Madrid y Barcelona: el mismo patrón, distinto color político
Lo que está ocurriendo en Madrid no es un fenómeno aislado. A 620 kilómetros, Barcelona vive su propio capítulo de la misma historia, con una diferencia que resulta reveladora: si en Madrid la ofensiva contra las tiendas de CBD la lidera una presidenta autonómica de derechas, en Barcelona quien aplica la misma lógica es un alcalde socialista. El problema, como demuestra la comparación entre ambas ciudades, no es ideológico. Es sistémico.
Madrid: la policía municipal como herramienta de política autonómica
En Madrid el esquema es relativamente nítido. La Comunidad de Madrid —con Ayuso como impulsora política— fija el objetivo, y la Policía Municipal ejecuta. Los operativos anticannabis de 2024 y 2025 fueron celebrados por el propio cuerpo en redes sociales como logros en la lucha contra el narcotráfico. La cadena de mando es vertical y la motivación política, explícita.
El resultado en términos judiciales es el que ya conocemos: causas archivadas por los juzgados, mercancía intervenida sin análisis previo, y ahora dos agentes de la Policía Municipal imputados por detención ilegal ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Un caso sin precedentes en España: por primera vez, son los policías quienes se sientan ante el juez por sus actuaciones contra empresarios del CBD.
Barcelona: la Guardia Civil, el Ayuntamiento y una paradoja política
En Barcelona el mapa de fuerzas es más complejo. El Ayuntamiento de Jaume Collboni (PSC) ha emprendido desde 2024 una campaña de cierre masivo de clubes cannábicos —más de treinta clausurados, con voluntad declarada de cerrarlos todos—, invirtiendo décadas de política de tolerancia supervisada que convirtieron a Barcelona en referencia internacional en gestión del cannabis.
En uno de esos clubes intervenidos por la Guardia Urbana, los agentes comprobaron que el único producto presente era CBD, sin rastro de marihuana. La notificación de cierre llegó igualmente.
Pero el frente del CBD propiamente dicho está protagonizado por otra fuerza: la Guardia Civil, el cuerpo de seguridad del Estado con competencia en todo el territorio nacional. El 12 de junio de 2025, en una operación conjunta con la Guardia Urbana, unos 150 agentes inspeccionaron diecisiete grow shops de Barcelona.
El resultado oficial: 21 kilogramos de marihuana incautada, 2249 productos con CBD decomisados, 19.300 semillas no autorizadas, 62 denuncias por infracciones administrativas y ocho personas investigadas por presunto tráfico de drogas.
El Ayuntamiento y la Guardia Civil lo presentaron como un éxito. Los empresarios del sector señalaron, una vez más, que entre los productos intervenidos había artículos perfectamente legales cuya ilegalidad no fue acreditada con análisis previo.
El caso de La Otra María —una tienda de CBD de Santa Coloma de Gramenet con seis años de trayectoria— ilustra el coste humano de ese enfoque. Desde su apertura en 2019 ha soportado doce inspecciones: cuatro laborales, cuatro sanitarias, dos policiales y dos de la Guardia Civil.
En octubre de 2025, agentes de la Guardia Civil entraron en el establecimiento y se llevaron toda la mercancía, sin limitarse a tomar una muestra para su análisis. «En seis años no hemos tenido ni un solo año de tranquilidad: cada inversión se arriesga, cada paso adelante es una lucha; todo, por intentar sobrevivir dentro de la legalidad», escribió su propietaria, Luisa.
La situación era tan límite que la tienda advirtió públicamente que bajaría la persiana el 1 de enero de 2026 si los operativos continuaban. No fue así. A fecha de este reportaje, La Otra María sigue abierta: su web permanece operativa, la tienda online activa y sus datos de contacto vigentes en Santa Coloma de Gramenet.
Que una tienda deba amenazar con su propio cierre para llamar la atención sobre lo que le está ocurriendo —y que sobreviva pese a todo— resume con precisión la lógica kafkiana en la que operan estos negocios.
«Un modus operandi calcado»
Pese a las diferencias políticas entre ambas ciudades, el método es idéntico: incautación total de mercancía sin análisis toxicológico previo que acredite la ilegalidad del producto, parálisis inmediata del negocio, denuncia por delitos contra la salud pública, y posterior resolución judicial favorable al empresario —cuando llega, meses después, con el daño ya consumado.
En Barcelona, el Juzgado de Instrucción número 28 acordó en diciembre de 2025 el sobreseimiento provisional de la causa contra Carlos Ramírez, propietario de NaturWest, basándose en un informe del Instituto de Toxicología que detectó únicamente cannabidiol «sin rastro alguno de THC».
