
El colapso informático que pone en riesgo a los pacientes
El episodio que mejor ilustra esta brecha estructural se produjo en mayo de 2026: una incidencia masiva e intermitente en los servidores del sistema AP-Madrid del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) expulsó a los facultativos de sus terminales durante días.
La Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC) y la Asociación Madrileña de Pediatría (AMPAP) emitieron comunicados de alerta: los médicos no podían acceder a antecedentes clínicos, tratamientos activos, alergias ni herramientas de prescripción electrónica. La seguridad clínica de los pacientes quedó comprometida.
No se trató de un incidente aislado. En enero de 2025, la base de datos de receta electrónica y el sistema de cita previa por internet y teléfono ya habían colapsado por un fallo en las cabinas de almacenamiento centralizado, obligando a los centros de salud a trabajar, literalmente, con lápiz y papel.
El historial de caídas del sistema de Historia Clínica Electrónica Centralizada evidencia fallos de red estructurales, no incidentes puntuales.
La paradoja se vuelve estruendosa cuando se cruza con el perfil institucional del alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno García: diputado de la Asamblea de Madrid desde 2023 y portavoz de la Comisión de Digitalización de la cámara autonómica. No resulta posible defender un discurso de vanguardia tecnológica en sede parlamentaria mientras la infraestructura TI del SERMAS sufre caídas recurrentes en los centros de salud locales.
La acumulación de cargos —alcalde, diputado autonómico y vicesecretario de Acción Política del PP de Madrid— fragmenta la dedicación y obliga a una doble lealtad en la que la disciplina de partido suele prevalecer sobre las demandas del vecindario.
El incendio de agosto de 2025: la tragedia que pudo evitarse
La noche del 11 de agosto de 2025 quedará marcada en la memoria colectiva de Tres Cantos. Un incendio forestal declarado en la zona este del nuevo desarrollo norte se propagó con una virulencia devastadora, impulsado por vientos superiores a 70 km/h y vegetación seca tras meses sin precipitaciones.
En apenas cuarenta minutos, las llamas avanzaron más de seis kilómetros, calcinaron más de dos mil hectáreas de terreno natural, causaron una víctima mortal y forzaron la evacuación de 180 personas de las urbanizaciones de Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad del Campo.
El siniestro no fue imprevisible. Las actas de los plenos municipales previos al verano certifican que los grupos de la oposición habían formulado reiteradas advertencias y requerimientos formales exigiendo planes de prevención urgentes, desbroces selectivos, limpieza de cortafuegos y retirada de biomasa seca en las parcelas públicas lindantes con las zonas boscosas.
El gobierno local desoyó sistemáticamente esas alarmas. La Comunidad de Madrid, por su parte, evidenció una total inacción preventiva: abandono de los cortafuegos perimetrales, ausencia de desbroces invernales y falta de limpieza de la masa forestal bajo su tutela directa.
El trágico recordatorio no puede ser más claro: lo verdaderamente crucial en la administración pública no es el volumen bruto de gasto, sino dónde se sitúa el foco político. Si los recursos se desvían hacia proyectos de lucimiento orientados al rédito electoral a corto plazo, los servicios de conservación que protegen directamente la vida de los ciudadanos quedan sin financiación estructural.
El cuello de botella energético que frena el futuro
Al relato de las carencias en servicios humanos básicos se añade ahora el factor más crítico y estructural que amenaza con frenar en seco el desarrollo del municipio: un déficit histórico en la capacidad de la red de distribución eléctrica.
El ritmo de construcción de promociones residenciales en la zona norte y la catalogación de suelo para actividades industriales y tecnológicas de alta intensidad ha avanzado muy por delante de la capacidad de transporte y transformación de las subestaciones eléctricas que abastecen el término municipal.
La estampa es la de un «bebé gigante»: un municipio que crece a ritmo vertiginoso con un esqueleto de infraestructura básica que se ha quedado pequeño.
Las consecuencias son ya tangibles. Compañías del peso de Normon, laboratorio farmacéutico con una implantación histórica en el polígono industrial de Tres Cantos, ven comprometida la ampliación de sus plantas de producción ante la imposibilidad técnica de asegurar los flujos energéticos necesarios para su maquinaria.
Al mismo tiempo, la proyectada implantación de nuevos centros de datos —grandes consumidores de energía y punta de lanza del clúster digital que el alcalde publicita en sus ruedas de prensa— compite directamente con el sector residencial por unos recursos de red ya al límite.
El escaparate de la atracción de inversiones millonarias carece del cimiento más elemental: la energía necesaria para encenderlo.
Transporte, envejecimiento y precios: las fracturas cotidianas
Las contradicciones de la gestión local no se agotan en la sanidad o el medioambiente. Tres Cantos sufre un estrangulamiento diario en sus comunicaciones por la dependencia absoluta de la autovía M-607, que soporta densidades de tráfico críticas en las horas punta por el trasvase de trabajadores hacia los polígonos y el norte de la capital.
El retraso crónico en el cierre de la M-50 y la parálisis de la segunda estación de Cercanías en la zona norte —la prometida Tres Cantos Norte, cuya ejecución acumula lustros de espera— privan al nuevo desarrollo residencial de una alternativa de movilidad sostenible y de alta capacidad.
Mientras tanto, el mercado inmobiliario ha encarecido de tal manera que los jóvenes nacidos en el municipio se ven obligados a emigrar hacia otras localidades de la corona metropolitana, quebrando el relevo generacional natural.
Y, de forma paralela, la «generación pionera» —aquellos primeros pobladores que llegaron en los años ochenta— supera ya los 65 años y experimenta un proceso de envejecimiento acelerado en los sectores históricos, lo que eleva exponencialmente la demanda de servicios sociosanitarios y de atención a la cronicidad.
Una presión que recae, precisamente, sobre el mismo sistema de Atención Primaria cuya infraestructura TI colapsa de forma recurrente.
Huelgas en las aulas y en los centros de salud: el malestar estructural
Los centros de salud de Tres Cantos no han sido un oasis al margen de las movilizaciones que sacuden la Atención Primaria madrileña. Los paros convocados por sindicatos médicos como AMYTS han registrado un notable seguimiento entre los facultativos y pediatras del municipio, traduciéndose en la suspensión de consultas programadas, la reprogramación de citas y el desvío de la demanda sobrepasada hacia las urgencias del Hospital Universitario La Paz.
La razón: agendas de entre 40 y 50 pacientes por consulta, la falta de cobertura de bajas y la imposibilidad de dedicar el tiempo mínimo por paciente —diez minutos en medicina de familia, quince en pediatría— que marca la propia normativa.
En el ámbito educativo, las escuelas infantiles han atravesado jornadas de huelga ligadas al bloqueo del convenio colectivo sectorial y a las precarias condiciones laborales de las educadoras: salarios que apenas rozan el SMI, ratios excesivas de alumnos por aula y ausencia crónica de personal de apoyo para menores con necesidades específicas.
La contradicción es llamativa: el Ayuntamiento publicita en sus planes de inversión la apertura de una nueva Escuela Infantil municipal en el sector de Paraninfo, pero el modelo de licitación que perpetúa la precariedad laboral de sus trabajadoras garantiza que el nuevo «ladrillo» no venga acompañado de calidad real en el servicio.
Página 2 /3



