La escena se repite en Madrid y Barcelona: inspecciones, incautaciones sin análisis previo y detenciones por vender cáñamo industrial que después los juzgados consideran legal. Para muchos empresarios del CBD, abrir la persiana se ha convertido en asumir que cualquier mañana puede acabar en denuncia, cierre temporal o paso por comisaría.
Basta caminar por Malasaña, Moncloa, Princesa o Carabanchel para verlas. Escaparates con flores secas en botes de cristal, aceites y vapeadores, etiquetas con porcentajes de CBD y, siempre, ese 0,2 algo de THC que las sitúa en el terreno de lo permitido por la Unión Europea.
Las tiendas de cannabidiol (CBD) llevan años proliferando en Madrid, como en el resto de España, y su negocio —aceites, flores, cosméticos y productos alimenticios derivados del cáñamo industrial— es perfectamente legal siempre que el contenido en tetrahidrocannabinol (THC), el principio psicoactivo del cannabis, no supere el umbral del 0,2 por ciento que fija la normativa europea.
Pero desde 2024 la escena ha cambiado. Decenas de estos establecimientos en la Comunidad de Madrid han sufrido inspecciones, incautaciones masivas de producto, detenciones de sus propietarios y denuncias por tráfico de drogas.
En la mayoría de los casos, los juzgados han terminado archivando las causas al constatar que la mercancía intervenida era exactamente lo que los empresarios decían: cáñamo industrial sin capacidad psicoactiva y dentro de los límites legales.
Para entonces, sin embargo, el golpe ya está dado: negocios cerrados, mercancía perdida, reputaciones dañadas y facturas de abogado que nadie compensa.
Un negocio millonario en Madrid sin censo público
Antes de bajar al detalle de lo que pasa en las calles de Madrid, conviene medir el tamaño del sector que está en el centro de esta ofensiva.
Según el Informe del Mercado del Cannabis en España 2025, de Cannamonitor, firma de inteligencia de mercado especializada en el sector, las tiendas de CBD generan en España más de 136 millones de euros anuales, con alrededor de 700 establecimientos especializados en todo el país y cerca de tres mil empleos directos en ese canal.
Si se añaden los grow shops y el segmento del cannabis medicinal, el mercado legal en su conjunto mueve aproximadamente 513 millones de euros al año, con entre 6700 y 7000 empleos directos. El crecimiento ha sido sostenido: de apenas siete millones de euros en 2018, el sector pasó a 81 millones en 2022 y ha continuado escalando a un ritmo aproximado del 35 por ciento anual.
Madrid es, con diferencia, el mayor mercado de CBD de España. La Comunidad concentra a más de 6,7 millones de habitantes en su área metropolitana, el poder adquisitivo medio más alto del país y una densidad de consumidores que la convierte en el epicentro natural del sector.
No existe, sin embargo, un censo oficial público de establecimientos de CBD en la región —ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento publican un registro desagregado de este tipo de comercios—, lo que, en sí mismo, dice mucho sobre cómo las administraciones han optado por gestionar —o no gestionar— este mercado.
A partir de los datos nacionales y del peso demográfico y económico de Madrid, el número de tiendas especializadas en la Comunidad se situaría en el entorno de los 100 a 150 establecimientos, aunque la cifra real podría ser superior si se incluyen herbolarios, grow shops reconvertidos y estancos que han incorporado estos productos a su oferta.
Lo que sí es constatable sobre el terreno es la proliferación de tiendas en distritos como Lavapiés, Chamberí o Vallecas, además de los mencionados anteriormente. Y también es constatable, y aquí viene la paradoja, que ese ecosistema empresarial se ha desarrollado pese a —y en creciente colisión con— la política de la Comunidad de Madrid, que desde 2024 ha decidido tratarlo como un problema de seguridad pública antes que como un sector económico regulable.
Una última cifra que ilustra el absurdo de la situación: mientras las tiendas proliferan y el mercado crece, el cultivo nacional de cáñamo industrial se ha desplomado un 91 por ciento en cuatro años, pasando de 688 hectáreas en 2020 a apenas 62 en 2024.
España importa prácticamente toda la flor y resina que consume. El resultado de la política prohibicionista no ha sido eliminar el mercado, sino desplazar la producción a otros países europeos con legislación más clara, mientras los empresarios españoles siguen vendiendo el producto —legal— y asumiendo los riesgos de un entorno policial hostil.
