La planta de biogás: el PP dividido ante sus propios vecinos
Entre los millones de euros anunciados para el Paraninfo, el Gran Teatro y la remodelación urbana, el Ayuntamiento de Tres Cantos no ha logrado frenar la amenaza medioambiental más palpable que se cierne sobre su zona norte: la macroplanta de digestión anaerobia proyectada entre Colmenar Viejo y Tres Cantos, promovida por las empresas PreZero y Enagás.
El complejo se ubicaría en suelo no urbanizable del municipio de Colmenar, junto al vertedero ya existente, a menos de 1500 metros de viviendas y centros educativos y a apenas dos kilómetros del nuevo desarrollo norte de Tres Cantos. Con capacidad inicial para tratar 75.000 toneladas anuales de residuos orgánicos —ampliables hasta 150.000—, la instalación ha generado una movilización vecinal sin precedentes bajo el lema «Ni tan grande ni tan cerca».
La Plataforma Stop Biogás 3CV ha convocado cuatro protestas desde que el proyecto se hizo público, incluyendo una multitudinaria manifestación el 26 de octubre de 2025. Asociaciones vecinales de ambos municipios han presentado además una demanda conjunta para impugnar la declaración de utilidad pública e interés social de la instalación.
Los argumentos técnicos son contundentes: emisiones de óxidos de nitrógeno, partículas PM10 y PM2,5, aumento del tráfico pesado de camiones y riesgo permanente de olores en un radio de dos a tres kilómetros.
Los vecinos han rechazado también el único argumento económico esgrimido por el alcalde de Colmenar Viejo —tres millones de euros en impuestos municipales como el ICIO—, señalando que ese mismo ingreso se generaría con cualquier otra actividad inocua en la parcela.
La contradicción política tiene un protagonista inevitable: Jesús Moreno. El alcalde de Tres Cantos ha pedido públicamente que las promotoras «busquen otra ubicación alejada de los núcleos residenciales», reconociendo al mismo tiempo que su consistorio «no tiene competencias en el proceso».
Una oposición simbólica que choca con su propia trayectoria orgánica: Moreno es vicesecretario de Acción Política del PP de la Comunidad de Madrid, la misma administración que, a través de su Dirección General de Descarbonización y Transición Energética, otorgó la Autorización Ambiental Integrada —el instrumento de mayor exigencia regulatoria en materia ambiental— que abre legalmente la vía a la construcción de la planta.
Sin esa autorización regional, el proyecto no existiría, y que Moreno se declare contrario a la ubicación mientras el PP autonómico ha emitido el visto bueno ambiental que la hace posible, constituye una contradicción de libro que la ciudadanía de Tres Cantos no ha tardado en señalar.
La arquitectura política que sostiene el proyecto es igualmente reveladora. En abril de 2024, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo —gobernado por el PP con el apoyo de Vox— aprobó en pleno extraordinario la declaración de utilidad pública e interés social de la instalación: doce concejales del Partido Popular y tres de Vox votaron a favor; la oposición de izquierdas votó en contra; el PSOE local se abstuvo.
Un año después, en junio de 2025, una moción para revocar esa declaración logró el respaldo de PSOE, Vox y Ganemos Colmenar, pero la abstención de una concejala socialista provocó un empate a doce votos —en lo que los vecinos han bautizado como el «tamayazo de la basura»— que dejó en manos del alcalde popular Carlos Blázquez la decisión final. Blázquez mantuvo el proyecto, dinamitando el pacto de gobierno con Vox.
Añádase además la presión del reloj europeo: el proyecto está financiado con fondos Next Generation y, si la planta no entra en funcionamiento antes de principios de 2027, las subvenciones deben ser devueltas íntegramente. Esta urgencia financiera explica la prisa del PP —tanto en Colmenar como en la Comunidad— por mantener la tramitación en marcha a cualquier precio político.
El cuadro resultante sitúa a Jesús Moreno en una posición sin salida honesta: es alcalde del municipio más afectado, diputado de la Asamblea donde su grupo parlamentario respalda a la consejería que firmó la Autorización Ambiental Integrada, y responsable de Acción Política del partido que gobierna tanto Colmenar Viejo como la Comunidad de Madrid.
Que recurra a la falta de competencias municipales como argumento para no actuar resulta difícilmente sostenible cuando él mismo forma parte del engranaje orgánico que ha tomado cada decisión clave favorable al proyecto.
Los millones presupuestados para el escaparate —asfalto, Paraninfo, Gran Teatro— no tienen ninguna capacidad para detener una instalación que cuenta con el aval ambiental de su propio partido.
La seguridad medioambiental de Tres Cantos queda, una vez más, supeditada a la disciplina de partido y a la urgencia de no perder una subvención europea por encima del malestar de sus vecinos.
Conclusión: La verdadera seguridad no se construye con hormigón
Tres Cantos opera bajo una dualidad administrativa que resulta insostenible a largo plazo para sus vecinos. El éxito de su modelo urbanístico original —blindado geográficamente frente a la delincuencia convencional y reforzado por la presencia de miles de profesionales de la seguridad y la defensa— ha servido para consolidar una marca de infalibilidad que las autoridades locales explotan con indudable rédito político. Pero ese escaparate de grandes avenidas, clústeres tecnológicos y planes expansivos de obra civil no oculta la degradación silenciosa de los servicios humanos esenciales.
La quiebra de las infraestructuras TI en la sanidad pública, el impacto de las huelgas en la Atención Primaria y en las escuelas infantiles, las carencias de climatización en los colegios, el abandono forestal que propició el devastador incendio de agosto de 2025 —con una víctima mortal y más de dos mil hectáreas calcinadas— y el inminente estrangulamiento energético que paraliza la expansión de firmas como Normon evidencian que el bienestar de la ciudadanía no se garantiza a golpe de asfalto ni con macrocomplejos deportivos.
Cuando la acumulación de cargos e influencia orgánica obliga a los gestores municipales a priorizar la disciplina de partido por encima de la mediación y la exigencia presupuestaria en los servicios que gestiona la autonomía, se quiebra el pacto de representación con el municipio.
La verdadera seguridad y resiliencia de una comunidad madura no se miden por el mutismo que protege al ciberdelito corporativo ni por el volumen de hormigón invertido en sus viales, sino por la fiabilidad estructural de sus redes asistenciales y por la certeza de que el sistema público responderá con eficacia cuando la salud, la educación, la conservación del entorno natural y la conciliación de las familias se encuentren en juego.
