promotores pagan sus conexiones; las cargas difusas —el tráfico pesado, los olores, la presión sobre unas emergencias que un municipio de menos de veinte mil habitantes ni siquiera presta por sí mismo, sino que le presta la Comunidad— recaen sobre nueve mil vecinos. Quien decide crecer no sostiene las consecuencias, y quien las sostiene no fue convocado a decidir.
Loeches digiere lo que la región descarta y lo que la región desea, y lleva un cuarto de siglo haciéndolo sin un plano que lo ordene. El plan general que se redacta desde 2021 es, seguramente, la última ocasión de poner ese aparato digestivo sobre un plano —de sumar, por una vez, lodos, basura, megavatios y agua— antes de que la próxima autorización llegue suelta, como llegaron todas las anteriores. Sus vecinos llevan quince años pidiendo exactamente eso: no que no haya nada, sino que alguien sume antes de firmar. Tuvieron razón en el vertedero y la siguen teniendo en los datos y, sin embargo, han perdido hasta hoy todas las votaciones que contaban. Esa es, en un término de nueve mil habitantes, la factura del Madrid que crece sin plano.
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