El marco legal: lo que dice Europa y lo que aplica la policía
Para entender lo que está pasando en Madrid hay que comprender primero la brecha entre el derecho europeo y la práctica policial española.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo dejó claro en noviembre de 2020, en el conocido caso Kanavape (asunto C-663/18): el CBD obtenido de la planta entera del cáñamo no es un estupefaciente, no puede equipararse al cannabis psicoactivo y su libre comercialización no puede ser prohibida por los Estados miembros.
La base científica de la sentencia es sencilla: solo el THC tiene efectos psicotrópicos; el CBD, no. Las flores de cáñamo con contenido «insignificante» de THC quedan por tanto fuera de la definición de narcótico, y los países de la UE están obligados a respetar ese criterio, que es de aplicación directa en sus ordenamientos jurídicos.
España, sin embargo, no ha adaptado su legislación nacional a esa doctrina. La Policía Municipal de Madrid y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria siguen aplicando los convenios internacionales de estupefacientes de 1961 y 1967, que tratan cualquier flor de cannabis —independientemente de su contenido en THC— como droga.
Se amparan además en una línea jurisprudencial del Tribunal Supremo español que ignora el porcentaje de THC como criterio determinante, en contradicción directa con la doctrina vinculante del TJUE.
El resultado es un limbo legal en el que el mismo producto puede ser perfectamente lícito a ojos de un juez de instrucción y constituir un delito contra la salud pública a ojos de un agente de policía.
Expertos del sector del cáñamo señalan que la solución pasa por que España actualice su normativa para alinearla con el derecho europeo. Mientras eso no ocurra, la ambigüedad sirve de cobertura para operativos cuya legalidad es, cuando menos, cuestionable.
La Unión Europea considera incluso la posibilidad de reconocer la flor de cáñamo como producto agrícola ordinario, lo que eliminaría definitivamente cualquier duda interpretativa.
La «patrulla anticannabis» y la presión sobre las tiendas
El contexto político en Madrid es inseparable de lo que está ocurriendo en las calles. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, convirtió la lucha contra el cannabis —y por extensión contra las tiendas de CBD— en uno de los ejes de su política de seguridad y salud pública desde 2024.
En mayo de ese año anunció una ley para prohibir la venta y publicidad de derivados del cannabis; en junio presentó su plan anti-tiendas de CBD; en agosto puso en marcha lo que el sector ya llama la «patrulla anticannabis».
Entre julio y agosto de 2024, según cifras de la propia Comunidad de Madrid, se llevaron a cabo intervenciones en 55 tiendas de toda la región, con incautación de productos «con alto contenido de CBD».
Elena Andradas, directora general de Salud Pública de Madrid, las justificó afirmando que «el cannabis es un estupefaciente ilegal cuyo consumo está prohibido», una premisa que confunde deliberadamente el cannabis psicoactivo con el cáñamo industrial —cuyo consumo, por cierto, no está prohibido en España; sí lo está la tenencia de THC por encima de ciertos umbrales— e ignora la jurisprudencia europea que la propia Administración española está obligada a cumplir.
En febrero de 2025, la Policía Municipal celebró por sus redes sociales la denominada Operación Cannabis Shop: trece tiendas del centro de Madrid inspeccionadas, 35 kilos de flores, 13 kilos de hachís y más de 10.000 artículos intervenidos, un detenido y once investigados por «delitos contra la salud pública».
En los vídeos del operativo difundidos por el propio cuerpo, los agentes aparecen interviniendo bolsas de resina y cogollos. Ni un solo análisis de laboratorio previo que acreditara que las sustancias contenían THC en concentraciones ilegales.
La pregunta que se hacen los empresarios del sector es sencilla: ¿cómo puede un agente de policía determinar a simple vista, sin análisis toxicológico, que una flor de cáñamo es marihuana ilegal y no CBD legal? La respuesta, según todos los indicios, es que no puede. Pero eso no ha impedido que los operativos se repitan.
«Nos trataron como si vendiéramos droga»
Ramón Merino lleva años al frente de una empresa de comercialización de productos de cáñamo industrial, fundada en 2020, con veinticinco empleados y toda su actividad documentada: contratos con proveedores, análisis de laboratorio, facturas, trazabilidad de semillas, sentencias de sobreseimiento de causas anteriores. Su socio es Pablo Gutiérrez, copropietario de varias tiendas de CBD en Madrid.
