La visita de Isabel Díaz Ayuso a Pelayos de la Presa dejó una escena especialmente reveladora. Un vecino afectado por los incendios comenzó a reprochar a la presidenta madrileña su gestión y las condiciones en las que trabajan los bomberos forestales.
«A mí también me gusta la fruta, presidenta, pero se me ha quemado», gritó el hombre, utilizando con ironía una de las expresiones más conocidas de Ayuso para recordar que el fuego había arrasado bienes, terrenos y proyectos de vida.
Las imágenes emitidas por Mañaneros 360 (ir a 2:55:13) muestran cómo, mientras el vecino continúa protestando, cuatro agentes se acercan, lo rodean y terminan apartándolo del lugar. A partir de ese momento, su voz deja de escucharse. La protesta queda fuera de escena y la visita institucional puede continuar sin aquella incómoda réplica.
No consta en las imágenes que el hombre intentara agredir a nadie. Lo que se observa es a un ciudadano expresando a gritos su indignación ante una responsable política y a varios agentes actuando para retirarlo del entorno inmediato de la presidenta. La secuencia transmite una evidente sensación de intimidación: cuatro miembros de las fuerzas de seguridad frente a un vecino que acababa de sufrir las consecuencias de un incendio devastador.
El episodio resulta difícil de conciliar con el discurso habitual del Partido Popular sobre el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Los dirigentes populares defienden esos principios con especial énfasis cuando los abucheos y las concentraciones se dirigen contra Pedro Sánchez. Sin embargo, en Pelayos de la Presa, la protesta contra Ayuso fue físicamente apartada hasta dejar de oírse.
No puede afirmarse que jamás se haya retirado a manifestantes de actos del presidente del Gobierno. Pero sí existe un amplio registro de comparecencias y visitas públicas de Pedro Sánchez acompañadas de gritos, insultos y peticiones de dimisión que han podido escucharse y difundirse públicamente.
La libertad de expresión no puede depender de quién recibe el grito. Defender el derecho a protestar contra el adversario mientras se expulsa de la escena a quien protesta contra los propios convierte ese derecho en una herramienta partidista.
Es una pena que estos miembros de las fuerzas del orden no estén asignados también a los actos a los que acude Pedro Sánchez. Quizá entonces el Partido Popular descubriría, en primera persona, lo fácil que resulta confundir la protección de una autoridad con el silenciamiento de una protesta.
Este artículo no plantea que los agentes ni sus mandos actúen a las órdenes del Partido Popular. Lo que plantea es algo mucho más básico: la calle es de todos y las fuerzas del orden deben aplicar las mismas reglas y los mismos protocolos, con independencia de quién sea el político que esté en escena.
