La antigua fábrica de Roca quiere convertirse en miles de viviendas mientras los centros de datos reclaman decenas de megavatios. Alcalá tiene depuradoras, red, presupuesto y capacidad administrativa. Lo que no tiene acreditado es una cuenta que sume todo lo que está poniendo a la vez sobre el mismo territorio.
Alcalá de Henares no se parece a los pequeños municipios del corredor en los que un gran desarrollo puede superar de golpe la capacidad del ayuntamiento que lo tramita. Aquí viven 203.208 personas. Hay dos depuradoras, parque de bomberos, universidad, hospital, una administración municipal desarrollada y una economía que lleva décadas combinando industria, servicios, logística y turismo.
Precisamente por eso Alcalá es un caso más interesante.
Porque si el problema del crecimiento madrileño apareciera únicamente en los municipios pequeños, siempre cabría atribuirlo a la escala: falta de técnicos, presupuesto insuficiente, incapacidad para prestar determinados servicios. Alcalá elimina esa explicación. Es una gran ciudad. Y, aun así, cuando se juntan todos los proyectos que están avanzando sobre su territorio, vuelve a aparecer la misma pregunta que atraviesa esta serie: ¿quién comprueba que todo cabe a la vez?
La ciudad está abriendo simultáneamente dos frentes muy distintos. Uno convierte suelo industrial en ciudad residencial. El otro convierte suelo productivo en infraestructura digital. En el primero, la antigua fábrica de Roca pretende transformarse en un nuevo barrio de entre 2500 y 3000 viviendas. En el segundo, Nabiax ya opera su campus de centros de datos y declara una capacidad actual de 22,3 megavatios IT con posibilidad de llegar hasta cien, mientras Microsoft tramita otro campus en el municipio. A eso se suman vivienda protegida, remates de Ciudad del Aire, nuevas infraestructuras eléctricas y un intercambiador comarcal previsto para 2027.
No es una expansión clásica
Alcalá ya no crece extendiendo una mancha urbana sobre una sola frontera. Reconstruye lo que ya era ciudad, cambia el uso de grandes piezas y añade consumos nuevos a redes antiguas.
Su verbo, por tanto, es RECONVIERTE.
Una ciudad del siglo veintiuno sobre un plan de 1991
La primera fecha que conviene retener no es 2026, es 1991.
Ese año se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana que todavía sirve de estructura básica al urbanismo de Alcalá. Las Normas Urbanísticas han sido refundidas, modificadas y corregidas desde entonces; la versión municipal aportada está fechada en octubre de 2022. Pero no estamos ante un nuevo PGOU. Seguimos hablando del PGOU-91.
La diferencia parece administrativa y no lo es.
Entre aquella Alcalá y esta han cambiado la población, la economía, la movilidad, la legislación ambiental, el papel de la logística, la estructura energética y hasta la clase de actividades que compiten por instalarse en el municipio. En 1991 nadie estaba reservando cien megavatios para un campus de centros de datos porque esa demanda territorial sencillamente no existía.
Y el propio Ayuntamiento ha dejado una pista extraordinariamente útil para entender el problema.
En noviembre de 2024, al tramitar una nueva corrección de errores materiales del PGOU, su Servicio de Planeamiento escribió que aquel plan había prolongado durante más de 33 años una vigencia que inicialmente se había previsto mucho menor y que durante ese tiempo había acumulado múltiples errores. Algunos podían corregirse como simples errores materiales. Otros no, porque eran conceptuales o exigían una valoración urbanística.
La distinción es esencial.
Una corrección de errores puede arreglar una parcela mal dibujada, una referencia equivocada o una discordancia demostrable. No puede decidir si el modelo territorial que ordenaba Alcalá hace treinta y cinco años sigue siendo el modelo adecuado para la Alcalá de los centros de datos, Roca City y las nuevas infraestructuras del Henares.
Para eso existe otra herramienta.
La revisión
Y aquí ocurre algo aún más interesante: no hace falta acudir a una teoría externa para plantear la cuestión. La contienen las propias normas de Alcalá.
