Dos de los tres jueces de un tribunal federal de apelación han expresado dudas sobre la competencia, la base constitucional y la urgencia de la petición del Gobierno de Donald Trump para separar los votos por correo de unas 20.000 personas de California a quienes considera posibles no ciudadanos.
La vista extraordinaria celebrada el domingo por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito no produjo una decisión inmediata. El panel anunció que resolverá con rapidez, mientras permanece señalada para el martes 27 de octubre una audiencia ante el juez de distrito que recibió el caso.
La controversia llega a ocho días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El Departamento de Justicia quiere impedir que California compute los votos afectados hasta verificar la ciudadanía de sus titulares. El estado responde que la lista federal contiene datos sin acreditar y que aplicar la orden podría privar del voto a ciudadanos habilitados.
El Gobierno recurrió antes de que el juez resolviera
El Departamento de Justicia demandó a California el 15 de octubre. Alega que varias agencias federales identificaron a más de 20.000 personas «probablemente» no ciudadanas dentro de registros electorales públicos y pide que sus papeletas queden separadas hasta completar una comprobación.
El juez federal David O. Carter fijó para el 27 de octubre la vista sobre la solicitud de una orden temporal. El Gobierno había pedido una respuesta antes del mediodía del día 22 y recurrió cuando no la obtuvo. En su aviso de apelación sostiene que el silencio del tribunal equivale a una denegación práctica de la medida urgente.
Ese salto procesal centró parte de las preguntas del Noveno Circuito. El juez Mark J. Bennett, nombrado por Trump durante su primer mandato, dudó de que el tribunal de apelación pueda intervenir cuando el juez de distrito aún no ha dictado una resolución. También recordó que la cláusula electoral de la Constitución atribuye a los estados la regulación del tiempo, el lugar y la forma de las elecciones al Congreso, sujeta a las leyes que apruebe el Congreso.
El juez Gabriel P. Sanchez, nombrado por Joe Biden, preguntó si la pretensión federal vulnera la Décima Enmienda al obligar al estado a ejecutar una prohibición penal federal. El abogado del Gobierno, Matthew Donnelly, replicó que California también prohíbe votar a quienes no sean ciudadanos y que su negativa frustra la finalidad de la ley federal.
El tercer integrante del panel, Patrick J. Bumatay, también nombrado por Trump, se mostró más receptivo a la petición. Señaló el interés público en impedir votos de personas no habilitadas y planteó que, sin una orden, podría resultar imposible conocer después si se produjo esa conducta.
Una revisión parcial detecta problemas en la lista
California no sostiene que las personas no ciudadanas puedan votar. Discute la fiabilidad de la selección federal, el procedimiento empleado y la facultad del Ejecutivo para imponer a los funcionarios estatales una revisión de última hora.
El condado de Los Ángeles examinó una muestra de doscientos nombres. Según una declaración presentada por la responsable electoral adjunta Monica Flores, el grupo incluía inscripciones canceladas o inactivas, personas sin historial de voto y electores que parecían haber nacido en Estados Unidos, un indicio sólido de ciudadanía. El análisis no permite extrapolar un porcentaje exacto al conjunto de 20.000 personas, pero contradice que todos los nombres sean casos ya verificados.
El abogado del condado, Seth Waxman, calculó que cotejar los 2,75 millones de votos por correo previstos, a tres minutos por papeleta, exigiría unas 140.000 horas de trabajo. Añadió que, una vez comprobada la firma y separada la papeleta de su sobre, el voto se mezcla con los demás para preservar el secreto y ya no puede vincularse a una persona concreta.
La secretaria de Estado de California, Shirley N. Weber, afirma que el Gobierno no ha explicado suficientemente la metodología ni aportado pruebas fiables. Su abogado sostuvo ante el panel que, si el Ejecutivo considera insuficientes las normas electorales, debe pedir al Congreso que las modifique.
La acusación federal todavía no prueba votos ilegales
La demanda habla de personas que «probablemente» no son ciudadanas y que recibieron una papeleta, pero recibirla, devolverla y emitir un voto ilegal son hechos diferentes. Estar incluido en la lista tampoco constituye por sí mismo una declaración judicial de inelegibilidad.
El Departamento de Justicia sostiene que California causa un daño irreparable al permitir que se procesen los votos antes de verificar la ciudadanía. El estado y el condado replican que la medida solicitada carece de una base legal civil específica, altera la administración electoral cuando la votación ya está en marcha y amenaza derechos de electores legítimos.
El tribunal no ha decidido aún cuál de esas posiciones prevalece. Las preguntas formuladas durante una vista permiten conocer las preocupaciones de los jueces, pero no equivalen a una sentencia. Tampoco consta todavía que el Noveno Circuito haya ordenado separar votos o que Carter haya resuelto la petición inicial.
Una nueva disputa sobre el poder federal y las elecciones
El caso de California se suma a la ofensiva de la Administración para obtener censos electorales estatales, identificar posibles votantes no ciudadanos e intervenir en controversias previas a las legislativas. El Observatorio ya informó de que una jueza anuló otro plan federal para depurar censos electorales y de la demanda preventiva presentada contra Alaska por la carrera al Senado.
Los procedimientos no son idénticos. En California se discute si pueden apartarse papeletas de personas señaladas por bases federales; en Alaska, el Gobierno pide condicionar una eventual certificación a una investigación sobre dos candidatos con el apellido Sullivan. Comparten, sin embargo, una cuestión institucional: hasta dónde puede llegar el Ejecutivo federal en elecciones administradas por los estados.
Los promedios nacionales mantienen la ventaja demócrata
El promedio de encuestas de Call the Map, actualizado el 26 de octubre, concede a los demócratas 7,8 puntos de ventaja en el voto genérico para el Congreso y sitúa la aprobación neta de Trump en menos 25,2 puntos. Son medias demoscópicas, no una proyección automática de escaños ni una medición del apoyo a la demanda de California.
Una encuesta de YouGov cerrada el 23 de octubre, incluida en ese registro, muestra un 53 por ciento de preferencia demócrata y un 45 por ciento republicana entre 1749 votantes probables. En la aprobación presidencial, otra muestra de YouGov ofrece un 39 por ciento de aprobación y un 61 de desaprobación entre 2345 adultos. Las poblaciones de ambas preguntas son distintas y no deben compararse como si procedieran del mismo universo electoral.
La decisión judicial puede llegar antes de la vista del martes o después de ella. Hasta entonces, las papeletas no han sido apartadas por orden del Noveno Circuito y la lista de 20.000 nombres continúa siendo una alegación sometida a contraste, no una relación judicialmente confirmada de votos ilegales.
