El Congreso de los Diputados aprobaba el 17 de diciembre la conocida como Ley de Eutanasia con el resultado de 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. De esta manera, a partir del próximo año será perfectamente legal que cualquier enfermo incurable pueda solicitar poner fin a su vida, siempre bajo control de las autoridades sanitarias. Se trata de una ley garantista, superior a otras ya existentes.
Votaron a favor de esta ley todas las fuerzas de izquierda, PSOE, Podemos, la CUP, además del PDeCAT, PNV, Ciudadanos y otros partidos minoritarios. Por su parte votaron en contra el Partido Popular y Vox. Resulta interesante conocer los argumentos de las diferentes formaciones a la hora de justificar su voto.
En este sentido, según María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad y ponente de la Ley de Eutanasia, «Nadie puede obligar a otras personas a prolongar su vida con sufrimiento». El Partido Nacionalista Vasco, siendo en su raíz un partido de creencia católica, ya había manifestado anteriormente que es necesario «legislar más allá de las creencias propias».
El Partido Popular parece haber bajado el tono de su anterior intervención al respecto, y si antes tachaba la ley de «proyecto de ingeniería social», ahora acusa al gobierno de que con la misma pretende la «eliminación de los más vulnerables». Defendiendo esta ley Inés Arrimadas, de Ciudadanos, manifestó que «es uno de esos días en que es un honor ser diputado».
Los que siguen fieles a sus postulados son los de la ultraderecha de Vox, para quienes aprobar esta ley supone poner en marcha «una industria de la muerte». Yendo más lejos, la diputada de este partido Lourdes Méndez Monasterio llegó a lamentar que la aprobación de la misma coincida con «la celebración del nacimiento de Jesús».
Los puntos esenciales de esta Ley de Eutanasia se refieren a la regulación de esta iniciativa, mediante la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente. Para pedirla hay que tener nacionalidad española o llevar como mínimo un año empadronado. El interesado debe solicitar la aplicación de la eutanasia dos veces en quince días, manifestando que su decisión no es el «resultado de ninguna presión externa».
El proceso, que durará un máximo de cuarenta días, tiene que ser avalado por el médico del demandante, que deberá pedir opinión a un colega con la debida formación en las patologías que padece el paciente. La ayuda para morir podrá ser llevada a cabo en centros sanitarios tanto públicos como privados o concertados, e incluso en el domicilio del paciente. Los profesionales directamente implicados en este proceso «podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia».
La aplicación de esta ley va a suscitar -está suscitando ya- un gran debate en torno a la misma, cuando en realidad de lo que se trata es de evitar el dolor y sufrimiento en los últimos momentos de la vida de un ser humano, siempre que la persona en cuestión lo solicite de forma reiterada o lo hayan solicitado antes de su posible incapacitación. No será ningún gobierno de turno el que decida en cada caso, sino que lo será la persona directamente afectada.
Nuestro país se va a situar en los primeros lugares del mundo en disponer de una Ley de Eutanasia, uniéndose a otros países que ya la tienen aprobada, como son los Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Canadá y Nueva Zelanda[1].
Cuando entre en vigor será un derecho fundamental, cuando en estos momentos, y aunque pueda parecer extraño, ayudar al suicidio es un delito en nuestro país, si bien es cierto que se admite una rebaja de penas si se hace por indicación del afectado.