El artículo 1.2.5 del PGOU contempla la revisión cuando aparezcan circunstancias demográficas o económicas sobrevenidas que incidan sustancialmente sobre la ordenación, cuando exista previsible agotamiento de la capacidad de asentamiento o cuando la suma de modificaciones puntuales amenace con desvirtuar el modelo territorial, entre otros supuestos.
Esto no permite afirmar que Alcalá esté jurídicamente obligada hoy a revisar el PGOU. Los documentos examinados no contienen esa declaración y sería excesivo convertir una pregunta técnica en una conclusión jurídica.
Pero sí permiten formular una pregunta que el Ayuntamiento debería poder responder:
¿cuántas modificaciones puede absorber un plan de 1991 antes de que modificar deje de ser actualizar y empiece a ser sustituir el modelo sin declararlo?
La fábrica que quiere convertirse en barrio
Roca City concentra esa contradicción en unas pocas hectáreas.
La antigua fábrica de Roca ocupa una de esas grandes piezas industriales que explicaron durante décadas la economía de Alcalá y que ahora pueden adquirir más valor como ciudad que como fábrica. El proyecto presentado plantea transformar unas 28 hectáreas en un ámbito mixto con entre 2500 y 3000 viviendas, usos terciarios y más de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes; alrededor del 20 por ciento de las viviendas se anuncia como protegido.
La operación tiene lógica urbana.
Una ciudad consolidada puede ganar más regenerando una gran parcela interior que extendiéndose indefinidamente sobre su periferia. Aprovecha infraestructuras existentes, cose tejidos separados y evita, al menos en principio, consumir una nueva frontera territorial.
Pero «interior» no significa «gratis».
Dos mil quinientas o tres mil viviendas significan nuevos vecinos, nuevos desplazamientos, nuevas aguas residuales, nuevos residuos y nuevos servicios públicos. Y todo ello debe insertarse en redes que ya sirven a una ciudad de más de doscientos mil habitantes.
Además, Roca City necesita una modificación puntual del PGOU. En febrero de 2026 obtuvo la Declaración de Especial Relevancia de la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid. Eso puede acelerar la tramitación, pero no convierte el proyecto en urbanismo autonómico ni sustituye la aprobación municipal que requiere.
La operación sigue teniendo que pasar por el planeamiento.
Y ese dato vuelve a llevarnos al punto de partida: una de las mayores transformaciones urbanas actuales de Alcalá se está intentando encajar mediante una modificación de un plan aprobado treinta y cinco años atrás.
Mientras llegan vecinos, llegan megavatios
Si Roca City fuera el único gran cambio, la cuestión podría quedar dentro de la escala municipal. No lo es.
Al mismo tiempo que Alcalá transforma fábrica en vivienda, está convirtiéndose en uno de los principales nodos digitales del Corredor del Henares.
Nabiax tiene construidas dos primeras fases de su Alcalá Data Center, con 22,3 MW IT, y plantea escalar el campus hasta 100 MW. Microsoft tramita otro centro de datos. La potencia definitiva de este último y sus condiciones de acceso siguen siendo datos pendientes de cerrar.
Aquí cambia completamente la unidad de medida. Una vivienda pide kilovatios. Un gran centro de datos pide megavatios.
No son únicamente consumidores más grandes. Son otra clase de demanda: concentrada, continua y necesitada de una disponibilidad eléctrica extremadamente elevada. Y dependiendo de la tecnología de refrigeración empleada, también puede incorporar una demanda hídrica significativa.
Por eso el crecimiento de Alcalá ya no puede medirse únicamente en viviendas. Hay que medirlo simultáneamente en habitantes y megavatios. Y ambos compiten por la misma infraestructura.
La red que llega mientras llega la demanda
El mapa eléctrico muestra que esta tensión no es teórica.
Red Eléctrica inició el 11 de junio de 2026 las obras de la nueva conexión Anchuelo-Complutum a 220 kV: 8,6 kilómetros de doble circuito entre dos nuevas subestaciones, con una inversión anunciada de 6,8 millones de euros. La propia compañía explica el proyecto por la necesidad de atender nuevas demandas residenciales y empresariales del corredor.
