Los responsables sanitarios de Estados Unidos cancelarán unas 315.000 inscripciones que dan cobertura a más de 760.000 personas por considerarlas irregulares. La Administración calcula que recuperará 2200 millones de dólares, mientras especialistas reclaman transparencia sobre los criterios utilizados y advierten del riesgo de excluir a beneficiarios legítimos.
Esta entrega del Observatorio Trump, escrita en España el 23 de septiembre tras la jornada política estadounidense del día 22, analiza una nueva intervención de la Administración en la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, cuando el precio de la atención sanitaria y el coste de la vida ocupan un lugar central en la campaña de las elecciones legislativas.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han anunciado la cancelación de aproximadamente 315.000 inscripciones que cubren a más de 760.000 personas en el mercado federal de seguros médicos.
El organismo sostiene que se trata de inscripciones no autorizadas o fraudulentas y calcula que la medida permitirá recuperar unos 2200 millones de dólares en subvenciones públicas. La cifra y la calificación proceden de la propia Administración: la documentación publicada no detalla individualmente los expedientes ni permite determinar cuántas personas han recibido ya la notificación definitiva.
La exclusión del Obamacare amplía la ofensiva contra el fraude
El vicepresidente JD Vance, quien dirige el grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el fraude, afirmó que el objetivo es garantizar que las subvenciones lleguen únicamente a quienes reúnen los requisitos. La Administración también someterá otras 419.000 inscripciones a comprobaciones adicionales.
Los responsables federales mencionaron entre las señales examinadas la ausencia de números de la Seguridad Social o de documentación migratoria. Los CMS han indicado además que continuarán colaborando con las aseguradoras para detectar inscripciones potencialmente irregulares, retirar las que consideren confirmadas y recuperar las subvenciones asociadas.
La actuación incluye una moratoria temporal para los agentes y corredores que pretendan registrarse por primera vez en el mercado federal durante el ejercicio de 2027. Según la norma publicada para inspección en el Registro Federal, la suspensión se prolongará hasta el 1 de febrero de 2027, salvo que sea levantada antes.
La Administración asegura que los intermediarios incorporados recientemente representan una parte pequeña de las altas gestionadas, pero concentran una proporción elevada de las operaciones que considera de riesgo. Desde enero, los CMS han enviado avisos de expulsión a más de doscientos agentes y corredores por incumplimientos.
Las auditorías acreditan riesgos, pero no su escala
La existencia de vulnerabilidades no depende únicamente de la versión del Gobierno. La Oficina de Rendición de Cuentas (GAO), órgano fiscalizador del Congreso, consiguió que el mercado federal aprobara cobertura subvencionada para casi todas las solicitudes ficticias que presentó en los ejercicios de 2024 y 2025.
La propia GAO precisó, sin embargo, que esas pruebas encubiertas eran ilustrativas y no podían extrapolarse al conjunto de los asegurados. Su investigación demuestra que existen fallos en los controles, pero no acredita que las 760.000 personas señaladas ahora por la Administración sean beneficiarias fraudulentas.
Especialistas consultados por AP respaldaron la retirada de coberturas obtenidas fraudulentamente, pero cuestionaron si el procedimiento empleado permite distinguir con garantías los casos irregulares de los errores administrativos. También señalaron que la decisión se adoptó fuera del procedimiento regulatorio habitual y que la Administración no ha explicado suficientemente sus criterios.
Richard Neal, portavoz demócrata en la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, acusó al Gobierno de añadir obstáculos y retirar cobertura en un momento de fuerte aumento de los costes sanitarios. No consta todavía una resolución judicial que limite la medida ni una impugnación que haya suspendido su aplicación.
Una decisión sanitaria en plena campaña electoral
Alrededor de 19,2 millones de estadounidenses mantenían a comienzos de 2026 una póliza activa en los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Esa cifra ya había descendido en unos 2,6 millones respecto al año anterior después de que expiraran las subvenciones reforzadas y aumentaran las primas.
La cancelación anunciada conecta así dos discursos contrapuestos. La Casa Blanca la presenta como una defensa de los contribuyentes y de los beneficiarios legítimos. Sus críticos sostienen que la falta de información sobre el proceso puede dejar sin seguro a personas correctamente inscritas y agravar una crisis de asequibilidad que ya ha expulsado a millones de personas del programa.
El último sondeo Reuters/Ipsos analizado por el Observatorio Trump mostró que el malestar económico alcanza a la base republicana: solo el 44 por ciento aprobaba la gestión presidencial del coste de la vida y el 51 por ciento la desaprobaba.
La encuesta no preguntó específicamente por estas cancelaciones, por lo que no permite atribuirles un efecto electoral. Su importancia para el 3 de noviembre dependerá de cuántas personas pierdan realmente la cobertura, de las posibilidades de revisión y de si aparecen casos documentados de exclusiones erróneas.
La cuestión abierta ya no es únicamente si existe fraude en el Obamacare, algo respaldado por auditorías oficiales, sino si la Administración ha construido un procedimiento suficientemente transparente para separar el fraude acreditado de los problemas documentales y proteger a los asegurados legítimos.
- Pie de foto: Barack Obama firma la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible en la Casa Blanca el 23MAR2010
