
El presidente Donald Trump ha reconocido que ordenó al Departamento de Justicia demandar al estado de Alaska para impedir que certifique una posible victoria de la demócrata Mary Peltola en las elecciones al Senado. La actuación se produce cuando ya ha comenzado el voto anticipado y faltan diez días para la jornada electoral del 3 de noviembre.
La demanda no pide retirar ahora a ningún candidato ni suspender la votación. Solicita que Alaska no certifique el resultado si el senador republicano Dan S. Sullivan pierde y los votos recibidos por otro aspirante, Daniel J. Sullivan Jr., hubieran bastado para alterar el desenlace.
Trump asumió personalmente la iniciativa ante los periodistas: dijo que fue él quien pidió presentar el litigio. El reconocimiento convierte una controversia sobre la papeleta de Alaska en una intervención directa del presidente para condicionar la certificación de una carrera que puede contribuir a decidir el control del Senado.
Dos candidatos con el apellido Sullivan
La papeleta incluye a cuatro aspirantes. Además de Peltola y del senador, concurren el republicano Gerald Heikes y Daniel J. Sullivan Jr., un profesor jubilado de Petersburg inscrito como republicano. La lista oficial de candidatos de Alaska distingue sus nombres completos, y las papeletas identifican al senador como republicano y titular del escaño.
Los republicanos sostienen que Daniel J. Sullivan se presentó para confundir a quienes pretendían votar al senador. El candidato rechaza esa acusación y afirma que decidió concurrir por su cuenta. La Administración electoral de Alaska trató de excluirlo, pero los tribunales estatales consideraron que cumplía las condiciones legales. El Tribunal Supremo de Alaska confirmó en junio que podía aparecer en la papeleta.
En la primaria abierta de agosto, Peltola obtuvo el 49,5 por ciento; el senador Sullivan, el 41,4; Daniel J. Sullivan, el 2,5; y Heikes, el 1,1. Los cuatro avanzaron a las elecciones generales. Los porcentajes muestran que el segundo Sullivan atrae una fracción pequeña pero potencialmente relevante en una carrera estrecha; no prueban que sus votantes pretendieran apoyar al titular.
La demanda propone investigar la intención secreta del voto
El escrito presentado por Estados Unidos ante el tribunal federal de Alaska plantea dos condiciones. La primera es que el senador Sullivan no gane. La segunda, que hubiera vencido si todos los votos emitidos a favor de Daniel J. Sullivan se hubieran atribuido al titular y se hubiera repetido el proceso de voto preferencial.
Si se cumplen ambas, el Gobierno pide detener la certificación mientras una investigación determina cuántos electores se confundieron y qué resultado habría existido sin la candidatura discutida. El escrito no explica cómo podría averiguarse esa intención individual sin vulnerar el secreto del voto ni cómo deberían reasignarse las segundas y sucesivas preferencias.
El Departamento de Justicia invoca la Ley Nacional de Registro de Votantes, una norma federal de 1993 cuyo preámbulo menciona la protección de la integridad electoral. Sin embargo, el profesor de Derecho de la Universidad de Notre Dame Derek Muller declaró a Associated Press que esa ley no autoriza al Departamento a impedir la certificación. Considera probable que el tribunal desestime el caso si llega a activarse después de los comicios.
El voto preferencial permite ordenar a los dos Sullivan
Alaska utiliza un sistema de elección por orden de preferencia. Cada ciudadano puede clasificar a varios candidatos. Si nadie supera el 50 por ciento de los votos activos en la primera ronda, se elimina al aspirante con menos apoyos y su papeleta pasa a la siguiente opción señalada. El proceso continúa hasta que alguien alcanza la mayoría.
Ese mecanismo permite a un elector situar al senador Sullivan en primer lugar y a Daniel J. Sullivan después, o a la inversa. También puede escoger solo a uno. Por tanto, no todos los votos del candidato de Petersburg se transferirían necesariamente al titular republicano. Dependerían de las preferencias efectivamente marcadas.
La senadora republicana Lisa Murkowski, quien respalda la reelección de su compañero de partido, ha criticado la demanda. Sostiene que Alaska ya diferencia con claridad a los dos candidatos y que el Departamento de Justicia nunca debió presentar el litigio.
Una batalla anticipada sobre la certificación
La Constitución estadounidense atribuye a los estados la organización de las elecciones, dentro de las reglas federales aprobadas por el Congreso. Certificar el resultado es el último acto administrativo que reconoce oficialmente al ganador. La nueva demanda pretende abrir una excepción federal antes de saber quién vence y sin alegar que se hayan contado votos ilegales.
El fiscal general, Todd Blanche, había afirmado horas antes que el Departamento no pretendía interferir indebidamente en las elecciones ni en las certificaciones estatales. El escrito fue firmado por el fiscal general asociado Stanley Woodward. Peltola lo ha calificado de intento de manipular la carrera, mientras la campaña del senador Sullivan se limita a señalar que dejará que el procedimiento judicial siga su curso.
El litigio añade un capítulo a las disputas sobre la administración electoral que este Observatorio ha seguido durante la campaña. El 10 de octubre, una jueza anuló un plan federal para utilizar información estatal en la depuración de censos. En Alaska, la novedad consiste en que el Gobierno solicita por adelantado una vía para paralizar la proclamación si el resultado perjudica a su candidato.
Las encuestas muestran una carrera abierta
La medición pública más reciente recopilada por 270toWin, elaborada por Data for Progress del 8 al 16 de octubre entre 694 votantes probables, otorga a Peltola el 47 por ciento, al senador Sullivan el 44, a Daniel J. Sullivan el 4 y a Heikes el 1. Su margen de error es de cuatro puntos, por lo que la diferencia entre los dos principales candidatos queda dentro del intervalo.
El promedio de cuatro sondeos que ofrece el mismo agregador sitúa a Peltola en el 47 por ciento y al senador en el 44,8, con un 3,5 para Daniel J. Sullivan y un 1,8 para Heikes. Se trata de una media de encuestas, no de una predicción del recuento. Además, los estudios emplean fechas, muestras y formas de simular el voto preferencial diferentes.
Una herramienta distinta, el modelo electoral de The Hill y Decision Desk HQ, calculaba el 23 de octubre una probabilidad de victoria del 61 por ciento para Peltola y del 39 para Sullivan. Esa cifra es una proyección que combina encuestas, financiación y factores estructurales; no significa que el 61 por ciento de los electores apoye a la demócrata.
En el plano nacional, el promedio ponderado de Track the Vote fechado el 22 de octubre concedía a los demócratas una ventaja de 9,5 puntos en la preferencia genérica para el Congreso. Tampoco es una proyección de escaños: la Cámara se decide distrito a distrito y el Senado mediante elecciones estatales como la de Alaska.
Hace once días, Trump viajó al estado para apuntalar a Sullivan en una contienda que había dejado de ser segura. La demanda confirma que la Casa Blanca contempla ahora el riesgo de derrota. El tribunal deberá decidir si existe una base legal para detener una certificación por una confusión todavía no demostrada y cuya medición exigiría reconstruir la intención de votos secretos.