Es una infraestructura necesaria. Pero también es una confesión territorial.
Si hay que construir dos subestaciones y una nueva línea de alta tensión para atender lo que viene, la red existente no era una hoja en blanco esperando conexiones. El crecimiento necesita que la malla cambie para hacerlo posible.
La pregunta, entonces, no es si existe electricidad en España.
Es si la potencia que Roca City, Nabiax, Microsoft, el resto de la industria y la vivienda del corredor van a pedir simultáneamente tiene nudo, posición, conexión y calendario.
No consta ningún proyecto definitivamente paralizado por falta de electricidad. Sería incorrecto afirmar que la red haya bloqueado ya el crecimiento municipal.
Pero tampoco permite considerar resuelto el problema.
Al contrario: el hecho de que Anchuelo-Complutum se esté construyendo precisamente para las nuevas demandas demuestra que el calendario de la red empieza a condicionar el calendario del suelo. Primero se discutía qué podía urbanizarse. Ahora hay que preguntar también qué puede enchufarse.
Dos depuradoras no equivalen a capacidad infinita
Con el agua ocurre algo parecido, aunque menos visible.
Alcalá dispone de dos estaciones depuradoras principales. La EDAR Alcalá Oeste tiene un caudal autorizado de 59.000 metros cúbicos diarios y un diseño para 280.250 habitantes equivalentes; fue ampliada y cuenta con tratamiento terciario y bombeo para agua regenerada. Para Alcalá Este, la ficha técnica del Canal recoge 6920 metros cúbicos diarios y 17.250 habitantes equivalentes, aunque existe documentación histórica con cifras diferentes que obliga a aclarar cuál es actualmente su configuración efectiva.
Es decir: Alcalá tiene infraestructura. Lo que no podemos hacer es convertir esa existencia en sinónimo de margen.
Para saber cuánto puede crecer realmente hay que cruzar la carga actual de las plantas con las viviendas nuevas, la actividad industrial y digital, las puntas de consumo y los desarrollos previstos. Ese cruce todavía figura entre los datos pendientes. Y hay una segunda paradoja.
Alcalá Oeste dispone de tratamiento terciario y capacidad para producir agua regenerada. Existe además una red histórica vinculada a usos no potables. Pero sigue pendiente determinar el trazado operativo actual, su caudal útil y si esa agua puede llegar efectivamente a los grandes consumidores digitales. Ese detalle importa mucho.
Un centro de datos que pudiera refrigerar parte de sus instalaciones con agua regenerada no tendría el mismo impacto sobre el sistema de abastecimiento que otro conectado únicamente al agua potable.
La infraestructura potencial existe. Lo que falta acreditar es el circuito completo. Depurar agua no equivale a reutilizarla. Tener una tubería púrpura no equivale a que llegue al consumidor que puede ahorrarnos agua potable.
Todo acaba en el Henares
Después viene el río.
Las aguas depuradas de Alcalá terminan en la cuenca del Henares, que desemboca en el Jarama y después en el Tajo. Cada depuradora puede cumplir sus autorizaciones y, sin embargo, el conjunto aumentar la presión aguas abajo.
Esa diferencia entre cumplimiento individual y efecto acumulado es una de las ideas centrales de este proyecto. El problema no consiste necesariamente en que una instalación incumpla.
Puede ocurrir justamente lo contrario: que todas cumplan y que el sistema empeore porque nadie ha sumado previamente todo lo que se autorizó por separado.
Alcalá comparte cuenca con los demás municipios del corredor. Y comparte también prácticamente todo lo demás.
La basura termina en Loeches; los coches, en la A-2
Los residuos municipales de Alcalá salen hacia el Complejo Medioambiental La Campiña, en Loeches, después de que el antiguo vertedero alcalaíno quedara colmatado. La instalación de Loeches da servicio a 31 municipios y a una población próxima a 800.000 habitantes.
El dato vuelve a romper la frontera administrativa.
