La batalla que la LIDER viene a liquidar
El «cinturón rojo» del sur de Madrid —Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón, Ciempozuelos, San Martín de la Vega, entre otros— lleva años librando una batalla silenciosa pero concreta contra el modelo territorial de Díaz Ayuso.
Sus alcaldes, principalmente del PSOE y de Más Madrid, gestionan ciudades con altísima presión sobre el mercado del alquiler y una tradición de urbanismo vinculado a los servicios públicos de proximidad. Sus planes chocan frontalmente con la lógica desreguladora de la Puerta del Sol.
El frente más nítido ha sido la vivienda. Una decena de alcaldes del sur registraron una iniciativa legislativa para forzar que los ayuntamientos pudieran declarar zonas de mercado residencial tensionado —mecanismo de la Ley Estatal de Vivienda para limitar el precio del alquiler— cuando las familias destinaran más del 30 por ciento de sus ingresos a la renta.
La Asamblea de Madrid, con la mayoría absoluta de PP y Vox, bloqueó la tramitación. Municipios como Alcorcón llegaron a amenazar con acudir a los tribunales ante el veto.
Los planes de Fuenlabrada y Getafe apuestan por movilizar suelo municipal para vivienda de alquiler estrictamente público, frente al modelo del Plan Vive de la Comunidad, que entrega suelo público en concesión a operadoras privadas durante décadas a precios que los alcaldes del sur consideran incompatibles con los salarios reales de sus vecinos. No es una disputa técnica. Es una disputa sobre quién decide y para quién.
Los consistorios del sur denuncian además que la Comisión Regional de Urbanismo —controlada por la Comunidad— retrasa deliberadamente la aprobación de las modificaciones puntuales de sus planes.
Con la LIDER, ese retraso deja de ser un arma de desgaste político para convertirse en un activador jurídico: la demora puede interpretarse como «ausencia de planeamiento» y abrir la puerta a la subrogación del artículo 82. Lo que hoy es una táctica de fricción, mañana es la llave de la caja fuerte.
«Madrid contra la LIDER»: lo que denuncia la coordinadora
El manifiesto de la coordinadora —más de treinta entidades, entre las que se cuentan la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y varios sindicatos, entre ellos UGT y CCOO — no es un texto de protesta genérico. Es un pliego de cargos concretos que el análisis del articulado confirma punto por punto.
La coordinadora califica la ley de «ultraliberal y privatizadora» y denuncia que promueve un crecimiento urbano ilimitado sin resolver la exclusión residencial real. Alerta del «asalto al territorio»: la apertura del suelo rural no protegido a la promoción privada y la tolerancia de «usos excepcionales» en el suelo rural protegido —presentados como medidas contra la despoblación— convierten el campo en un activo mercantilizable sin contrapeso público efectivo.
La denuncia más grave —y la menos difundida— es la que afecta a los derechos procesales.
La coordinadora alerta de que el anteproyecto restringe la posibilidad de acudir a la justicia para anular planes urbanísticos ilegales. Se trata de recortar un derecho de acción pública consolidado en el ordenamiento español desde la Ley del Suelo de 1956. Si los PAR y las ZIR pueden imponerse sobre los municipios sin licencia local ni participación ciudadana, y si además los ciudadanos y las asociaciones ven limitada su capacidad de impugnarlos en los tribunales, el cerramiento del sistema es completo: ni el ayuntamiento puede frenarlos, ni el vecino puede recurrir.
El conflicto de intereses institucionalizado en las ECU también centra las denuncias. La coordinadora advierte de que el mecanismo permite que los propios promotores contraten a las empresas encargadas de inspeccionar y certificar sus obras. Es la supresión del control público preventivo por la vía de los hechos económicos: no hace falta eliminar la inspección; basta con privatizarla.
Por último, la coordinadora denuncia el proceso mismo. Un texto de 323 artículos sometido a información pública en un plazo exiguo, sin debate parlamentario previo y sin consulta real a los municipios afectados. La forma es coherente con el fondo: una norma diseñada para centralizar el poder no pide permiso a quien se lo arrebata.
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