La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sitúa en las próximas autonómicas el límite temporal de su rechazo a una vivienda institucional. La fórmula permite varias lecturas: evita dar por descontado su futuro como candidata, facilita cerrar definitivamente la polémica del inmueble de Chamberí y no descarta que la cuestión de una residencia oficial vuelva a plantearse en la próxima legislatura
Isabel Díaz Ayuso tenía este lunes una oportunidad sencilla para cerrar definitivamente el debate sobre la posibilidad de que la Presidencia de la Comunidad de Madrid disponga de una residencia oficial. Podía haber dicho que no la considera necesaria, que no la quiere o que mientras ella ocupe la Puerta del Sol no se planteará una iniciativa de ese tipo. Sin embargo, eligió una fórmula bastante más limitada en el tiempo.
«No la voy a necesitar a diez meses de unas elecciones», afirmó al ser preguntada por la polémica del ático de Chamberí adquirido por Planifica Madrid.
La precisión no es menor. La presidenta no rechaza la figura de una residencia oficial como concepto, sino que descarta necesitarla en el periodo que resta hasta las próximas elecciones autonómicas. Lo que ocurra después queda fuera de su respuesta.
En política, y especialmente cuando una declaración llega después de varias semanas de explicaciones contradictorias sobre una operación inmobiliaria, esos matices suelen tener importancia. La frase de Ayuso permite al menos tres lecturas distintas, aunque relacionadas entre sí.
La primera afecta a su propio futuro político. La segunda tiene que ver con la necesidad del Gobierno regional de sacar definitivamente el ático de Chamberí del debate público. La tercera apunta a una posibilidad que la presidenta no cierra: que la Comunidad vuelva a plantearse una residencia oficial una vez celebradas las elecciones y comenzada una nueva legislatura.
Una presidenta que no se proyecta más allá de las elecciones
Ayuso habla de los diez meses que quedan hasta las urnas, pero evita situarse a sí misma después de ellas. No utiliza expresiones como «en la próxima legislatura» o «cuando vuelva a ser presidenta», ni da por hecho en su respuesta que será ella quien encabece nuevamente la candidatura del PP a la Comunidad de Madrid.
Eso no significa que exista en estos momentos una decisión conocida para sustituirla ni que su candidatura esté formalmente cuestionada. Pero sí revela cierta prudencia política a la hora de hablar de un periodo para el que todavía deben producirse varios acontecimientos: la designación de candidatos, la campaña electoral, las propias elecciones y, finalmente, la formación de un nuevo Gobierno.
La distinción es relevante porque Ayuso podría haber dado una respuesta que comprometiera también a ese hipotético futuro Ejecutivo. No lo hizo. Se limitó al tiempo político que tiene por delante hasta las autonómicas.
De ese modo evita asumir ahora decisiones que corresponderían a una legislatura que todavía no existe y a una presidencia cuya continuidad, por probable que pueda parecer desde el punto de vista político, no puede considerarse un hecho consumado.
La necesidad de cerrar Chamberí
La segunda derivada es probablemente la más inmediata. El ático de Chamberí se ha convertido en un problema del que el Gobierno regional necesita desprenderse cuanto antes.
Planifica Madrid adquirió por 6,3 millones de euros el inmueble del paseo del General Martínez Campos. La operación fue presentada como una solución provisional para alojar dependencias de Presidencia durante las obras de la Real Casa de Correos, pero la naturaleza residencial del inmueble, sus dimensiones, el precio y las sucesivas explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo terminaron convirtiendo la compra en una polémica política difícil de controlar.
La decisión de ponerlo a la venta supone, de hecho, admitir que el inmueble ya no forma parte de los planes del Gobierno. Las palabras de Ayuso refuerzan ahora esa salida: si la presidenta asegura que no necesita una residencia oficial durante los meses que quedan hasta las elecciones, también desaparece cualquier posibilidad razonable de mantener vivo el ático bajo esa justificación.
Pero hay además un elemento que hace especialmente incómoda la localización elegida.
El inmueble adquirido por Planifica Madrid está situado en el paseo del General Martínez Campos, la misma vía en la que se encuentra otra vivienda cuya nuda propiedad pertenece a Ayuso y cuya historia ha formado parte durante años de una de las controversias patrimoniales más conocidas de su trayectoria política.
La vivienda llegó a manos de Ayuso mediante una donación familiar en 2011, en un periodo en el que la empresa MC Infortécnica, participada por sus padres y otros socios, tenía dificultades para devolver un préstamo de 400.000 euros avalado por Avalmadrid. Las operaciones patrimoniales realizadas entonces fueron investigadas y la vía penal por alzamiento de bienes se archivó, apoyándose en parte en la prescripción y en el carpetazo del Supremo. Es decir: no se ejecutó el aval no porque un juez lo impidiera, sino porque los bienes salieron del alcance con la permisividad de la entidad —hecho administrativamente documentado, penalmente no perseguido—.