Cuando Alcalá aumenta su población no aumenta únicamente «la basura de Alcalá». Aumenta la carga de una infraestructura regional que comparte con Torrejón, San Fernando, Meco y buena parte del este metropolitano.
Con la movilidad sucede lo mismo. Alcalá es uno de los grandes nodos de la A-2, depende de Cercanías y de una extensa red de autobuses. En julio de 2026 la Comunidad adjudicó el primer intercambiador comarcal de la ciudad, previsto para entrar en servicio en el segundo semestre de 2027, con 16 líneas y 161 plazas. Entretanto, el Ayuntamiento ha pedido aplazar el Bus-VAO de la A-2 hasta garantizar que su implantación no empeore la congestión.
La secuencia importa. Si Roca City y los nuevos desarrollos empresariales avanzan antes que las infraestructuras que deben absorber sus desplazamientos, la ciudad habrá construido primero la demanda y después la solución. Es exactamente la inversión de causalidad que esta serie viene encontrando municipio tras municipio.
Incluso lo que parece crecimiento no siempre lo es
La documentación municipal aporta un ejemplo útil para no inflar artificialmente el relato.
La Colonia Militar Primo de Rivera ocupa algo más de 63.000 metros cuadrados y tiene una capacidad máxima de 96 viviendas. La modificación urbanística ordena el ámbito, regulariza cesiones y mejora las redes locales.
Pero mantiene el número de viviendas, la edificabilidad y la tipología existente. No son 96 viviendas que deban sumarse al crecimiento de Alcalá. Es una actuación de dotación y regularización sobre una colonia ya existente. La distinción parece pequeña, pero es metodológicamente importante.
Si queremos saber cuánto va a exigir Alcalá a sus infraestructuras, no basta con recopilar todos los expedientes urbanísticos y sumar sus cifras. Hay que separar lo que realmente añade habitantes o actividad de lo que simplemente reorganiza ciudad existente.
El objetivo no es fabricar una cifra grande. Es encontrar el delta verdadero.
El parque de bomberos que más trabaja tampoco sobra
La misma cautela debe aplicarse a los servicios públicos.
Alcalá tiene parque de bomberos. Por tanto, no presenta la fragilidad institucional de los municipios pequeños que dependen íntegramente de recursos lejanos.
Pero disponer del recurso no significa disponer de recurso sobrante.
En 2024, el parque de bomberos de Alcalá hizo 1636 intervenciones y la Comunidad de Madrid lo identifica como el parque con mayor actividad media regional durante los cinco años anteriores.
Eso cambia la pregunta. No hay que preguntar «¿tiene bomberos?».
Hay que preguntar qué demanda adicional puede absorber un servicio que ya trabaja intensamente cuando a una ciudad industrial y residencial se le añaden instalaciones digitales de funcionamiento continuo, nuevas subestaciones, más población y más movilidad.
El crecimiento no exige únicamente hormigón. Exige capacidad operativa.
Y aquí aparece el vacío
Llegados a este punto, Alcalá parece disponer de una respuesta para casi cada problema.
- Para la electricidad, Anchuelo-Complutum.
- Para la depuración, Alcalá Oeste y Alcalá Este.
- Para los residuos, Loeches.
- Para la movilidad, Cercanías, autobuses, A-2 y el nuevo intercambiador.
- Para la seguridad, parque de bomberos, Policía Local y el plan municipal de protección civil (PLATERAL).
Cada pieza tiene propietario, presupuesto, expediente y administración responsable.
Lo que no consta es el documento que las sume.
No aparece una cuenta previa que agregue cuántos megavatios reclamarán Nabiax, Microsoft y el resto de los centros de datos del corredor; cuántos metros cúbicos de agua pedirán; cuántos habitantes equivalentes añadirán las viviendas; qué carga recibirá cada EDAR; cuánto tráfico nuevo llegará a la A-2 y a Cercanías; y cuántas toneladas adicionales terminarán en Loeches.
Y Alcalá no está sola.