Ramírez recuperó casi dos kilos y medio de flores de CBD que la Guardia Civil le había incautado. Su abogado lo calificó de «paso extraordinario para frenar la ofensiva constante e injustificada contra el sector del cáñamo». La misma conclusión que en Madrid, ante el mismo tipo de causa: lo que la policía llamó droga, el laboratorio oficial llamó cáñamo.
La diferencia que importa: Madrid tiene dos imputados
La distinción más significativa entre ambas ciudades no es política sino judicial.
En Madrid, la querella presentada por Ramón Merino y Pablo Gutiérrez ha desembocado en la imputación de dos agentes de la Policía Municipal por detención ilegal. Es un hecho sin precedentes: el sistema judicial ha dado la vuelta al guion y son los perseguidores quienes pasan a ser investigados.
En Barcelona, pese al patrón de actuación equivalente, ningún agente de la Guardia Civil ni de la Guardia Urbana ha sido imputado hasta la fecha por las intervenciones en tiendas de CBD.
Esa asimetría no refleja necesariamente que las actuaciones policiales en Barcelona hayan sido más legales que las de Madrid. Refleja que en Madrid hubo empresarios que decidieron ir más lejos: presentar una querella, sostenerla ante el juez, y no desistir cuando Asuntos Internos archivó la denuncia. Y que el juez Adolfo Carretero, del Juzgado de Instrucción número 47, tomó en serio lo que vio en las diligencias.
La gran pregunta que plantea la comparación entre las dos ciudades es la misma que desvela el caso en su conjunto: si el patrón de actuación es nacional —misma técnica, mismos fundamentos jurídicos, mismo resultado judicial—, ¿por qué ninguna administración, ni de derechas ni de izquierdas, ha puesto freno al problema de fondo?
La respuesta más plausible es que nadie ha querido ser el primero en defender públicamente a los vendedores de CBD. Que la narrativa del «combate al narcotráfico» es políticamente cómoda. Y que las consecuencias las pagan siempre los mismos: los empresarios que abren cada mañana con todos los papeles en regla y sin saber si habrá un operativo antes del mediodía.
Una industria legal atrapada entre jueces y policías
Lo que está ocurriendo en Madrid no puede entenderse sin el mapa más amplio del sector del CBD en España. Es una industria en auge, con presencia creciente en barrios de toda la capital, que opera en un marco legal —el europeo— que reconoce su licitud, pero en un entorno policial y judicial nacional que no acaba de aceptarlo.
El resultado es una ruleta rusa para los empresarios: puedes cumplir todas las normas, tener todos los papeles en regla, vender exclusivamente producto certificado con menos del 0,2 por ciento de THC —el umbral europeo permitido— y, aun así, acabar detenido, acusado de narcotraficante y con el negocio cerrado durante meses mientras la justicia hace su trabajo.
El coste no es solo económico. Una acusación de delito contra la salud pública —aunque sea provisional, aunque se archive— tiene consecuencias inmediatas: bancos que cierran cuentas, proveedores que cortan relaciones, y arrendadores que resuelven contratos. El negocio puede sobrevivir al proceso judicial y no sobrevivir a sus consecuencias colaterales.
Mientras la Comunidad de Madrid intensifica su política prohibicionista —con una ley antidroga anunciada para 2025 que contempla hasta 200 millones de euros en medidas de control, restricciones de publicidad y prohibición de venta a menores—, el resto de Europa avanza en sentido contrario.
El TJUE ha sentado doctrina. La Unión Europea estudia la normalización del cáñamo como cultivo agrícola ordinario. Y, en Madrid, dos policías municipales se sientan ante un juez de instrucción, imputados por detención ilegal, por haber tratado como narcotraficantes a empresarios que vendían flores con menos del 0,2 por ciento de THC, «en el límite de no ser psicoadictivo».
El caso del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid no es solo la historia de dos empresarios y dos agentes. Es el síntoma de un sistema que no ha sabido —o no ha querido— actualizar sus criterios al derecho vigente, y que deja a los ciudadanos atrapados entre una legislación europea que les protege y una práctica policial que los persigue.
- Este reportaje se basa en información publicada por elDiario.es, en el Informe del Mercado del Cannabis en España 2025 de Cannamonitor, en datos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y del Ayuntamiento de Barcelona, en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-663/18, Kanavape), y en cobertura de las publicaciones especializadas Cáñamo, Infoestancos y la revista La Otra María.
