Quien alce la vista hacia el norte del paseo de la Castellana no encontrará el nombre de ningún gran banco español coronando sus rascacielos. Donde las quinielas de comienzos de siglo situaban los logotipos de la gran banca, hoy conviven firmas energéticas, consultoras globales y universidades. El símbolo es elocuente y sirve de hilo conductor para una pregunta de fondo: ¿dónde reside hoy, en España y en Europa, la verdadera capacidad de decisión económica?
La torre que se apagó
El caso más elocuente es el de la llamada Torre Foster, diseñada por Norman Foster para Repsol y adquirida por Caja Madrid en 2007 por 815 millones de euros, en pleno delirio inmobiliario previo a la crisis. La entidad pretendía convertirla en su sede corporativa y en emblema de su poder. Tras la fusión que dio lugar a Bankia, el edificio quedó prácticamente vacío y acabó pasando por las manos de un fondo soberano de Abu Dabi —vía el entonces presidente de Cepsa— antes de recalar, en 2016, en Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega.
Un banco español compró la torre en la cúspide de su poder simbólico y la perdió, a través de un fondo del Golfo, en el proceso de reestructuración que siguió al rescate. Es, en miniatura, la historia completa que este artículo quiere contar.
El rescate que fue una jaula
La narrativa convencional de recesión de 2008 sostiene que los Estados salieron al rescate de los bancos. Una lectura alternativa, más incómoda, sostiene que el rescate no salvó el poder de los banqueros, sino que lo neutralizó: a cambio de la liquidez, se introdujo un marco regulatorio —el Mecanismo Único de Supervisión, Basilea III y Basilea IV— que instaló a los supervisores de manera permanente en los comités de dirección de las entidades.
La banca conservó su función esencial —depósitos, pagos, crédito—, pero perdió la capacidad de actuar como agente estratégico con voz propia sobre el modelo económico del país, aquella que sí ejercían Emilio Botín, Francisco González o Isidro Fainé antes de la crisis.
El discurso público de los actuales consejeros delegados —Ana Botín, Héctor Grisi, Onur Genç, Gonzalo Gortázar— confirma ese repliegue. Sus intervenciones en juntas de accionistas y presentaciones de resultados giran, casi de manera uniforme, en torno a la solidez, la disciplina de capital y la capacidad de absorber escenarios adversos: un lenguaje defensivo, heredero directo del trauma de 2008, que apenas deja espacio a la reflexión sobre vivienda, modelo productivo o cohesión territorial que sí formaba parte del discurso bancario de antaño.
Incluso la operación más ambiciosa del sector en el último año —la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell— terminó en fracaso, con su propio consejero delegado, César González-Bueno, admitiendo públicamente que la oferta no había convencido ni a los inversores institucionales.
El vacío que no quedó vacío
Ese repliegue de la banca no ha dejado un espacio huérfano. Lo ha ocupado un entramado de actores más abstractos, más móviles y menos expuestos al escrutinio de la opinión pública nacional: los grandes fondos de inversión —BlackRock, Vanguard, Blackstone— y los fondos soberanos de Noruega, Singapur o las monarquías del Golfo. Su influencia no se ejerce mediante discursos ni comparecencias públicas, sino mediante decisiones de capital que determinan qué infraestructura se construye y dónde.
El ejemplo más nítido es el de los centros de datos. La joint venture entre Iridium —filial de ACS— y Global Infrastructure Partners, brazo de infraestructuras de BlackRock, prevé una cartera de doscientos setenta y ocho megavatios de capacidad en España, con un primer proyecto operativo en Alcalá de Henares.
A esto se suman los treinta y tres mil setecientos millones de euros que Amazon ha comprometido en su región cloud de Aragón, la inversión de Microsoft —con un impacto estimado de diez mil setecientos millones de euros en el producto interior bruto nacional— y los siete mil quinientos millones de Blackstone a través de QTS Data Centers. No es gestión pasiva de carteras cotizadas: son decisiones directas sobre dónde se levanta la infraestructura energética y digital que sostendrá la próxima década de la economía española.
El nudo geoestratégico
Ahí aparece el verdadero nudo del asunto, y no es financiero, sino de soberanía tecnológica. La gobernanza del dato y de las comunicaciones exige, como mínimo, cinco elementos: una regulación cada vez más exigente; infraestructura de ciberseguridad preparada para la transición poscuántica, dado que buena parte del cifrado actual quedará vulnerable en cuanto exista capacidad de cómputo cuántico suficiente; centros de datos con niveles de resiliencia física muy superiores a los estándares comerciales habituales; el paraguas normativo de los sistemas de pago —SEPA, SWIFT e ISO 20022, en plena migración hacia un estándar de mensajería común—; y, por encima de todo, una infraestructura soberana capaz de resistir escenarios de guerra híbrida, incluidos eventos electromagnéticos de origen intencionado o natural.
En este terreno, Europa cuenta con su propio paraguas normativo: los acuerdos de estandarización de la OTAN, los STANAG, orientados a endurecer las instalaciones críticas de mando y control frente al pulso electromagnético de gran altitud y otras amenazas del mismo orden.
Ese blindaje se aplica hoy a instalaciones militares de misión crítica, no a los centros de datos comerciales que están construyendo ACS, Amazon o Microsoft en suelo español, lo que revela, con más fuerza aún, la tesis de fondo: ningún banco —y de momento tampoco ningún operador puramente comercial— dispone de los medios, el marco jurídico ni el mandato para levantar por sí solo ese paraguas de seguridad soberana. Es una capacidad que, por naturaleza, solo puede residir en el Estado o en una alianza de Estados.
El discurso que distrae
El discurso bancario sobre la inteligencia artificial —el ahorro de tiempo en el desarrollo de software, la automatización de reclamaciones, la promesa de una banca «más personal y proactiva»— resulta, cuando menos, incompleto. No es que sea falso: BBVA, por ejemplo, documenta mejoras reales de productividad interna.
Pero es un discurso instalado en la capa más visible del problema —la experiencia de cliente, la eficiencia operativa— que desplaza casi por completo la pregunta que de verdad debería ocupar el debate público: quién custodia la infraestructura crítica sobre la que corre esa inteligencia artificial, quién la protege frente a una amenaza estatal o un evento electromagnético, y quién decide, en última instancia, sobre la soberanía tecnológica europea.
El nuevo orden de la Castellana
El paisaje actual de las Cuatro Torres —y de la quinta incorporación, Caleido— retrata con precisión ese nuevo reparto de papeles: arriba, los fondos de inversión y los fondos soberanos, que deciden desde la distancia qué infraestructura se construye; en un nivel intermedio, las grandes consultoras y multinacionales que gestionan esos activos sobre el terreno; y, en el subsuelo del sistema, la banca tradicional, convertida en una infraestructura de servicio imprescindible —como una red eléctrica o una operadora de telecomunicaciones—, pero ya sin la capacidad ni la vocación de decidir hacia dónde camina el país.
Los rascacielos de Madrid dejaron de pertenecer a los banqueros no por una simple decisión de gestión inmobiliaria, sino porque los bancos dejaron de gobernar la economía. Hoy sostienen el tablero desde abajo, mientras la partida —vivienda, energía, infraestructura digital, soberanía del dato— se juega en otra parte, con fichas que mueven actores a los que, por diseño, nadie puede pedir cuentas en una junta de accionistas española.
Somos espectadores de la entronización de facto de las Cuatro Torres.