Meco, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Villalbilla, Torres de la Alameda y los demás municipios del eje cargan sobre las mismas grandes infraestructuras.
Ahí aparece el hallazgo que empieza a ordenar todo el Henares: nadie suma.
Cada proyecto demuestra que su pieza cabe. Nadie está obligado a demostrar que todas caben juntas.
El segundo vacío está dentro del propio PGOU
La documentación municipal añade ahora una segunda ausencia.
El artículo 1.2.5 del propio Plan General prevé que la acumulación de modificaciones puntuales pueda llegar a justificar su revisión.
Sin embargo, entre los documentos examinados no aparece un balance acumulado que responda precisamente a esa pregunta: qué ha cambiado desde 1991, cuánto queda del modelo original y si la suma de las modificaciones aprobadas y proyectadas sigue siendo coherente con aquel modelo.
De nuevo conviene formularlo con cuidado.
Que ese análisis no aparezca en la documentación revisada no demuestra que no exista en ningún expediente municipal.
Demuestra algo más limitado y, aun así, relevante: no forma parte visible del conjunto documental utilizado hoy para explicar cómo está creciendo Alcalá.
Por eso el municipio tiene ahora dos cuentas pendientes. Una física y otra urbanística.
La primera debe sumar recursos. La segunda debe sumar modificaciones.
No se trata de impedir que Alcalá cambie
Sería fácil cerrar aquí con un argumento contra el crecimiento. Sería también equivocado.
Roca City puede recuperar una enorme parcela industrial y producir vivienda en una localización consolidada. Los centros de datos pueden atraer inversión y actividad tecnológica. El intercambiador puede mejorar la movilidad comarcal. La nueva línea eléctrica puede corregir un cuello de botella real. Reutilizar agua puede reducir la presión sobre el abastecimiento.
Nada de eso es, por sí mismo, el problema.
El problema aparece cuando cada ventaja se aprueba por separado y cada coste se remite a otra ventanilla.
La alternativa tampoco tiene que ser parar.
Puede consistir en secuenciar los desarrollos según la capacidad real de las redes; exigir conexión eléctrica antes de consolidar determinadas expectativas urbanísticas; vincular grandes consumidores al agua regenerada cuando sea técnicamente posible; acompasar vivienda e intercambiador; o reducir y repartir demandas cuando un nodo no pueda admitirlas todavía.
Planificar no significa prohibir. Significa elegir el orden.
La pregunta que Alcalá debería contestar antes de seguir modificando
Alcalá tiene más herramientas que casi cualquier otro municipio del Henares para responder. Eso hace más difícil aceptar que la respuesta siga fragmentada.
La ciudad debería poder publicar dos balances sencillos.
- El primero: cuánto margen queda hoy en electricidad, agua, depuración, movilidad y residuos después de sumar todos los proyectos ya autorizados y en tramitación.
- El segundo: qué modificaciones ha acumulado el PGOU desde 1991 y por qué, a la luz de los propios criterios de su artículo 1.2.5, sigue siendo suficiente modificarlo en lugar de revisarlo.
Ninguna de las dos preguntas prejuzga el resultado. Tal vez la infraestructura alcance.
Tal vez el modelo de 1991 siga siendo perfectamente reconocible. Pero eso es justamente lo que debería demostrarse.
Porque Alcalá ya no está decidiendo únicamente dónde poner un barrio o dónde dejar instalarse a una empresa.
Está decidiendo cómo conviven, sobre el mismo territorio, miles de viviendas, cien megavatios potenciales de un solo campus digital, dos depuradoras, una nueva línea de 220 kV, el Henares, la A-2 y una planta de residuos situada en otro municipio.
Y para esa decisión el expediente individual se ha quedado pequeño. El problema de Alcalá no es que carezca de infraestructuras.
Es que tiene muchas, muchas demandas y muchos responsables diferentes. Y ningún plano, por sí solo, contiene la suma.
Alcalá reconvierte. La pregunta es si, antes de seguir reconvirtiendo cada pieza, alguien va a comprobar que todavía reconoce —y soporta— el conjunto.
