El Gobierno municipal de Tres Cantos ha dado el primer paso para transformar suelo público en 475 viviendas, 298 de ellas protegidas. La operación abre una pregunta que no se responde contando pisos: ¿cuántas familias podrán pagarlos y qué conservará la ciudad cuando el suelo cambie de manos? En el mismo pleno, otra parcela municipal salió camino de la Comunidad de Madrid para una residencia de mayores. Son dos decisiones distintas que comparten una misma discusión: qué hacer con el patrimonio público.

La modificación urbanística afecta a las parcelas TC.1 y RLE.1, en el sector Nuevo Tres Cantos. El uso comercial previsto dará paso a un ámbito residencial con 177 viviendas libres, 164 de protección pública básica y 134 de precio limitado. También se prevén espacios libres y suelo para equipamiento social y educativo.

El pleno municipal aprobó inicialmente la modificación el 29 de octubre con los 16 votos del PP, el rechazo de los cuatro concejales socialistas y la abstención de los tres representantes de Por Tres Cantos. La decisión abre la tramitación y la información pública; todavía no es la aprobación definitiva del plan.

Las 298 viviendas protegidas representan el 62,7 por ciento de las previstas. El porcentaje permite presentar la operación como una respuesta a la crisis habitacional, pero no dice cuánto tendrá que ingresar una familia, cuánto deberá ahorrar antes de comprar ni qué parte de su nómina dedicará a la hipoteca. La palabra «protegida» describe un régimen; la palabra «asequible» exige hacer cuentas.

Dos salarios mínimos ante la puerta de la vivienda protegida

Tomemos como referencia una vivienda hipotética de 80 metros cuadrados útiles, con una plaza de garaje de 25 metros cuadrados y un trastero de ocho metros cuadrados, y apliquemos los módulos vigentes de vivienda protegida en Tres Cantos. Aplicando un IVA del 10 por ciento y un impuesto sobre actos jurídicos documentados del 0,2 por ciento, el resultado ronda los 275.603 euros para una VPPB y los 317.224 euros para una VPPL. No son precios anunciados de esta promoción: son una simulación construida a partir de los módulos máximos oficiales.

Si el banco financiara el 80 por ciento del precio de la vivienda antes de impuestos, a treinta años y con un interés fijo supuesto del 3,08 por ciento, la cuota sería de unos 852 euros mensuales en el primer caso y 981 euros en el segundo. La entrada y los impuestos elevarían el ahorro inicial necesario a unos 75.528 y 86.934 euros, respectivamente, sin contar otros gastos de compra.

Una pareja que percibiera dos salarios mínimos, con la subida prevista para 2027, sin IRPF y descontando una cotización estimada del 6,52 por ciento, dispondría de aproximadamente 2805 euros netos mensuales de media, repartiendo las pagas entre doce meses. La cuota de la VPPB absorbería el 30,4 por ciento de esos ingresos y la de la VPPL, el 35 por ciento. La primera roza el umbral del 30 por ciento; la segunda lo supera. Y ambas dejan delante la barrera del ahorro previo.

La protección del precio importa, pero no elimina por sí sola el problema de acceso. Un hogar puede reunir los requisitos de una vivienda protegida y, al mismo tiempo, no tener decenas de miles de euros ahorrados ni margen suficiente para asumir la cuota junto con los suministros, la alimentación, el transporte o el cuidado de los hijos.

El suelo es público; la promoción se calcula para la iniciativa privada

La memoria informativa municipal identifica ambas parcelas como propiedad del Ayuntamiento. RLE.1 es suelo de dominio y uso público; TC.1 tiene carácter patrimonial y aprovechamiento lucrativo. No estamos, por tanto, ante una actuación sobre un terreno ajeno en la que el Ayuntamiento se limite a conceder una autorización: la ciudad es titular del suelo sobre el que se plantea la transformación.

La memoria de viabilidad estima en 71,9 millones de euros el valor del suelo de las parcelas municipales resultantes. Es una valoración para el estudio, no una venta ya hecha. El documento plantea que la edificación se lleve a cabo mediante iniciativa privada después de la enajenación de las parcelas.

La operación permitiría obtener ingresos por la venta, pero también reduciría el control municipal directo sobre el suelo vendido y sobre las decisiones posteriores de promoción y comercialización. La alternativa no es un simple eslogan: conservar suelo para vivienda pública exigiría inversión, financiación y gestión. La cuestión política es si se ha comparado esa posibilidad con suficiente detalle y qué patrimonio permanecerá en manos públicas para responder a las necesidades futuras.

El PSOE de Tres Cantos defiende que la empresa municipal promueva vivienda con precios asequibles y protección permanente. Su voto contrario no rechaza la necesidad de construir: cuestiona quién construye, para quién y bajo qué condiciones. Frente a la venta del suelo, propone que el Ayuntamiento conserve un papel protagonista en la vivienda que se levante sobre él.

Una residencia en otra parcela, la misma discusión sobre el control público

En la misma sesión se trató una operación diferente: la transmisión a la Comunidad de Madrid de la parcela municipal RGE.8 para impulsar una residencia de mayores. El orden del día municipal señala que el terreno se destinará al otorgamiento de una concesión demanial para un centro de atención a personas mayores o dependientes.

La parcela de la residencia no es la reserva educativa de la modificación de las 475 viviendas. Mezclar ambas operaciones borraría una distinción importante: una aborda el destino de suelo residencial municipal; la otra, quién asumirá la construcción y la gestión de un servicio de cuidados.

El PSOE reclama una residencia municipal de gestión directa y con centro de día. El modelo previsto por el acuerdo pasa por transferir el suelo a la Comunidad para una concesión. La titularidad pública del terreno y la existencia de plazas públicas no responden por sí solas a todas las preguntas: cuánto durará la concesión, quién gestionará el centro, qué plazas se reservarán, cuánto pagarán las familias y qué mecanismos de control existirán.

Construir también obliga a sumar los servicios

Las 475 viviendas no llegarán a una ciudad vacía. Sus futuros habitantes necesitarán agua, electricidad, depuración, centros educativos, atención sanitaria y transporte. A su vez, una residencia necesita personal, financiación y servicios continuados. Son costes y necesidades que no se resuelven dibujando una parcela de equipamiento en el plano.

La documentación económica examinada presenta un balance municipal que compara ingresos previstos con costes determinados de mantenimiento, pero no ofrece en esos documentos un cálculo completo de la demanda adicional de agua, energía y depuración ni del funcionamiento de los futuros servicios. El acuerdo de aprobación inicial requiere informes sectoriales, entre ellos los de Canal de Isabel II y la Confederación Hidrográfica del Tajo. La tramitación debe permitir conocer esas respuestas.

Tres Cantos puede ganar viviendas y seguir perdiendo capacidad para decidir a quién sirven. Puede disponer de una residencia y ceder durante años su gestión. Y puede aumentar su población sin que nadie haya puesto en una misma mesa el coste de las infraestructuras y los servicios necesarios. El debate no es solo cuánto se construye, sino qué ciudad se construye, quién puede quedarse a vivir en ella y qué patrimonio conserva para el futuro.

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