Hace un tiempo sostuve que España se había quedado sin «médicos» para la vivienda. Las seis entregas de esta serie —Navarra, la jaula bancaria, el suelo, el mapa— obligan a volver sobre aquella tesis: no a corregirla, sino a entender que era la base de todo lo demás.
Cuando publiqué «El ejército invisible» defendía una idea sencilla y algo incómoda: que España tiene un cuerpo de funcionarios para cada derecho social que se toma en serio —cientos de miles de personas sostienen a diario la sanidad y la educación públicas— y que, frente a ellos, el personal dedicado específicamente a la vivienda es estadísticamente insignificante.
No hay un cuerpo, ni una carrera, ni una masa crítica de técnicos de vivienda comparable a los otros pilares. La vivienda es, sobre el papel, uno de los pilares del Estado del bienestar; en la práctica, el único que nunca tuvo su ejército. Y un derecho sin funcionarios que lo administren no es un derecho: es una declaración de intenciones.
Aquella pieza describía un frente. Las seis entregas de esta serie me han convencido de algo que entonces solo intuía: que ese frente no es uno más, sino el que sostiene a todos los demás. Conviene, por eso, revisitarlo; no para desdecirme, sino para colocarlo en el lugar que le corresponde ahora que hemos recorrido el resto del incendio.
El hilo conductor de esta serie ha sido una metáfora: la vivienda no es una presa a la que se dispara con una bala de plata, sino un incendio de muchos frentes que hay que perimetrar y atacar a la vez, como hacen los bomberos. Pues bien, si algo enseña «El ejército invisible», leído hoy, es que de nada sirve discutir qué manguera usar si no hay dotación que la sostenga. Podemos legislar el tope de alquileres, retener suelo público, aprobar el fideicomiso más ambicioso: sin técnicos que tramiten licencias, inspeccionen contratos, promuevan promociones y gestionen el parque, la armería está llena de armas que nadie sabe disparar. El frente de la capacidad administrativa es el más profundo porque condiciona a todos los otros. Es la dotación del parque de bomberos antes de la primera llamada.
La serie ha añadido, además, tres piezas de contexto que en su día no subrayé lo suficiente y que hoy me parecen decisivas. La primera es que el desmantelamiento no fue mala suerte ni simple falta de dinero: fue una decisión. La Ley 27/2013 de racionalización de la Administración local —la llamada «ley Montoro»— retiró la vivienda del catálogo de competencias propias de los municipios y la dejó en un limbo que solo podían habitar acreditando que no comprometía su equilibrio financiero; las tasas de reposición próximas al cero impidieron relevar las jubilaciones de los técnicos, y las reglas de estabilidad forzaron a vaciar empresas municipales de vivienda. Se desarboló el ejército y luego se lamentó que no hubiera soldados.
La segunda pieza es una simetría que la tercera entrega de esta serie dejó al descubierto. Mientras el banco malo, la Sareb, vendía el ladrillo bancario a los grandes fondos internacionales —convirtiéndolos en los mayores caseros del país—, numerosos ayuntamientos vendían su Patrimonio Público de Suelo, un bien teóricamente afecto a fines sociales, para enjugar deuda. Son los dos brazos de una misma tenaza: uno financiero, que traspasó los activos a los fondos; otro administrativo, que desarmó al gestor público. La criatura que hoy combatimos encontró el terreno despejado por partida doble.
La tercera pieza es la más esperanzadora, y confirma la tesis desde el reverso. No todo el territorio se desarmó por igual, y los resultados lo delatan. Los lugares que exhiben hoy las mejores políticas de vivienda —Cataluña, País Vasco, Navarra— son exactamente los que conservaron o reconstruyeron su maquinaria pública: institutos municipales de vivienda, sociedades públicas con plantilla estable, empresas forales que promueven, compran y gestionan por sí mismas. El laboratorio navarro que analicé en la segunda entrega funciona, entre otras razones, porque tiene quién lo haga funcionar. Donde sobrevivió el ejército, sobrevivió la política. Donde se disolvió, quedaron los planes en el papel y el mercado en la calle.
De aquí se sigue una advertencia que atraviesa toda la campaña y que en su día no formulé con la crudeza necesaria. El Estado ha empezado a construir un parque público de vivienda, pero ha adjudicado su gestión a empresas privadas, porque se quedó sin capacidad de gestionarlo por sí mismo. No es un capricho ideológico: es la única salida de quien fue amputado. Pero es también una trampa, porque la capacidad que vive en el contratista no se acumula como músculo público; se devuelve con la última factura, y con ella el conocimiento, la plantilla y la memoria institucional. Alquilar bomberos por horas no es tener un cuerpo de bomberos.
Por eso la reconstrucción del ejército invisible —oposiciones, cuerpos técnicos, empresas públicas de vivienda con personal estable— es la inversión menos vistosa y más estructural de todas. No sale en las fotos, no cabe en un plan de choque y no rinde en una legislatura: sus frutos tardan una década en verse, que es justamente el horizonte que ningún gobierno quiere financiar. Y sin embargo es la condición de posibilidad de todo lo demás. Puede uno tener la mejor doctrina de extinción del mundo, el mapa perfecto de los frentes y el agua a presión; si no ha formado a quienes han de sostener la manguera, el fuego gana.
Aquella primera pieza terminaba constatando una ausencia. Esta actualización la termina como una tarea. No hay balas de plata, hemos dicho estas semanas; hay una armería, y sus llaves están sobre la mesa. Falta añadir lo que «El ejército invisible» vio primero: de nada sirven las llaves, ni la armería, ni las armas, si no se recluta y se forma a quienes deben empuñarlas. El primer acto de cualquier política de vivienda que vaya en serio no es una ley: es una convocatoria de empleo público.
- Este artículo recupera y amplía «El ejército invisible: por qué España se quedó sin médicos para la vivienda», a la luz de la serie «No hay balas de plata, hay armerías cerradas» (seis primeras entregas).
- La serie y su informe de trabajo, con todas las fuentes, están disponibles en [enlace al documento].