A partir del otoño de 2024, los dos empresarios empezaron a sufrir una secuencia de operativos policiales dirigidos por agentes de la Policía Municipal del distrito de Moncloa-Aravaca. El 24 de octubre se produjo una intervención con incautación de más de mil productos. Hubo nuevas operaciones en noviembre y diciembre. El 15 de enero de 2025, empleados y el propio Merino fueron detenidos e ingresados en dependencias policiales, sin acceso inmediato a familiares ni a abogado, retenidos durante horas en condiciones que los afectados describieron como «frío extremo». Lo mismo ocurrió el 30 de enero.
En todos los casos, fueron liberados por la Policía Nacional sin pasar a disposición judicial. En todos los casos, las causas penales abiertas contra ellos acabaron archivadas por los juzgados al comprobar que las sustancias intervenidas contenían menos del 0,2 por ciento de THC y que los empresarios desarrollaban su actividad «cumpliendo escrupulosamente los trámites legales oportunos», en palabras de los propios autos de sobreseimiento.
Merino intentó la vía del diálogo. Una semana después de la primera operación envió al agente que dirigía los operativos un correo electrónico con 184 páginas de documentación: dos autos de sobreseimiento previos, contratos con proveedores, declaraciones y análisis de laboratorio. En total, llegaría a intercambiar diecinueve mensajes ofreciendo toda la colaboración posible. No recibió respuesta. Los operativos continuaron.
La esposa de Pablo Gutiérrez estuvo presente en una de las intervenciones. Contó que el agente al mando le dijo que se enfrentaba a cargos de tráfico de drogas por vender «sustancias ilegales» en lugar de cáñamo industrial, que tenía pruebas de ello. Ella intentó mostrar la documentación de sus proveedores legales.
No sirvió de nada. Lloró, mencionó que sus dos hijos pequeños estaban solos en casa. Solo después de que avisara de que la situación estaba siendo grabada, un compañero del agente le sugirió que saliera y, a su vuelta, le comunicaron que no iría a la cárcel.
No es un caso aislado. Otros empresarios del sector en Madrid han descrito situaciones similares: tiendas clausuradas, mercancía confiscada sin retornar, reputaciones destruidas por acusaciones de narcotráfico que después desaparecen sin dejar rastro judicial. «Tuve que cerrar por acoso y amenazas», declaró uno de ellos. El patrón se repite: operativo, detención o inspección intimidatoria, denuncia penal, archivo judicial meses después. Para entonces, el negocio ya no existe.
Asuntos Internos archiva; el juez imputa
Ante la reiteración de los operativos, Merino y Gutiérrez presentaron una denuncia ante Asuntos Internos de la Policía Municipal de Madrid en febrero de 2025, documentando seis tipos de irregularidades: incautaciones desproporcionadas sin justificación, deficiencias en las actas de intervención, denuncias por infracciones inexistentes, detenciones innecesarias con trato degradante, actitud intimidatoria de los agentes y falta de transparencia en la documentación del proceso.
La respuesta de Asuntos Internos fue el archivo. Revisada la actuación del agente investigado, identificado en las diligencias por las iniciales R. F., la unidad disciplinaria concluyó que no existía «evidencia de responsabilidad disciplinaria» y que no se había detectado ninguna acción que pudiera constituir una infracción.
Los empresarios decidieron entonces ir más lejos. Presentaron una querella criminal contra R. F. por delitos de detención ilegal, contra la integridad moral y coacciones. El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid admitió la querella a trámite el 11 de abril de 2025, con el magistrado Adolfo Carretero al frente del procedimiento. Los querellantes ratificaron su posición ante el juez en septiembre de ese año.
Lo que vino después no estaba previsto. En el marco de la instrucción, un segundo agente fue llamado a declarar como testigo. Durante su testimonio, admitió haber ordenado conjuntamente con R. F. al menos una de las operaciones contra las tiendas de los empresarios.
En ese momento, el juez lo convirtió de testigo en imputado. El 5 de junio de 2026, el magistrado Carretero formalizó su imputación por detención ilegal. Tiene cita en el juzgado el 13 de noviembre de 2026.
Son ya dos los agentes de la Policía Municipal de Madrid investigados judicialmente por las actuaciones contra estos empresarios del CBD. Asuntos Internos, que en su momento no encontró motivo de sanción, ha abierto una propuesta de expediente disciplinario, aunque condicionada a que exista sentencia condenatoria firme.
La Policía Municipal, consultada, declinó hacer declaraciones al invocar el proceso judicial en curso y la presunción de inocencia de los agentes.
