Amnistía Internacional advierte de que la suspensión cautelar del voto de españoles nacionalizados por la llamada ley de nietos puede resultar desproporcionada, arbitraria y discriminatoria. La organización cuestiona que la medida se aplique colectivamente y alerta del riesgo de que decenas de miles de personas queden sin participar en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
Amnistía Internacional ha expresado este 13 de octubre su preocupación tras la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar relacionada con las inscripciones en el censo electoral de residentes ausentes de personas que adquirieron la nacionalidad por esta vía.
La ONG sostiene que la decisión puede impedir votar a ciudadanos que han cumplido los requisitos legales para obtener la nacionalidad. La convocatoria de los comicios para el 29 de noviembre figura en la información electoral del Instituto Nacional de Estadística.
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, considera especialmente preocupante que se limite la participación política de estas personas mientras conservan su nacionalidad española.
Si la nacionalidad de los afectados permanece intacta, independientemente de por qué vía administrativa la hayan adquirido, privarles del derecho al voto quiebra el principio de proporcionalidad».
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España
La acreditación consular y el derecho al voto
La llamada ley de nietos se encuadra en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que regula distintos supuestos de opción a la nacionalidad española. Entre ellos se encuentra el de descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad como consecuencia del exilio.
Según explicó Amnistía en una comunicación anterior, la controversia afecta a la interpretación de esa disposición y de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, que presume la condición de exiliado de quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Beltrán advierte de que supeditar el voto a una certificación consular sobre hechos ocurridos hace ocho o nueve décadas puede impedir que miles de personas ejerzan ese derecho. La organización también cuestiona el emplazamiento mediante edicto para que los afectados comparezcan con abogado y procurador, por las barreras que puede añadir a la defensa de sus derechos.
De acuerdo con la comunicación de Amnistía, el Supremo justifica la medida por el riesgo de una formación irregular del censo electoral. La ONG reconoce que garantizar su fiabilidad es un objetivo legítimo, pero sostiene que exige salvaguardas frente a la arbitrariedad y una valoración proporcionada de las restricciones.
Aquí Madrid ya informó en octubre de 2025 sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática a descendientes de exiliados en Argentina, uno de los principales países de origen de las solicitudes de nacionalidad española.
Amnistía reclama garantías frente a las restricciones colectivas
La organización, que ya había remitido al Supremo un informe sobre las medidas cautelares, critica que la suspensión alcance a un colectivo definido por la vía administrativa utilizada para obtener la nacionalidad, sin examinar individualmente la situación de cada elector ni haberle dado audiencia antes de adoptar la medida.
Para fundamentar su posición, invoca la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las restricciones generales, automáticas e indiscriminadas del sufragio. Se trata de precedentes sobre el derecho al voto, no de una resolución europea sobre este procedimiento español.
Amnistía vincula además el acceso a la nacionalidad previsto en la Ley de Memoria Democrática con la reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Desde esa perspectiva, considera que cualquier limitación de su participación política requiere una justificación especialmente rigurosa.
La ONG rechaza también la comparación con la suspensión del sufragio de personas condenadas penalmente. Recuerda que, incluso en esos supuestos, la jurisprudencia europea exige proporcionalidad y ha cuestionado las prohibiciones indiscriminadas.