Políticamente, sin embargo, el episodio dejó una huella que ha reaparecido en distintas ocasiones a lo largo de los años.
Por eso la compra pública de otro inmueble en la misma calle tenía un potencial evidente para reactivar aquella historia. No porque exista prueba alguna de relación entre una operación y otra, sino porque ambas terminan confluyendo en un relato muy sencillo para la oposición y muy incómodo para el Gobierno: una empresa pública de la Comunidad compra un ático de 6,3 millones a escasa distancia de una vivienda de la presidenta vinculada desde hace años a la controversia sobre los negocios familiares y Avalmadrid.
La proximidad física facilita además algo especialmente peligroso en comunicación política: convierte una historia compleja en una imagen comprensible en pocos segundos.
No es necesario explicar durante varios minutos expedientes administrativos, sociedades públicas, préstamos empresariales o transmisiones patrimoniales. Basta con situar dos edificios en un mismo mapa para que asuntos separados por muchos años vuelvan a aparecer juntos en la conversación pública.
Ahí reside buena parte del riesgo político que arrastra el ático de Chamberí.
A ello se suma otra circunstancia reciente. Alberto González Amador, pareja de Ayuso, puso también a la venta las viviendas en las que ambos habían residido en el barrio. Desde el entorno de la presidenta se ha defendido que ambas operaciones son independientes, pero el resultado es que Chamberí ha terminado concentrando en muy poco tiempo demasiadas noticias inmobiliarias vinculadas directa o indirectamente a Ayuso.
Para un Gobierno que afronta unas elecciones dentro de diez meses, mantener abierto ese foco ofrece pocas ventajas y numerosos riesgos.
La venta del ático permite intentar cerrar el expediente administrativo, pero también busca probablemente algo más difícil: romper la asociación política entre la presidenta y un inmueble que cada vez que aparece en los medios arrastra consigo otras historias que su equipo preferiría no volver a discutir.
Por eso no basta con dejar de utilizarlo. Hay una necesidad política de dar el asunto por terminado.
La residencia oficial, sin embargo, no desaparece
Lo llamativo es que Ayuso parece querer cerrar el capítulo de Chamberí sin cerrar necesariamente el debate sobre una residencia institucional para la Presidencia de la Comunidad.
Durante la polémica, miembros de su Gobierno introdujeron precisamente ese argumento al recordar que Madrid, a diferencia de otras administraciones, no dispone de una vivienda oficial para su presidente. Aunque el Ejecutivo insistió en que el ático no había sido adquirido con esa finalidad, la cuestión quedó instalada en la discusión pública.
La respuesta de Ayuso tampoco la elimina.
Si hubiera querido hacerlo, podía haber negado directamente la necesidad de que la Comunidad tenga una residencia oficial. En cambio, sitúa su rechazo en un periodo concreto: los diez meses que faltan para las elecciones.
Ese calendario permite imaginar una salida políticamente mucho más ordenada.
El ático actual se vende y desaparece de la ecuación. La polémica queda asociada a una operación fallida de Planifica Madrid y el Gobierno llega a las elecciones sin tener que justificar por qué conserva un inmueble que ha terminado generando más problemas que soluciones.
Después de las autonómicas, el escenario sería distinto.
Si Ayuso vuelve a ser candidata, gana las elecciones y continúa al frente de la Comunidad, el debate sobre una residencia oficial podría plantearse de nuevo desde cero, ya sin ninguna relación con el ático de General Martínez Campos.
Sería otro inmueble, en otra ubicación, adquirido mediante otro procedimiento y con una justificación institucional diferente. Y, sobre todo, sin la carga política acumulada alrededor de Chamberí.
No hay por ahora ningún elemento que permita afirmar que esa decisión esté tomada ni que vaya a convertirse en una prioridad de la próxima legislatura. La declaración de Ayuso no permite llegar tan lejos.
Lo que sí permite afirmar es que la presidenta no ha cerrado esa posibilidad.
Su respuesta distingue de hecho dos tiempos. Uno es el que queda hasta las elecciones, en el que no considera necesaria ninguna residencia oficial. El otro comienza después de las urnas y queda deliberadamente fuera de su compromiso.
Esa separación temporal ayuda además a entender por qué resulta tan urgente poner fin a la actual polémica.
El problema del ático ya no reside únicamente en si fue una compra adecuada, en su precio o en el uso que Planifica Madrid pensaba darle. Su ubicación ha permitido que vuelvan a confluir alrededor de Ayuso episodios patrimoniales, familiares e inmobiliarios de épocas muy distintas.
Y esa acumulación tiene un coste político mucho mayor que el de cualquier discusión administrativa sobre metros cuadrados o despachos provisionales.
De ahí que las palabras de la presidenta puedan leerse como algo más que una negativa circunstancial. Ayuso necesita que el ático de Chamberí pertenezca cuanto antes al pasado, pero no parece tener la misma urgencia por enterrar para siempre la idea de una residencia oficial.
